Los señalamientos que pesan sobre el presidente municipal de Apetatitlán, Azaín Ávalos Marbán, ya no se limitan a promesas electorales incumplidas. Han escalado hasta poner en entredicho la honestidad misma de su administración.
Una arquitecta que ocupó la Dirección de Obras Públicas —y luego fue relegada a subdirectora— ha destapado un presunto esquema de compra de cargos, direccionamiento de contratos y posible falsificación de documentos oficiales. Lo más grave: todo apunta a que el alcalde no solo lo toleró, sino que lo habría incentivado.
De acuerdo con la denunciante, quien resguarda su identidad por temor fundado, entregó 100 mil pesos en efectivo en un sobre amarillo en el domicilio particular del entonces candidato Ávalos Marbán, además de financiar más de 218 mil pesos en trabajos de fresado, rastreo y nivelación de calles en San Matías Tepetomatitlán y Belén Atzitzimititlán.
Sumado a cursos, trámites y supuestas “cuotas” periódicas descontadas de su salario, la cifra asciende a 341 mil 847 pesos que ahora exige le sean devueltos.
Dinero que, según su testimonio, terminó en buena medida en manos de la esposa del alcalde bajo el argumento de que esta no recibía sueldo como presidenta honorífica del DIF.
Este no es un simple “aporte voluntario”. Es la cruda descripción de un posible mercado de cargos públicos: paga por anticipado y obtén tu puesto. Una práctica que pervierte la democracia y convierte el servicio público en un botín privado.
Pero el escándalo no termina en el financiamiento irregular de la campaña. La exfuncionaria denuncia que, al negarse a avalar empresas que no cumplían los requisitos mínimos para licitar obra pública —algunas sin registro en padrones oficiales—, comenzó su calvario.
Le retiraron personal, material, computadoras e impresoras. Después fue removida de la Dirección y sustituida por Juan Antonio Romero López, quien en cuestión de días recibió todo lo que a ella le negaron.
Más grave aún: la arquitecta asegura haber tenido acceso a documentos originales que revelarían firmas falsificadas en expedientes de obra.
La ex colaboradora señaló directamente a Efrén Conde Serrano, director de Servicios Municipales, como presunto autor de algunas de esas firmas, y a Romero López como conocedor de la maniobra.
Aunque no afirma que el alcalde haya ordenado personalmente las alteraciones, es imposible creer que un esquema de esta magnitud operara sin su visto bueno o, al menos, su deliberada omisión.
No estamos ante simples irregularidades administrativas, sino ante un posible delito contra la fe pública y el desvío de recursos ciudadanos.
Expedientes falsos para justificar contratos, empresas fachada o prestanombres vinculados al círculo cercano del alcalde, y obras que quizás nunca ejecutaron las compañías contratadas oficialmente. Todo pagado con dinero de los habitantes de Apetatitlán.
El trato dispensado a la denunciante revela además un patrón de violencia laboral y de género. Citada a las 23:00 horas para “revisar expedientes”, sola ante varios funcionarios, sin medidas de seguridad para regresar a su casa.
A eso súmele la retención arbitraria de quincenas. Un ambiente hostil que, según ella, derivó en problemas de salud que la obligaron a alejarse.
Nunca firmó renuncia ni recibió notificación formal de terminación de su relación laboral. Un clásico de quienes abusan del poder: primero te usan, luego te desechan y, finalmente, te humillan.
La arquitecta ha entregado conversaciones de WhatsApp con el propio Ávalos Marbán exigiendo la devolución del dinero. Ese material, junto con los documentos que ofrece para contrastar firmas, debe ser investigado de inmediato por las autoridades competentes: el Órgano de Fiscalización Superior, la Fiscalía y, si es procedente, la Contraloría del Estado.
Apetatitlán eligió a Ávalos Marban esperando algo mejor que un gobierno que cobra por cargos, favorece a amigos y falsifica documentos para simular legalidad.
Azaín Ávalos Marbán llegó al poder con el voto ciudadano. Hoy ese voto está siendo traicionado por acusaciones que, de comprobarse, demostrarían no solo ineptitud, sino una clara vocación autoritaria y corrupta. Es hora de que las instituciones actúen con celeridad y profundidad.
Porque cuando un alcalde convierte la administración pública en un negocio familiar y de amigos, no solo roba dinero: roba la confianza en la democracia.
