En 2023, Tlaxcala tuvo el cuarto congreso estatal más caro del país. Fue, además, el segundo lugar a nivel nacional debido a que erogó el mayor porcentaje de recursos con respecto al total del presupuesto de una entidad.
Un total de 25 diputados locales resultan demasiado onerosos para los tlaxcaltecas, quienes tuvimos que pagar 295.2 pesos, cada uno de los que habitamos este territorio, para pagar salarios y demás presupuesto que sirve para realizar sus actividades.
Los anteriores son datos que en su oportunidad divulgó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en un estudio denominado “Informe Legislativo 2023. El ABC de los Congresos y auditorías”.
En este informe se da cuenta que las diputadas y diputados de Tlaxcala son proclives a incumplir con sus funciones, pues no ejercen su papel constitucional de ser contrapeso de otros poderes, señaladamente del Ejecutivo estatal.
Lo hemos visto en infinidad de ocasiones, en la aprobación de reformas a la Constitución Política local, o de iniciativas legales a las que no se les modifica una sola coma. Marcela González Castillo, Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso es ejemplo de esa fauna legislativa.
No solo eso, sino que en una de sus principales funciones constitucionales, la de fiscalizar los recursos de todos los entes públicos, es de los que menos invierten en su instancia técnica para esas funciones, es decir, el Órgano de Fiscalización Superior, al que apenas le otorgaron el 20.4 por ciento, de los 418.62 millones de pesos que ejerció el Congreso del Estado durante 2023.
Por eso vale la pena reflexionar sobre una de las propuestas que este lunes 5 de febrero presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución: la disminución del Poder Legislativo para reducirlo de 500 a 300 en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en la Cámara de Senadores.
Habrá que ir desmenuzando la propuesta que presentó ante todas y todos los mexicanos, pero queda claro que la disminución del número de legisladores tiene bastante simpatía.
Y es que, de aprobarse su iniciativa, ésta bajaría también a las entidades federativas para su discusión, lo que significaría una disminución en el número de diputaciones, seguramente, o al menos daría pie a un mecanismo para no destinar tantos recursos económicos que, en buena parte, van a parar a los bolsillos de quienes legislan o dicen hacerlo.
No es sólo la conformación del Poder Legislativo, lo es también la disminución de los recursos que se invierten en las elecciones. Desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) para crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) no parece mala idea, más cuando se trata de reducir el número de consejeros para que estos sean elegidos por el voto popular.
Y algo similar tendríamos con relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya elección de magistrados también pasaría por las urnas. Ello implicaría quitarle un poder de decisión a los legisladores, quienes se reparten cuales viles cuotas las consejerías y las magistraturas, y otorgárselo al ciudadano.
Claro que debe estar preocupada la candidata presidencial Xochitl Gálvez, quien representa los intereses de la clase neoliberal identificada en esa mezcolanza que ahora son el PRI, PAN y PRD. Su gira a los Estados Unidos reflejó esa preocupación y los confirmó como los apatridas que son, que siempre han sido.
Uno no entiende su posición. En México marcha y defiende al INE y al TEPJF, porque dice que son órganos democráticos del Estado, pero ahora que está de “gira” por la unión americana pide a ese país una vigilancia especial para el desarrollo de las elecciones. Es decir, en los hechos no confía en las instituciones electorales. Xóchitl es la incongruencia andante.
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