* Trabajadores de la educación acusan que fue condicionada su salida para participar en la marcha convocada por el asesinato de la maestra Alma González Montiel; anuncian protesta simbólica dentro de sus centros de trabajo
Mientras integrantes del magisterio preparan una movilización para exigir justicia por el asesinato de la maestra de Educación Física Alma González Montiel, trabajadores de la educación denunciaron que su participación en la marcha habría sido condicionada, por las autoridades de la SEPE-USET para frenar la inconformidad de su propio personal.
La marcha está convocada para este lunes 28 de septiembre a las 8:30 horas, con concentración en el Monumento a Tlahuicole. El llamado surgió tras el asesinato de Alma González Montiel, docente de 40 años que impartía Educación Física en la primaria Luz y Amor, de San Pablo del Monte, quien fue reportada como desaparecida el 17 de septiembre y posteriormente localizada sin vida en Puebla.
Sin embargo, trabajadores señalan que no se les permitió acudir libremente a la movilización, al advertirles que su salida estaba condicionada. Ante esta situación, un grupo de empleados decidió no abandonar sus centros laborales, pero sí realizar una protesta pacífica al interior de las instalaciones de USET.
La inconformidad no se limita al caso de Alma. Los trabajadores plantean colocar veladoras y cartulinas para exigir justicia también por Julián Nava Flores, del almacén de USET; Artban Salvador Ahuatzin, quien laboró en el Centro de Cómputo de USET; Eduardo García Galindo, del Archivo de USET, y Daniela Muñoz Muñoz, docente desaparecida desde septiembre de 2020.
El caso de Daniela evidencia que la exigencia de justicia no es reciente: a seis años de su desaparición, su familia continúa reclamando que se agoten las líneas de búsqueda, pese a que existe una sentencia contra una persona por desaparición cometida por particulares.
El reclamo adquiere mayor fuerza porque los trabajadores cuestionan una aparente contradicción: se les pide educar, formar y cuidar a la niñez, pero cuando exigen públicamente seguridad y justicia por compañeros víctimas de la violencia, encuentran restricciones para expresar su solidaridad.
También existe molestia por lo que los inconformes consideran falta de respaldo de la Sección 31 del SNTE. El señalamiento contrasta con el papel público que ha asumido su secretario general, Cutberto Chávez de la Rosa, quien ha encabezado movilizaciones del magisterio y ha sostenido públicamente que el sindicato debe defender las demandas de los trabajadores.
La protesta alternativa contempla que los trabajadores lleven una vela y una cartulina con mensajes de justicia, para colocarlos en la explanada Alonso de Escalona de USET. No se plantea como una confrontación, sino como una manifestación simbólica frente a lo que consideran una realidad que ya no puede ocultarse: la inseguridad también alcanza a quienes trabajan dentro del sistema educativo.
La pregunta que queda sobre la mesa es directa: ¿puede hablarse de respaldo al magisterio cuando sus propios trabajadores aseguran que se les condiciona participar en una marcha para exigir justicia por compañeros asesinados o desaparecidos?
Por ahora, el señalamiento corresponde a los trabajadores inconformes. SEPE-USET no ha sido citada en las fuentes consultadas para ofrecer una explicación sobre las presuntas restricciones a la participación en la marcha. La respuesta de la autoridad será determinante para aclarar si existió una instrucción formal, quién la emitió y bajo qué fundamento.
Porque una cosa es mantener la operación de los servicios educativos y otra muy distinta —advierten los inconformes— pretender que el miedo, la indignación y el reclamo de justicia se queden detrás de las puertas de las escuelas y oficinas públicas.
La pregunta para Tlaxcala queda abierta: ¿se está protegiendo el derecho de los trabajadores a exigir justicia o se está intentando silenciar su protesta?
