¿Por qué cree usted que ninguno de los entes fiscalizables que han sido reprobados en sus cuentas públicas, por el congreso estatal, han presentado hasta hoy ninguna impugnación ante las instancias jurisdiccionales?
Exactamente, porque saben que incluso siendo omisos, opacos y ladrones no habrá sanción para ninguno de los involucrados. ¿O usted recuerda alguna autoridad sancionada en los últimos sexenios?
Se han cumplido más de 30 días desde que se dictaminaron las cuentas públicas, del ejercicio fiscal 2022, de más de 106 entes fiscalizables y hasta ayer lunes no existía impugnación alguna.
Esto es preocupante porque los órganos fiscalizables cuentan con 30 días hábiles, a partir de la dictaminación, para impulsar algún recurso de impugnación y hasta hoy nadie se ha preocupado por hacerlo.
Mónica Sánchez Angulo, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, no descartó que alguno de los entes fiscalizables impugne el proceso, o incluso los resultados de los dictámenes aprobados por el Pleno.
Llama la atención que en el caso de las alcaldías nadie haya impugnado, sobre todo porque al menos un par de presidentes se mostraron “inconformes” con la reprobación de sus cuentas públicas.
De ese bloque destacan, siempre negativamente, Ángelo Gutiérrez Hernández y Arturo Covarrubias Cervantes, presidentes de Apetatitlán y Texoloc, respectivamente.
El de Apetatitlán se fue por la fácil al afirmar que la reprobación de su cuenta pública es por revanchismo político. ¿Entonces los más de 6 millones de pesos que no aparecen también forman parte de la estrategia contra su sana y pulcra administración?
El caso de Arturo Covarrubias, de Texoloc, no tiene mucha ciencia. Sabiendo que su hermano el diputado local Miguel Ángel Covarrubias lo puede cubrir, se le hizo fácil desaparecer los más de 3 millones que no ha logrado justificar.
Que Ángelo diga lo que guste, pero primero que justifique dónde está el dinero porque a los desarrolladores de obra pública aún les debe varios cientos, y lo destinado a su cuñado -que cobra como su abogado- no es tanto, como para justificar esos más de 6 millones que no le cuadran.
Los habitantes de municipios como Cuapiaxtla, Tequexquitla, Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco y Muñoz de Domingo Arenas, además de los trabajadores del Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) y la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPN) deben exigir transparencia a sus autoridades.
El dinero debe aparecer y los culpables de desaparecerlo -aunque sea momentáneamente- deben recibir un castigo ejemplar. La ley no se negocia.
Las tres de ley… 1- Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura en Tlaxcala, llegó al espacio idóneo para detonar su sensibilidad artística y social. Aunque sus detractores digan lo opuesto.
Sus textos publicados en medios nacionales destacan por su compleja visión para entender y proyectar la política cultural en el esquema de la 4T, eso si es que el 2024 no modifica las cosas.
2- Pero quizá su mayor contribución a Tlaxcala sea el fuerte vínculo que ha desarrollado en el círculo cercano a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena a la sucesión presidencial. Ahí está un documento presentado a nivel nacional por la propia Sheinbaum en el plano cultural. La pluma de Martínez destaca y él no hizo el mínimo gesto para presumirlo.
3- La apuesta de todos los miembros de morena, incluyendo gobernadores, secretarios, diputados locales, diputados federales y senadores es valiosa, pero aquellos que se sumaron al proyecto de Sheinbaum antes de que ésta fuera la ganadora del proceso interno, vale el doble o más.
En Tlaxcala Martínez Velázquez jamás negó sus afectos hacía la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México (Cdmx) y, si el amor con amor se paga, con seguridad tendrá continuidad en su encargo, alguna candidatura, o el ascenso. Al tiempo.
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