El Grupo Técnico Operativo (GTO) del Comité Estatal del Manejo del Fuego declaró liquidado el incendio que se suscitó el 6 y 7 de marzo en el Parque Nacional La Malinche, dentro de la jurisdicción municipal de Chiautempan y Tetlanohcan. El siniestro tuvo una duración de 23 horas con 30 minutos y derivó de una quema agrícola para preparación de siembra. Lamentable.
Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que el Poder Judicial de la Federación (PJF) dispone de un “guardadito” de más de 20 mil millones de pesos bajo la figura de un fideicomiso.
Una vez más, AMLO reveló a nivel nacional el alto costo que representa al erario mantener al Poder Judicial y exhibió a detalle los excesos en que incurren sus funcionarios.
Para dimensionar los millonarios recursos que acumula el PJF en este fideicomiso, la cantidad representa 40 veces más el presupuesto que ejerció la Presidencia de la República en 2022 que fue de 550 millones de pesos.
De los 20 mil millones de pesos que concentra el fideicomiso al cuarto trimestre de 2022; más de 6 mil millones son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal tiene el mayor monto con 14 mil 402 millones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 15 millones de pesos.
Lo indignante del caso, son las partidas a las que se destinan los miles de millones de pesos del “guardadito”; mire usted, además de los jugosos salarios que se embolsan los magistrados a través de esta figura financiera tienen acceso a pensiones complementarias, planes de prestaciones médicas, apoyos médicos complementarios y económicos extraordinarios.
El presidente tiene razón cuando dice que “esto no lo sabe la gente” o ¿Usted conocía que los magistrados y jueces de la SCJN cuentan con un fideicomiso para el mantenimiento de sus casas?
Esos individuos disponen de más de 68 millones de pesos para darle una manita de gato a sus viviendas. Privilegio que ningún trabajador mexicano le aseguro tiene.
Las revelaciones de AMLO son solo el hilo de la madeja, él mismo reconoció que el fideicomiso del Poder Judicial de la Federación es público, sin embargo, hay otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) donde el monto que resguardan en estos esquemas es un enigma total.
Las preguntas que todos nos hacemos son: ¿Cuántos de estos fideicomisos existen en organismos públicos?, ¿Cuánto dinero manejan?, ¿En qué lo han gastado? y ¿Cuáles son las partidas que contemplan? ¿dónde está la transparencia?.
Con esta exhibida a nivel nacional queda demostrado, nuevamente, que el Poder Judicial es el más opaco del estado Mexicano, el que más le cuesta al presupuesto y además el que genera más corrupción en la impartición de justicia.
Si revisamos el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) la realidad no es tan diferente, su actual presidenta la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, la misma que se mantiene en el cargo gracias a que ha mostrado una actitud sumisa y servil ante el Ejecutivo.
Y es normal, luego de los escándalos en los que se ha visto envuelta desde su arribo al TSJE, Cruz Órnelas sabe que entregar el poder del máximo tribunal del estado a quien despacha en Palacio de Gobierno le asegura su permanencia como presidenta.
No hay que olvidar que la magistrada ha sido acusada de incurrir en actos de corrupción al incrustar en la nómina del TSJE a su pareja sentimental con un salario de más de 39 mil pesos, además de otros familiares directos que colocó en puestos administrativos.
Tampoco hay que dejar de lado que para ocupar la silla de la presidencia del Poder Judicial, Mary Cruz Cortés fue parte, en agosto de 2021, de los magistrados que se organizaron para destituir como presidente a Fernando Bernal Salazar.
El pretexto para boicotear la presidencia de Bernal Salazar fue que en julio de ese mismo año el magistrado presidente acudió al Congreso del Estado a comparecer para aclarar dudas sobre las decisiones que había tomado.
Mary Cruz Cortés Ornelas no debe olvidar que Fernando Bernal ha sido el magistrado con mayor legitimidad al frente del TSJE, luego de lograr por la vía legal en dos ocasiones que el Legislativo lo ratificara e incluso mantenerse pese a la ofensiva que en su momento orquestó el ex gobernador Mariano González Zarur.
Para disipar las dudas en el TSJE, la apertura de los fideicomisos y gastos del Poder Judicial que exige AMLO debería alcanzar a los tribunales en los estados, es ahí donde se gestan los más graves actos de corrupción y el debilitamiento del sistema judicial del país.
Es momento de que los magistrados y magistradas que viven en una burbuja rodeados de privilegios rindan cuentas de cara a la sociedad, no hay mayor ataque a la democracia que la simulación de la impartición de justicia, que les quede claro.
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