En los últimos días de enero de 2026, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO), en el municipio de Tlaxcala, se encuentra al borde de un nuevo capítulo turbulento debido a la mano negra de Víctor Hugo Gutiérrez Morales, actual Secretario del Ayuntamiento capitalino.
Y es que su tocayo, Víctor Garrido Lechuga, actual administrador de este organismo descentralizado que abastece a una de las comunidades más pobladas de la capital tlaxcalteca, enfrentaría en breve su salida del cargo. Todo indica que el detonante será una resolución judicial que, por decir lo menos, ha generado controversia entre los actores locales.
El conflicto ya no es sólo por los millonarios ingresos de la CAPAO, desde ya todo gira, gira y girará en torno al nuevo pozo de agua ubicado en la zona de Tlacomulco, un proyecto gestado desde hace años —iniciado tras el colapso del pozo anterior en tiempos de Antonio Coca y con seguimiento clave de figuras como Julio Buendía Martínez— sí, buendia el actual presidente de comunidad de Ocotlán que jamás entregó cuentas en su paso por la Capao a la que pretende imponer a uno de los suyos en la elección que se avecina.
Ese pozo del que tanto se habla y que ya está equipado, listo para operar una vez concluyan trámites menores como el contrato de energía eléctrica con la CFE, será un pozo sin fondo para que los vivales puedan generar sus propios ingresos, a costa de la democracia que puso en la Capao al próximo ex presidente de ese organismo.
La promesa original, avalada verbalmente por autoridades estatales, era entregarlo directamente a la comunidad a través de la CAPAO, con cuotas más accesibles y “balanceadas” —casi la mitad de lo que cobraría otro organismo como CAPAM—. Si ese pozo se entrega a la CAPAM entonces pronto habrá inconformidad pues quienes se conecten a ese servicio verán duplicadas sus tarifas.
Sin embargo, el pozo no se ha entregado. Fuentes cercanas al organismo señalan que la razón radica en la alta plusvalía de la zona: terrenos vacíos alrededor del pozo (ubicado en un predio donado alrededor de 2021-2022, de apenas 10×15 metros pero estratégicamente posicionado) están destinados a fraccionamientos residenciales como Plaza Galeana, La Escamela y otros desarrollos en expansión.
¿Por qué es importante ese pozo?, sencillo, les permitirá controlar la caja chica y a su vez les permitiría cobrar factibilidades elevadas (alrededor de 15 mil pesos por casa) para autorizar conexiones de agua a cientos de viviendas —potencialmente 500 o más en el horizonte—, generando millones de pesos en ingresos que beneficiarían a constructores, desarrolladores y ciertos intereses políticos-económicos. ¿alguien sabe quién tiene esas viviendas cercanas al “gasoducto”, será algún constructor de profesión metido a político?
En este escenario, una resolución del Poder Judicial —que ya declaró nula una elección previa asociada a Garrido en septiembre de 2025— se interpreta ahora como el instrumento para removerlo. ¿sabrán que queda otra instancia que revise los excesos en los que incurrió un ex magistrado que soñaba con ser ratificado?
Críticos del fallo argumentan que se trata de una pésima interpretación jurídica, por decir lo menos: ignora el contexto comunitario, el sentido de pertenencia de los habitantes (que recolectaron mil firmas para exigir la entrega del pozo) y el origen del conflicto, que no es meramente administrativo sino de control sobre un recurso vital en una zona de crecimiento urbano acelerado.
La resolución abriría la puerta a nuevas elecciones o a la imposición de un administrador afín —posiblemente ligado a Julio Buendía o su círculo, quien ha mantenido influencia en la CAPAO y en la presidencia comunitaria—. ¿O acaso no es extraño que el ex titular de la Capao se haya cansado de pedir a los habitantes de Ocotlán que no pagaran el agua, poniendo en jaque las finanzas de Garrido?
Para los defensores de Garrido, esto representa una arbitrariedad que prioriza el “negociazo” inmobiliario sobre el bienestar de la población. Si el pozo pasa a manos de CAPAM u otro esquema, las cuotas -como ya lo anticipé- se duplicarían, afectando a familias que ya luchan por pagar servicios básicos. Mientras tanto, el agua sigue llegando de forma precaria. Lo peor de todo esto es que la gente —como suele ocurrir— tiende a olvidar pronto las promesas incumplidas y a quienes les clavan el diente.
La salida de Garrido parece inminente en las próximas horas o semanas. Queda por ver si convoca al pueblo a una defensa masiva (como amenazó en conversaciones con distintos medios) o si opta por una retirada estratégica para evitar romper del todo. Lo cierto es que, detrás del tecnicismo judicial, late una disputa por el agua como negocio en pleno corazón de Tlaxcala. Y en Ocotlán, el pozo de Tlacomulco sigue esperando —no por falta de agua, sino por exceso de intereses.
