A raíz de la demora que ha habido en el inicio de las campañas electorales para los comicios de ayuntamientos y presidencias de comunidad, consejeras y consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), incluido su presidente, han sido objeto de diversos señalamientos no sólo por parte de los partidos políticos, sino también a través de artículos y columnas periodísticas.
Este lunes, por fin, su presidente Emmanuel Ávila González dio un posicionamiento claro al respecto, y junto con él, quienes le acompañan en el Consejo General para la organización de las elecciones que se realizarán el 2 de junio.
“Negamos que exista algún sesgo y que se trate, con nuestras resoluciones, de afectar a partidos de oposición y beneficiar al partido en el poder y a sus aliados, como algunos actores han señalado”, comenzó diciendo el árbitro electoral.
“No existe ninguna preferencia, los partidos políticos han sido testigos de nuestra labor institucional, pero, desde luego, hacia la narrativa exterior alguien debe ser responsable y normalmente es la institución”, afirmó Ávila González en una de las sesiones especiales que desde temprano se realizaron para abordar las candidaturas a presidencias de comunidad. Me recordó a Lorenzo Córdova.
Aquí sostuvimos, apenas la semana pasada, la necesidad de aprobar en el futuro una reforma electoral para evitar situaciones como las que en el actual proceso comicial se han presentado. Y observamos la falta de capacidad que ha habido en las últimas Legislaturas locales para concretar una reforma en la materia.
Varias candidatas y candidatos que hoy mismo participan y que vieron afectados sus intereses por tal demora en la aprobación de sus candidaturas, tuvieron en su momento la oportunidad de sacar adelante una reforma, pero fueron incapaces o quizá no convenía a sus intereses y por eso “su líder” no se los permitió.
En ese sentido, Ávila González tiene razón: “el ITE ha solicitado hasta en tres ocasiones a diversas legislaturas locales que se reforme la ley sin haber tenido éxito. Es urgente atender una reforma electoral, que seguramente redundará en beneficio de las propias fuerzas partidistas”.
Tal vez cansado o fastidiado por las críticas partidistas, el consejero Edgar Alfonso Aldave Aguilar también fue claro en pedir a las y a los actores políticos “evitar la desinformación hacia la ciudadanía” y buscar que el debate se realice en las campañas para no generar desinformación”.
Por supuesto que tienen razón en defender la institución y a todo el personal trabajador del organismo, pero por supuesto, también, que ellos han sido partícipes en todo este proceso. Teniendo los antecedentes de otras elecciones debieron haber solicitado un presupuesto mayor para enfrentar con éxito la revisión de los expedientes.
Si bien el Ejecutivo también ha sido responsable por no impulsar en su momento una reforma electoral al menos mínima para evitar los enredos que hoy desnuda a todos, debe reconocerse su voluntad política de haber dado su visto bueno para aprobar el recurso solicitado por el presidente y consejerías del ITE.
Los dineros que solicitaron, esos mismos recursos le fueron aprobados por la Cámara de Diputados, eso también deben reconocerlo a manera de autocrítica. Y no lo hicieron.
Los partidos políticos son los mayores responsables en toda esta trifulca que, al menos, ha disminuido con la aprobación de las candidaturas de ayuntamientos. Deben, por tanto, pagar sus propias acciones y omisiones.
Lo malo de todo esto esto es que hay un actor perdedor: la ciudadanía. Quienes van a ejercer su voto el próximo 2 de junio están perdiendo la oportunidad de escuchar las propuestas de las diferentes candidaturas.
Para la elección de ayuntamientos hubo partidos políticos que, de plano, perdieron una semana de campaña. En el caso de las presidencias de comunidad vamos para la segunda.
Tal vez se trate de una cuestión de horas y pronto las veamos aprobadas, pero el daño ya está hecho. Y todas y todos quienes hoy se responsabilizan entre sí, tienen su propia culpa. Falta autocrítica y menos autocomplacencia.
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