Ronald Johnson no es un diplomático común. Su historial lo revela como un operador de la línea dura del intervencionismo estadounidense, formado en la CIA y en la escuela de los “cambios de régimen” que Washington ensayó en la ex Yugoslavia. Durante los años noventa, Johnson participó activamente en la desintegración de ese país, donde la inteligencia estadounidense no solo monitoreaba, sino que diseñaba estrategias para fragmentar Estados soberanos bajo el pretexto de la “estabilización”.
Esa experiencia balcánica fue un laboratorio de injerencia militar, diplomacia coercitiva y construcción de narrativas. Hoy, México está en el centro del mismo manual. El 13 de marzo de 2025, en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Johnson fue claro: no descartó una acción militar unilateral en suelo mexicano contra los cárteles si “la vida de un ciudadano estadounidense está en juego”, y sin notificar siquiera a las autoridades mexicanas. No es un desliz; es la confirmación de una doctrina que subordina nuestra soberanía al criterio unilateral de Washington.
Pero el problema no viene solo del norte. Del lado mexicano hay cómplices activos que facilitan el terreno para la injerencia. Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, encabeza esa complicidad desde la frontera. Su estado no solo es vecino de Estados Unidos, sino que alberga vastos recursos naturales —minería en la Sierra Tarahumara, agua estratégica, tierras codiciadas por el agronegocio extranjero— que despiertan apetitos geopolíticos. Mientras el discurso oficial de la Cuarta Transformación habla de soberanía, Campos estrecha lazos con agencias estadounidenses, mantiene una actitud facilitadora frente a la militarización y omite cualquier denuncia pública sobre las acciones de Johnson. Una gobernadora panista en la frontera que no alza la voz no es neutral: es un aval tácito a que el vecino del norte pueda disponer del territorio mexicano como si fuera su patio trasero.
A este cuadro se suma un elemento más oscuro: el ataque armado ocurrido el pasado lunes en Teotihuacán, el sitio arqueológico más emblemático del país. El hecho, aún sin esclarecer, siembra dudas inquietantes sobre un posible reclutamiento de células de ultraderecha (por referencias presuntamente encontradas en las pertenencias del agresor) con un objetivo claro: atacar a extranjeros para generar un clima de ingobernabilidad.
¿Quién se beneficia de que ciudadanos estadounidenses sean o puedan ser agredidos en suelo mexicano? La respuesta es cínica pero lógica: aquellos que buscan el pretexto perfecto para justificar una intervención militar. Si Johnson necesita “una vida estadounidense en peligro” para ordenar una operación unilateral, los focos rojos deben encenderse cuando aparecen actores internos dispuestos a provocar esa chispa. No estamos ante teorías conspirativas, sino ante una estrategia conocida: crear el incidente que legitime la invasión.
La suma es letal: un embajador intervencionista con antecedentes en guerras de desintegración, una gobernadora fronteriza que facilita la agenda estadounidense sin chistar, y un ataque en Teotihuacán que huele a provocación calculada. La izquierda y sociedad mexicana no puede permitirse la ingenuidad diplomática.
Frente a este tablero, se necesita denuncia internacional, movilización popular y un blindaje real de la soberanía nacional, porque cuando el imperio decide intervenir, siempre encuentra a sus colaboradores locales —y a sus provocadores— listos para justificarlo. México no es Yugoslavia, pero Johnson parece querer que la historia rime. Y esta vez, no podemos permitirlo.
