Aunque el Congreso del Estado de Tlaxcala cuenta con 25 diputados, actualmente solo dos destacan por asumir abiertamente la oposición desde la máxima tribuna, ambas representando al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras tanto, los 23 legisladores restantes parecen no advertir que, al bloquear la comparecencia de funcionarios estatales, no solo erosionan la legitimidad de las figuras que protegen, sino que también dañan su propia imagen y dilapidan la poca credibilidad que les queda.
¿Qué les costaba aceptar la comparecencia de esas intachables figuras, Ernestina Carro Roldán y Alberto Perea Marrufo? ¿Acaso no se les ocurrió coordinar preguntas y respuestas, como hicieron en el pasado con Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública, cuando le tocó “administrar el conflicto”? En aquella ocasión, con Alejandra Ramírez Ortiz moviendo los hilos, se simuló una comparecencia pública durante la glosa del informe. No me digan que la legislatura anterior —en la que muchos de estos diputados también participaron— tenía más habilidad para manejar estos actos.
Al sobreproteger a los funcionarios responsables de la seguridad, los legisladores solo exponen las debilidades más evidentes de esta administración y demuestran que el discurso oficial, repetido hasta el cansancio, choca con la realidad que enfrentan diariamente los tlaxcaltecas. Insisto: hay formas de hacer las cosas. Cuidar las apariencias es fundamental, y al descuidarlas, estos representantes populares solo revelan su falta de criterio e inteligencia, cualidades que deberían distinguir a cualquier representante popular.
Aunque el dictamen que rechazó la comparecencia de Ernestina Carro Roldán y Alberto Perea Marrufo no se incluyó en el Orden del Día de la sesión ordinaria de este martes, las diputadas del PRD, Laura Yamili Flores Lozano y Blanca Águila Lima, alzaron la voz para denunciar, una vez más, el “cobijo” que la LXV Legislatura otorga a estos funcionarios, evitando que rindan cuentas a la ciudadanía.
Cabe destacar que, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, junto con la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, el dictamen inicialmente favorecía las comparecencias. Sin embargo, en una decisión contradictoria, sus integrantes votaron en contra de este ejercicio de transparencia.
Esto llevó a la Fracción Parlamentaria del PRD, integrada por Flores Lozano y Águila Lima, a exigir desde la tribuna estatal que se deje de proteger a la mayoría oficialista que domina dichas comisiones, la cual se niega a garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos. Algo similar a lo que ocurría en la federación con la sobre protección a Cuauhtémoc Blanco.
En su intervención, Flores Lozano calificó como incongruente que, pese a que el dictamen respaldaba la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se haya desechado la propuesta que ella misma presentó desde octubre del año pasado.
“Es una contradicción entre la formalidad que desestima esta solicitud y la realidad que nos golpea día a día: la delincuencia no disminuye, sigue afectando a la población y el gobierno evade los cuestionamientos sobre la ineficacia de su estrategia de seguridad, que solo ellos parecen conocer. Este Congreso está cumpliendo con callar y obedecer, una tarea propia de regímenes autoritarios y demagógicos”, afirmó.
Por su parte, Blanca Águila Lima enumeró algunos de los episodios delictivos que han sacudido a Tlaxcala: el descubrimiento de “narcolaboratorios”, el hallazgo de cuerpos sin vida con signos de violencia, asaltos, secuestros y el aumento de la violencia contra las mujeres. Lamentó que sus compañeros legisladores respalden a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros mientras dan la espalda a los tlaxcaltecas y a las víctimas de la delincuencia, cada vez más presentes y graves en la entidad. Advirtió, además, que al no castigar los delitos de fuero común se envía un mensaje de permisividad.
Ambas diputadas perredistas reiteraron que no cejarán en su exigencia de que Ernestina Carro y Alberto Perea rindan cuentas, pues no se trata de un capricho de la oposición, sino de una deuda con la ciudadanía tlaxcalteca.
Ernestina Carro Roldán, por su parte, enfrenta cuestionamientos por promover a su familia en la carrera judicial —buscando colocar a sus allegados en la renovación del 1 de junio— y por haber influido para que su hermano, Idelfonso Carro, asumiera como presidente municipal de Panotla, una localidad duramente golpeada por la delincuencia en los últimos meses, realidad que parece no se modificará.
