A falta de poco más de tres meses de concluir su periodo, la actual Legislatura local no se despide de buena manera. Paga las consecuencias de seguir ciegamente las iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo.
El último ejemplo de ello, la invalidez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a diversos artículos de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, expedida mediante Decreto número 204, publicado el 14 de febrero de 2023, es prueba de ello
La invalidez, por donde quiera verse, no representa buenas noticias para aquellas y aquellos diputados con licencia que se encuentran en plena campaña política en busca de su reelección para formar parte de la próxima Legislatura.
Pero el golpe no sólo es para las y los legisladores locales, también lo es para la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros Fernández, quien también paga consecuencias por seguir a pie juntillas lo que le sugirieron: crear en Tlaxcala el Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado.
¿Qué determinó la Corte sobre la Ley? Que diversas disposiciones establecidas en el dictamen aprobado “no resultaban de utilidad para armonizar la ley local con la nacional, ni eran un modo de implementar ésta última.
Tampoco se trataba de normas orgánicas que crearan una autoridad administradora de los bienes, sino que solamente reiteraban el contenido de la Ley Nacional e, incluso, invadían la competencia del Congreso de la Unión para legislar en este ámbito”.
Así lo dice el comunicado emitido el martes pasado por la Dirección de Comunicación Social de la Suprema Corte.
La invalidez, en efecto, es un golpe a la titular del Ejecutivo porque la iniciativa salió de sus oficinas. Y es un golpe para el Congreso del Estado porque fue ahí, en su Pleno, que fue aprobada con el voto de quienes integran la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, algunos de ellos provenientes de las propias bancadas opositoras como la del tricolor o la perredista.
Por los recursos económicos que ambos poderes tienen a su disposición, tal error resulta injustificable. Lo peor, sin embargo, es que no es la primera ocasión que ello sucede.
Los casos más llamativos fueron y son los correspondientes a las Leyes de Ingresos Municipales, donde varias comunas cobraron impuestos inconstitucionales a sus representados, como el del servicio de la luz eléctrica.
En las coyunturas de las campañas políticas, hay bastante material para las candidatas y candidatos de oposición que buscan una curul en el Congreso del Estado. Echarles en cara, reclamarles por hacer bien su trabajo, es lo menos que pueden hacer. Y claro que tendrían razón.
¿Merecería, entonces, su reelección Rubén Terán Águila, quien apenas el pasado 8 de mayo afirmó que solamente quienes han cumplido con su trabajo y aspiran a repetir en el cargo a través de la elección consecutiva, no sufrirán un voto de castigo y serán los que tengan el apoyo del electorado para ganar la elección el próximo 2 de junio? Por supuesto que no.
Esa es la consecuencia que el electorado tiene que pagar por una mala decisión en la emisión de su voto.
Sin embargo, quienes lo emitieron, e incluso quienes no, tienen al menos la posibilidad de reclamar en las campañas a esos y a esas que como congresistas solicitaron licencia para buscar su reelección.
A algunos tal vez los veamos otra vez formando parte de la próxima Legislatura local, y les tocará analizar la resolución de la Corte, es decir, revisar su trabajo mal hecho. Sin embargo, hoy quedan mal parados por su pésima labor. Hay mucho que reclamar, ojalá la memoria no nos falle.
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