En política no hay casualidades. Mucho menos cuando el poder decide descubrir, de un día para otro, una súbita vocación por la legalidad. En Tlaxcala, el gobierno pretende vender la idea de que investigará a funcionarios que presionan a trabajadores para respaldar proyectos políticos. El anuncio suena impecable. El problema es que nadie parece creerlo porque no hay credibilidad.
No porque las denuncias sean falsas, sino porque la indignación institucional tiene destinatario. La narrativa aparece justo cuando la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera se mantiene como la figura con mayor respaldo rumbo a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación. Más que un compromiso con la ley, el mensaje parece formar parte de una estrategia política: desgastar a quien hoy representa el principal obstáculo para el proyecto que impulsa el grupo gobernante.
Lo paradójico es que quienes hoy prometen combatir la coacción política son los mismos que han convertido la estructura gubernamental en un gigantesco aparato de operación electoral. En los pasillos de las dependencias abundan los testimonios de trabajadores que aseguran ser convocados, presionados o condicionados para asistir a reuniones, movilizaciones y actividades relacionadas con el proyecto político del alcalde capitalino con licencia, Alfonso Sánchez García. Nadie los escucha. Nadie los protege. Nadie anuncia investigaciones.
Esa es la verdadera fotografía del poder: una justicia que sólo mira hacia donde conviene, una justicia selectiva.
Si la ley realmente fuera la prioridad, las investigaciones alcanzarían a todos los grupos políticos por igual. Pero cuando únicamente se persigue a los adversarios internos y se protege a los cercanos, deja de existir justicia. Lo que queda es una institución utilizada como herramienta para administrar la sucesión.
La Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo desterrar las prácticas del viejo régimen. Juró acabar con el uso faccioso del gobierno, con la presión sobre los trabajadores y con el aprovechamiento de los recursos públicos para construir candidaturas. Hoy, en Tlaxcala, el discurso comienza a parecerse demasiado a aquello que tanto criticó.
Porque no basta con decir que se investigará. Hay que demostrar que nadie tiene patente de impunidad. Hasta ahora, la vara con la que se mide a unos no es la misma con la que se mide a otros.
La guerra política ya comenzó. Y como en los viejos tiempos, el aparato gubernamental parece estar afinando sus herramientas. Primero se instala una narrativa; después llegan las filtraciones, las descalificaciones y las investigaciones selectivas. El libreto es conocido: construir culpables antes que esclarecer los hechos, primero detengo y luego averiguo.
El riesgo es mayor de lo que parece. Cuando un gobierno utiliza la legalidad como arma política, las instituciones dejan de servir a los ciudadanos y comienzan a servir a los intereses de quienes detentan el poder. Esa degradación institucional es mucho más grave que cualquier disputa entre aspirantes.
La pregunta, entonces, no es si habrá investigaciones. La verdadera pregunta es si el gobierno tendrá el valor de investigar también a los funcionarios señalados de operar políticamente en favor de Alfonso Sánchez García. Si la respuesta es no, quedará claro que la supuesta cruzada contra la coacción política no era un acto de justicia, sino una operación de control político.
Porque la peor forma de corrupción no siempre consiste en violar la ley. A veces consiste en aplicarla únicamente contra quienes estorban al poder.
