Que los ahorros de la reforma electoral superen a lo destinado para entidades como Tlaxcala o Oaxaca debería ser motivo suficiente para dar el apoyo total a las nuevas reglas electorales. Mire que la última se dio en 1997, por el priista Ernesto Zedillo Ponce de León, y ni con sus propias reglas están felices.
Nadie se explica por qué no aceptan cambiar las reglas que tanto daño le hacen al país, y mucho menos se entiende por qué se oponen a modificar lo que -según sus transtornos- permitió la “mayoría artificial”. Se quejan de las reglas y ahora que se pueden modificar no aceptan dar ee paso, ¿en qué dictadura sucede algo así?
No siempre van a ganar la batalla de las mentiras, mucho menos ante quien escucha las mañaneras, porque justamente fue en ese foro donde Sheinbaum abordó la reforma electoral, eso sí, presentada un día después de lo prometido. Pero el retraso se justifica sobre todo si representa un paso ambicioso hacia una democracia más austera, participativa y menos elitista.
Con un enfoque en la reducción del 25% en los costos totales del sistema electoral —que incluye al INE, financiamiento a partidos, organismos públicos locales electorales (OPLES) y tribunales—, la iniciativa promete un ahorro nacional estimado en 12 a 13 mil millones de pesos anuales.
Estos recursos, según la mandataria, se redirigirían a prioridades como salud, educación e infraestructura, encarnando la “economía moral” que ha caracterizado la Cuarta Transformación. En ese rubro entidades como Tlaxcala serían prioridad.
En su exposición, Sheinbaum destacó que este ahorro supera las transferencias federales (participaciones y aportaciones) que reciben algunos estados pequeños.
Puso como ejemplo concreto -de manera obvia- a Tlaxcala, junto con entidades como Campeche y Oaxaca, para ilustrar cómo el recorte en gastos electorales “caros y elitistas” liberaría fondos equivalentes o mayores a lo que llega vía participaciones estatales.
Para un estado como Tlaxcala, con un presupuesto dependiente en buena medida de recursos federales, esto podría traducirse en mayor margen para inversión local sin aumentar la deuda o recortar programas sociales, rompiendo ciclos de despilfarro en campañas y privilegios partidistas. Aunque a juzgar por lo que sucede actualmente, también podría significar más lana a los actos anticipados de campaña.
A nivel nacional, los cambios clave benefician directamente a la ciudadanía. Para empezar la Elección directa de los 500 diputados, eliminando listas plurinominales cerradas, que hasta hoy son impuestas por cúpulas partidistas. Las curules de representación proporcional se decidirían por voto ciudadano, fortaleciendo que “el pueblo mande” y reduciendo el poder de élites políticas: duro golpe a los Alitos, Zavala, Anaya y Paredes.
Pero si hay algo que genera el aplauso generalizado es sin duda que se pretende mayor transparencia y fiscalización, con regulación estricta de inteligencia artificial en campañas, tiempos en medios y uso de recursos, para combatir inequidades.
Esas inequidades que permitieron el control del PRI y del PAN por varios años gracias a los tiempos desmedidos en televisoras y medios impresos que eran alentados con una billetiza incontable.
La cercanía y facilitación del voto en el extranjero y ampliación de mecanismos participativos, como consultas populares o voto electrónico en niveles locales no es algo que deba sernos ajeno pero, siendo realistas, pocas veces se ha pensado en el paisano que vive contando las horas de trabajo en el campo y esperando el fin de semana para enviar sus centavos al pueblo. ¿acaso no tienen derecho a elegir?
Pero un punto pareció dedicado a Tlaxcala, la prohibición o al menos reglas más estrictas para atacar la herencia de poder entre familiares, sí ese nepotismo que tanto daño nos ha hecho, junto con la reelección consecutiva inmediata (a partir de 2030), impidiendo que familiares hereden cargos y promoviendo una renovación genuina. Que de algo sirva la formación de cuadros.
En el contexto tlaxcalteca estas medidas adquieren relevancia particular. Lo dijo el propio vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, que de inmediato salió a respaldar la reforma al enfatizar los “candados más claros y estrictos contra el nepotismo”.
En sus dialogos circulares señaló que en Tlaxcala “ya no se va a ver” el control familiar en cargos públicos, aludiendo directamente a la familia Covarrubias de San Damián Texóloc, donde se han documentado críticas por sucesión de puestos como herencia política, con figuras como Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y vínculos familiares ocupando alcaldías y cargos consecutivos, generando acusaciones de abuso y concentración de poder.
Pero no son los unicos del PT, ahí están los Roldán de Contla señalados por prolongado dominio local entre Eddie Roldan y su ahora presidenta municipal y hermana Ivonne Roldan. La mujer que ridiculizó a sus gobernados al exhibir el código postal en su entrada triunfal al carnaval en medio de las mujeres de negro
La reforma, al imponer límites claros al nepotismo y al priorizar el voto directo, rompería estos esquemas históricos en municipios tlaxcaltecas, fomentando equidad, renovación de liderazgos y menor clientelismo.
Combinado con el ahorro fiscal —que para Tlaxcala superaría lo recibido en transferencias—, podría traducirse en más recursos para obras, servicios y programas sin depender de prácticas familiares o partidistas tradicionales.
Críticos que ahora proponen acabar con el “narco estado” antes de pasar a la reforma electoral solo inventan cuentos, alegando riesgos a la pluralidad o autonomía institucional, pero el mensaje oficial es claro: se trata de eliminar privilegios, no de debilitar la democracia.
