Hay que decirlo: la actual titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, no se ha caracterizado por tener una gran labor en el tiempo de la actual administración. Algunos de sus elementos han actuado fuera del orden legal. Personalmente creo que pocos, muy poco, le han ayudado.
Los hechos sobre esas acciones son públicos y fueron ampliamente difundidos en su oportunidad. Por ejemplo, cuando en junio de 2023 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 03/2023, dirigida a la procuradora Ernestina Carro Roldán, por el caso de violación a derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la vida y a la integridad y seguridad personal a consecuencia de actos de tortura, inferidos para obtener información o la confesión de una persona, a partir de sufrimientos graves físicos. En pocas palabras: tortura.
Esos actos de tortura, de acuerdo con el número de expediente CEDHT/PVG/43/2022, derivaron en la muerte de la víctima directa en abril de 2022, hechos de los que resultaron responsables seis personas servidoras públicas, todas ellas policías de investigación adscritas a la PGJE. El expediente también refiere la existencia de tres víctimas indirectas, que son la madre, el padre y la esposa de la víctima directa.
Otro caso tiene que ver con el asesinato de una empresaria apizaquence dedicada a la pastelería y repostería, cuyo caso nunca quedó claro. Ni fue un homicidio doloso, ni fue un feminicidio, fue la conclusión oficial. Y así quedó concluido el caso, entre diversos cuestionamientos que nunca fueron aclarados porque nunca hubo transparencia en el resultado de las investigaciones.
Y que se puede decir del asesinato de un ex diputado local panista, encontrado muerto en diciembre de 2021 en la comunidad de Tizatlán, con aparentes signos de violencia y mutilaciones. Tampoco el caso se ha esclarecido.
Por eso, cuando suceden situaciones como la de este jueves, en las que la PGJE da a conocer avances y, más concretamente, detenciones de personas que participaron en un secuestro de otra que derivó en su asesinato, también hay que reconocer el trabajo de las autoridades judiciales.
Fue el caso del homicidio del empresario huamantleco mejor conocido como “El Ranchero”, quien se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a bienes raíces. Su cadáver fue hallado en febrero pasado, en una bodega ubicada en la colonia “Nuevo San Juan”, ubicada en el oriente de la capital tlaxcalteca.
El comunicado oficial habla de un trabajo de inteligencia realizado por la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro de la PGJE, esa misma que, en otras ocasiones, ha sido acusada de violentar la ley. Sin embargo, en esta ocasión hay que reconocerle su labor para hallar a quien desde un principio fue vinculado con el asesinato del empresario huamantleco. Un hombre trabajador, deportista, buen hijo y padre.
En estos tiempos en que las malas noticias sobre asesinatos, asaltos en las calles y casas-habitación, hallazgo de cuerpos desmembrados, robo de automóviles y autopartes, es bueno conocer la existencia de avances en el esclarecimiento de un homicidio. La impunidad en los delitos es una de las piezas clave por las que la gente común ha dejado de creer en sus autoridades.
También es bueno saber que la autoridad actúa al margen de estos tiempos electorales. El alcalde con licencia de Huamantla que aspira a la reelección, seguramente no está pasando sus mejores momentos familiares y políticos. Él, sin embargo, ha sido parte de una complicidad de no denunciar, desde el principio, la ubicación de su hermano, acusado de secuestro y homicidio. ¿Por qué será?
Por lo demás, y más allá de la pésima forma que tiene la procuradora Ernestina Carro de aparecer en los videos para dar a conocer sus éxitos, es seguro que se ha anotado un punto a favor de su elección como primera titular de lo que, próximamente, será la Fiscalía General de Justicia del Estado. Veremos si sus éxitos tienen continuidad o este caso se trató de mera casualidad o laurel de una Fiscalía ajena, la de Quintana Roo.
@martin_rodriguez.com La detención del hermano del #presidente con licencia, SalvadorSantosCedillo, fue celebrada por la familia del difunto que fue privado de su libertad en #huamantla
Las tres de ley… 1- ¿Será que los miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) viven en una entidad ajena a la de Tlaxcala o por qué pretenden sostener que el audio realizado con Inteligencia Artificial, donde -Antonio Ramírez y Marcela González- presuntamente traman el complot contra el “indefenso” Salvador Santos, es una muestra de la persecución política que existe contra ese humano y carismático alcalde?
2- Se entiende que Huamantla sea la joya de la corona del Verde Ecologista en Tlaxcala, pero de eso a defender lo indefendible no hace más que demeritar la imagen de los liderazgos, candidatos y militantes de esa agrupación política. ¿quién quiere estar identificado con gente que defiende a presuntos delincuentes?
3- El video mal logrado donde Santos Cedillo lee las líneas que le prepararon para confrontar a la Procuradora y al Gobierno del Estado no es sino otra muestra de que las relaciones entre el gobierno municipal y estatal están rotas. La complicidad se acabó y la exigencia de Santos Cedillo pidiendo “celeridad” a otras carpetas a Carro Roldán se le puede hacer realidad… los huamantlecos rezan porque así sea.
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