En un escueto boletín informativo de tres párrafos, el gobierno estatal dio a conocer este martes el nombramiento de Liz Aurora Sánchez Fuentes como subprocuradora de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El nombramiento fue hecho por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, dándole a la nueva funcionaria la encomienda de “continuar con el fortalecimiento en la investigación y procuración de justicia a las víctimas de algún ilícito”.
Algo habrá visto la mandataria estatal en la PGJE para que, en la coyuntura de los trabajos para crear la Fiscalía General de Justicia del Estado, se haya decidido a realizar el nombramiento y hacerlo público. Es, acaso, la antelación a un nuevo próximo nombramiento que podría hacerse efectivo a partir del 1 de agosto, el de fiscal.
El futurismo tiene razón de ser, sobre todo porque las actuaciones de la Procuraduría han dejado mucho que desear. Y de eso tiene responsabilidad directa la actual procuradora Ernestina Carro Roldán. Pocos han sido los éxitos, y bastante más los reveses.
El último de ellos fue la liberación del ex presidente municipal de Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, del ex tesorero Alejandro Carlos Hernández Yáñez y del ex director de obra pública de ese ayuntamiento durante el periodo 2017-2021, a quienes el 8 de diciembre de 2023 se les impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada por el presunto delito de peculado.
Los tres ex funcionarios municipales de Calpulalpan ya se encuentra en libertad, después de la determinación del juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Anastacio Romo Vargas.
De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 1812/2023-J, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala afirmó que “la institución ministerial en ningún momento citó ni incorporó algún dato de prueba que revelara el ocultamiento de la información que indica (por parte de las autoridades). Por el contrario, el órgano investigador realizó meras expresiones sobre ese extremo, sin ofrecer algún elemento demostrativo, ya sea dato o medio de prueba, que sustentara objetivamente su solicitud”.
Pero, además, y por si fuera poco, está el caso de Zacatelco, donde los dos presuntos implicados en el asesinato de un taxista salieron libres al día siguiente de haber sido capturados, infraganti, por pobladores de ese municipio. Ese suceso costó la vida a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, no hay que olvidarlo.
En el caso de Liz Aurora Sánchez Fuentes, dice mucho el hecho de que la nueva subprocuradora haya tenido una rica carrera laboral en el Poder Judicial, aunque, hay que decirlo, en cargos menores: auxiliar proyectista de juzgado, interina de la Sala Laboral Burocrática de Estado; auxiliar de juzgado de las salas Civil y Laboral Burocrática y oficial de partes de la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes. Todos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
¿Acaso eso tendrá que ver en la forma de cómo se elaboran los expedientes desde el Ministerio Público, debido a que un gran número de ellos termina en fracaso ante los juzgados del Poder Judicial? Es muy probable.
Lo que sí es cierto es la destacada preparación académica de la nueva funcionaria: maestra en Derecho y actualmente cursante del doctorado en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón, además de que cuenta con cursos especializados en temas de Justicia Penal para Adolescentes; Justicia Laboral; Derechos Humanos y Administración de Justicia; Sistema Penal Acusatorio Adversarial; Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia Civil y Penal; Perspectiva de Género y Feminicidio. Habrá que tomarla en cuenta.
