La muerte de Rolando Meza Castillo, magistrado en funciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) y candidato al mismo cargo, hallado sin vida el pasado jueves en Santa Cruz Quilehtla, no solo enluta al gremio jurídico de Tlaxcala, sino que pone en evidencia la fragilidad de un proceso electoral inédito que, a menos de un mes de iniciado, ya parece condenado al olvido.
La presunción de una muerte por causas naturales, pendiente de confirmación oficial, es apenas un detalle en el contexto de una contienda que no logra encender el interés ni de los votantes ni, sorprendentemente, de los propios candidatos.
El arranque de las campañas el 29 de abril para renovar 36 cargos del Poder Judicial local, incluyendo magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje, de Justicia Administrativa, de Disciplina Judicial y juzgados, prometía ser un hito democrático.
Por primera vez, Tlaxcala elegiría a sus impartidores de justicia por voto popular, un experimento surgido de la reforma constitucional de 2023 que buscaba transparentar y legitimar al Poder Judicial.
Sin embargo, a semanas de la jornada electoral del 1 de junio, el panorama es desolador: el electorado permanece indiferente, los candidatos parecen desorientados y el proceso, carente de una estrategia clara, se diluye en el anonimato.
La apatía ciudadana no es ninguna sorpresa. Las elecciones judiciales, a diferencia de las contiendas por alcaldías o diputaciones, carecen de la carga emocional y la cercanía de figuras políticas tradicionales.
Pero lo que resulta alarmante es la inacción de los 143 aspirantes, quienes, en su mayoría, no han sabido aprovechar la naturaleza única de esta elección para conectar con los votantes.
La ausencia de foros y debates, que podrían ser el escenario ideal para exponer propuestas y visibilizarse, no se debe solo a la falta de garantías, como algunos alegan, sino a un temor evidente a enfrentarse a las cámaras y micrófonos.
Prefieren el “toque de puertas”, una estrategia arcaica y limitada en un contexto donde el tiempo apremia y la población espera mensajes claros y accesibles.
Los candidatos, muchos de ellos con trayectorias sólidas y credenciales académicas impecables, parecen no entender que sus títulos no bastan.
La ciudadanía no votará por maestrías o doctorados, sino por rostros humanos que expliquen, en lenguaje sencillo, cómo su labor en el Poder Judicial impactará en la vida cotidiana.
La “pedagogía electoral”, un concepto que debería estar en el centro de sus estrategias, brilla por su ausencia.
Nadie les está diciendo a los votantes cómo marcar una boleta que, con hasta seis papeletas en el caso de la elección federal y varias más en la local, podría derivar en una avalancha de votos nulos.
En una elección que se anticipa con baja participación, cada voto perdido será un lujo que ningún candidato puede permitirse.
Las redes sociales, los reels, las entrevistas en medios locales y los foros bien organizados son las herramientas que podrían salvar esta contienda del naufragio.
Sin embargo, los aspirantes parecen reacios a apostar por ellas, atrapados en la idea de que repartir volantes o visitar comunidades será suficiente.
Esta miopía no solo los condena al fracaso, sino que perpetúa la desconexión entre el Poder Judicial y la sociedad a la que debe servir.
Los medios de comunicación, que podrían legitimarlos y amplificar sus mensajes, son vistos con desconfianza en lugar de ser aprovechados como aliados.
El caso de Tlaxcala no es aislado, pero sí paradigmático. La reforma judicial, impulsada con el discurso de democratizar la justicia, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio fallido si los actores involucrados no asumen su responsabilidad.
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que enfrenta limitaciones presupuestales, debe redoblar esfuerzos para promover la participación ciudadana.
Los candidatos, por su parte, deben dejar de lado el miedo al escrutinio público y apostar por la transparencia y la cercanía.
Y la ciudadanía, aunque desencantada, merece ser informada y convocada a un proceso que, bien ejecutado, podría transformar la impartición de justicia en el estado.
La muerte de Rolando Meza es una tragedia que sacude, pero también un recordatorio de que el tiempo apremia.
Si los candidatos no despiertan, si no humanizan sus propuestas y no logran encender la chispa del interés ciudadano, esta elección judicial pasará a la historia no como un avance democrático, sino como una oportunidad perdida.
La justicia, en Tlaxcala y en México, merece más que un proceso que se desvanece en la indiferencia.
