Padres de familia que no tienen temor a exigir transparencia en el manejo de los recursos del Cbetis 3, ubicado en la capital de Tlaxcala, intentan ser destituidos del Comité de Padres de Familia al que rindieron protesta hace menos de dos meses. El motivo es la falta de claridad en al menos 4 millones 750 mil pesos
Esta cantidad es la que se reúne en cada inicio de ciclo escolar cuando los poco más de 2500 alumnos de esta institución aportan 1900 pesos, por concepto de “donación” para faltantes en la institución educativa
Sin embargo en cada entrega de fichas existe un robo previo, pues aunque solamente reciben a 800 alumnos de nuevo ingreso, el número de fichas expedidas supera el doble de la capacidad real, siendo hasta más de 1700 fichas las entregadas. Los padres de familia deben pagar 700 pesos por cada una, lográndose una recaudación superior al millón y medio de pesos.
Si tomamos en cuenta que la cantidad de fichas entregadas es el doble del número que son aceptados, podemos deducir que la prioridad del cuerpo directivo, encabezado Miguel Ángel González Xochipa tiene un fin empresarial, porque nada justifica la desproporcionada entrega de estas “fichas”.
Estas son parte de la inconformidades que padres de familia hicieron patente a Mari Carmen Cazarín, presidenta electa del Comité de Padres de Familia del CBTIS 3 hace menos de dos meses, quien de inmediato comenzó a indagar el destino de estos recursos.
La respuesta a la petición de la madre de familia ha sido el acoso y la revancha del propio director de la institución, Miguel Ángel González Xochipa, quien hasta hoy intenta imponer un comité “a modo” para encubrir esas presuntas irregularidades y actos de corrupción en la institución.
Al acudir a entrevista con este comunicador, la madre de familia estacó que su comité fue electo legítimamente, pero aseguró que el director se opuso al reconocimiento de este proceso, tras comenzar a cuestionar el manejo de recursos y acusaciones de acoso, por parte de algunos docentes y padres de familia.
A pesar de haber acudido a diversas autoridades, como la titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Aurelia Galaviz Rodríguez, la entrevistada lamentó que hasta hoy no han recibido respuestas adecuadas a sus denuncias. Todo parece indicar que Galaviz Rodríguez es una cómplice.
De acuerdo con Cazarín, el todavía director sigue buscando imponer un comité “a modo” que no cuestione su gestión. Por eso ha buscado que el anterior comité se mantenga en “activo” aún cuando su periodo feneció y también han sido observados por algunos miembros de la comunidad escolar.
Está fue la razón por la que hace unas semanas hayan cerrado la institución de forma pacífica para exigir la claridad en la administración y de paso el reconocimiento de su elección. La respuesta fue una barrera de trabajadores que fueron enviados por el director para desacreditar la toma de las oficinas.
Este grupo de personas que iban con la consigna de romper cadenas y candados, para abrir las puertas, no tenían empacho de generar una posible confrontación entre corifeos y los padres de familia. Sus indicaciones y la retención de sus empleos era suficiente para iniciar la batalla.
Por eso mismo Carmen Cazarín hace un llamado a los padres de familia para asistir a la asamblea del 14 de diciembre, fecha en la que esperan el respaldo de la comunidad por haber ganado la elección legítima de su comité. Pase lo que pase exigirán que se respeten sus derechos y los de los estudiantes.
“El director y sus aliados quieren imponer un comité a modo, y eso no lo vamos a permitir”, me dijo en el estudio, sin embargo reconoce que las autoridades en Tlaxcala, como el enviado de la SEPE-USET poco hacen. Por eso acudirán a presidencia de la República esperando que Mario Delgado, secretario de Educación, o la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conozcan esta problemática.
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