El pasado 6 de marzo los diputados aprobaron una serie de modificaciones al quehacer de los notarios que, lejos de fortalecer su función, evidencian un profundo desconocimiento de su labor.
Estas reformas no solo criminalizan su trabajo y entorpecen sus funciones, sino que reflejan una intención clara: deshacerse de los notarios actuales para reemplazarlos por figuras afines al poder en turno.
Lo que se presentó como una mejora es, en realidad, un ataque directo a derechos fundamentales y laborales, además de un nuevo golpe a las instituciones, sin importar las consecuencias.
No se trata de defender a ultranza a los notarios. Todos conocemos los excesos de algunos: cobros exorbitantes, actos ilegales y una arrogancia que los aleja de la ciudadanía, como en Zacatelco donde los miembros del clan Moreno son conocidos por el robo de identidad y la honrosa labor de resucitar difuntos.
Sin embargo el gobierno sabe perfectamente quiénes son los corruptos en este gremio. ¿Y qué hace? premia a los infractores y castiga a quienes operan dentro de la ley. Esta doble moral no es nueva, pero sí reveladora.
Mientras tanto, la corrupción que existe y sí importa importa —la que nace en el Registro Público y se incuba en las entrañas del propio gobierno— permanece intacta. No hay reformas ni voluntad para corregirla, mucho menos para proteger al “pueblo bueno y sabio” que tanto dicen defender.
El patrón es claro: primero el poder judicial, ahora el notariado. El respeto al Estado de derecho parece ser lo último en la lista de prioridades.
Los legisladores, en su afán destructivo, ignoran la función básica de los tres poderes y olvidan que sus jugosas dietas provienen del esfuerzo de esa gente trabajadora a la que dicen representar, pero a la que sistemáticamente traicionan.
Si algo necesita el país no son más reformas improvisadas, sino acciones concretas: acercar los servicios a la población, reducir la burocracia y eliminar los cobros excesivos que asfixian a los ciudadanos.
La soberbia de quienes ocupan el legislativo les impide verlo, pero aquí se los recordamos: su deber es apoyar a quienes sostienen este país, aunque crean que esos votos no merecen su atención. Seguir por este camino no solo erosiona las instituciones, sino la confianza en un sistema que, de por sí, pende de un hilo.
Es probable que muchos no entiendan o no quieran interpretar estas líneas, pero desde el senado y san Lázaro saben que no miento. El futuro de Tlaxcala -en buena parte- depende de los notarios y en la entidad ya son tratados como enemigos. Quizá para ellos sea lo mejor.
@martin_rodriguez.com Lo que se presentó como una mejora es, en realidad, un ataque directo a derechos fundamentales y laborales, además de un nuevo golpe a las instituciones, sin importar las consecuencias.
Que los auditores sociales deban irse a los 70 años no solo violenta, sino que exhibe el poco criterio y fuerza de los notarios públicos. Que algunos tengan once municipios para lucrar y otros solamente 3 es una muestra de la inequidad de la ley.
A partir de mañana forman parte de la cadena evolutiva, aunque algunos de ellos piensen lo contrario, pues es claro que la política contra el notariado viene de las entrañas de al menos dos de ellos que, sin calcular el bumerán que han lanzado, mañana serán alcanzados por la traición que han hecho a su propio gremio.
La reacción contra los notarios de la entidad, por no dejarse someter a los caprichos de la Segob. en el burdo intento de colocar al “líder natural” al frente de este grupo en el pasado reciente, los ha llevado a patear a quienes representan uno de los sectores más importantes y ahora vulnerables de la entidad. El mensaje es claro: vamos contra quienes no se sumen, o no se sometan.
Los que hoy mandan y gobiernan desde las altas esferas no se han percatado que en su afán de “mostrar músculo” han comenzado a crear frentes innecesarios que facilitan a otros grupos políticos la sumatoria de cuadros que debieron mantener a su lado.
Los peores enemigos del gobierno han resultado ser aquellos que en su zalamería buscan quedar bien con el poder en turno, sin calcular que el golpe que tiraron al aire acabará aterrizando en ellos mismos. José Aarón Pérez Carro ha demostrado nuevamente su falta de sensibilidad y de respeto por su gremio.
Que al interior de su propio sector sea señalado por demeritar las facultades, atribuciones y poder al selecto grupo al que todavía pertenece, no solo confirma que el ex secretario de gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez es vil, sino que piensa en el corto plazo, en él y en su bolsa.
Valdría la pena hacer un ejercicio de prospectiva para encontrar las fallas en su cálculo. Lo que hoy celebra y aplaude con ambas manos, será lo mismo que mañana acabará con su carrera y “prestigio”.
No hay sexenio, ni gobierno, que proteja a sus fieles escuderos como se los promete y en menos de lo que él piensa volverá a ser el mismo abogado intrascendente que siempre ha sido, pero ahora con una ley en contra y con pocos amigos a su favor.
