Pudo ser la inexperiencia o bien pudo ser la mediocridad de los asesores jurídicos del gobierno estatal. Lo cierto es que esta administración ha actuado al revés: primero el anuncio, segundo las acción y tercero la solución, pero esta última después de las complicaciones que en varios casos han derivado en movilizaciones.
Lo cierto es que esos tres pasos dicen mucho de un gobierno que, en materia jurídica, ha demostrado que en el pasado los magistrados eran asignados por prelación, amistad, mérito, obediencia, por lo que sea, menos por capacidad.
No es solo con un ejemplo como lo anterior puede demostrarse. Ya son tres los casos que se presentan tan solo en este año.
Ya había llamado la atención el tema de la desaparición del módulo médico del gobierno del estado, para poner en marcha los nuevos módulos médicos de salud integral, a cargo de una empresa privada ganadora de la licitación. Hubo manifestaciones y movilizaciones que pusieron en juego la gobernabilidad del estado.
Después se dio el asunto del arrendamiento nada claro de Radio Altiplano, la única estación cultural propiedad del gobierno estatal, a manos de la empresa propiedad de “El Heraldo de México”.
El caso llegó, al menos en un par de ocasiones, al mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien la última vez desde Palacio Nacional hizo un llamado al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros para recuperar la estación radiofónica.
Después estuvo el proyecto del Autotrén, anunciado con bombo y platillo por la misma titular del Ejecutivo, que se tuvo que parar debido a la serie de amparos ciudadanos que se presentaron ante la justicia federal. A tal grado se complicó el tema, que diversas dependencias estatales tuvieron que negar la existencia del proyecto.
Fue entonces que las declaraciones públicas sobre el proyecto del Autotrén se detuvieron. Pero ahogado el niño se tapó el pozo.
El Poder Legislativo, dominado por el partido en el poder y sus aliados, entró al quite en octubre pasado con una iniciativa presentada por el diputado Jorge Caballero Román para reformar la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala.
En tan solo 70 días la iniciativa fue analizada y dictaminada por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Ya la semana pasada en este espacio, a propósito de la aprobación sin modificaciones de todo el Paquete Económico presentado por la titular del Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2024, había comentado sobre la supeditación abyecta que hay por parte de las y los legisladores.
Si había alguna duda, este jueves durante la última sesión ordinaria de este año, el Legislativo echó un salvavidas al gobierno estatal para poder concretar su proyecto: aprobó reformas y adiciones a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, con las cuales se incorpora el sistema de transporte público de pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable, dentro del cual se establece la posibilidad de concesionar a personas físicas y morales, hasta por un periodo de 30 años, la prestación del servicio.
Dicho en buen español; esta reforma abre la puerta al proyecto del Autotrén, previsto para funcionar en la ciudad de Tlaxcala con límites en Chiautempan, aunque los beneficiarios directos son poblanos.
El ordenamiento prevé la creación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, a través de la implementación de alternativas y soluciones tecnológicas de movilidad, en el cual podrán participar los municipios en caso de implementarse en su territorio.
Así busca solucionarse un problema que nunca debió presentarse. Al igual que los otros. Esa es la forma de operar de este gobierno. Ya estamos aprendiendo.
ahora falta ver cómo responden los permisonarios, todos aquellos que tienen una mínima inversión en la movilidad de los tlaxcaltecas. ¿Acaso este auto tren no es un negocio de Puebla que vendrá a enterrar a los transportistas locales?. Todos sabemos la respuesta.
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