La designación de la coordinación estatal en defensa de la transformación de Morena en Tlaxcala se ha convertido en el tema del momento; todo indica que el cargo recaerá en Ana Lilia Rivera Rivera o en Alfonso Sánchez García. Sin embargo, quienes celebran con anticipación se están equivocando.
El anuncio que se dará este día en el World Trade Center es apenas el inicio de la batalla y sin importar lo que pase en la designación, el verdadero poder no residirá en esa coordinación, sino en el cambio de titulares de las delegaciones federales.
La coordinación estatal es, en el discurso, el espacio desde el cual se organiza el proyecto de cara a 2027, pero en la práctica, su peso real depende de algo mucho más concreto: el control de los programas sociales, los apoyos y los estímulos que se entregan a través de las delegaciones del Bienestar, y la participación de instancias como son las oficinas que fungen como enlaces de Gobernación, Educación y otras áreas estratégicas. Anteriormente consideradas delegaciones.
Quien maneja esos recursos maneja la relación cotidiana con los ciudadanos, y quien maneja esa relación maneja votos. Hoy, buena parte de ese aparato sigue bajo la influencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el caso más evidente es la Delegación del Bienestar, donde permanece el incondicional Carlos Luna Vázquez, un “operador” cercano a la mandataria cuyo mayor mérito radica en haber sido presidente municipal de Amaxac… y nada más.
Voces cercanas a los círculos políticos confirman que el oriundo de Amaxac es el hombre más “poderoso” en la estructura de apoyos federales en el estado, más no por eso el más inteligente, muestra de ello es lo poco que se controla desde esa delegación y sin embargo, si la coordinación estatal llega a recaer en Ana Lilia Rivera Rivera pero Carlos Luna se queda donde está, el cambio será cosmético e insuficiente. La lealtad de Luna implicaría seguir trabajando a favor de otra corriente política.
Hay un antecedente que pocos mencionan y que resulta revelador. Leticia Ramírez Amaya, titular nacional de la Secretaría del Bienestar, mantiene un vínculo personal histórico con la familia de Alfonso Sánchez Anaya; esa relación forjada en momentos difíciles para Amaya —incluidas estancias en el rancho de Tlaxco y algunas navidades compartidas—, la une también con Marcela González Castillo, nuera de Sánchez Anaya y esposa de Alfonso Sánchez García.
Ramírez Amaya conoce Tlaxcala a la perfección pues vivió aquí el proceso del 2018 donde obrador resultó ganador para convertirse en presidente de México; de aquí fue nombrada Coordinadora de Atención Ciudadana y después secretaria de Educación a nivel federal. No se trata de un detalle menor.
Este antecedente no debe perderse de vista porque quien controla el Bienestar a nivel federal tiene la capacidad de inclinar la balanza en Tlaxcala y precisamente por eso no bastará con nombrar coordinador o coordinadora: falta que ese nombramiento venga acompañado de una redistribución real del poder en las delegaciones o al menos en la del Bienestar.
Sin eso, no hay democratización del proyecto y lo que sucedería -si no hay cambios reales- sería una continuidad disfrazada de renovación. Las mismas estructuras seguirían repartiendo los mismos apoyos, construyendo las mismas clientelas y definiendo, desde abajo, el mapa electoral de 2027.
Así como hoy se obliga a los alcaldes, burócratas y funcionarios de todos los niveles, desde las delegaciones y/o enlaces se podría amenazar a los derechohabientes y en ese escenario, los posibles aspirantes a la gubernatura —Ana Lilia Rivera Rivera, Carlos Augusto Pérez Hernández o Raymundo Vázquez Conchas— competirán en un terreno que ya está sembrado por otros, para favorecer a otro.
Si no se adueñan de las delegaciones, nadie podrá hablar de cambios reales.La lógica es simple y brutal: quien controla las delegaciones controla el día a día de la política social y en un estado como Tlaxcala, donde los programas federales tienen un peso electoral decisivo, eso es más importante que cualquier cargo de coordinación.
Entregar la coordinación sin tocar las delegaciones es como cambiar el conductor de un autobús sin quitarle el volante a quien realmente lo maneja. Según lo que hemos visto, ese autobús seguiría siendo dirigido por una mujer que hasta hoy ha entregado el mando a externos, como el oriundo de Morelos Luis Antonio Ramírez Hernández, a quien le hicieron un traje a la medida con tal de colocarlo en la secretaría de gobierno. La constitución local fue violentada para entregar el cargo a un no nacido en Tlaxcala.
Por eso, antes de celebrar nombres, conviene mirar las estructuras: si la llegada de Ana Lilia Rivera, Raymundo Vázquez Conchas o Carlos Augusto Pérez Hernández, no viene acompañada de cambios profundos en Bienestar, Gobernación, Educación y el resto de las áreas que hoy permanecen bajo el control de la actual administración, el proyecto seguirá siendo el mismo.
Morena nacional se juega su prestigio y su credibilidad: de lo que decida y mande este día depende la certeza que tengan los abanderados y los ciudadanos votantes. Su retraso a nadie le ha gustado pero si la designación recae en quien los votantes coinciden todo se le perdonará a Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, pero si persiste la lógica entreguista a los gobiernos, entonces nadie celebre anticipadamente, porque la batalla apenas estaría por empezar.
