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Cultura

Antonio Martínez responde a críticas; expone planes de continuidad y mejoramiento en Cultura

Foto: Leo Lòpez

En las últimas semanas se ha suscitado una discusión sobre cómo fortalecer o replantear a las instituciones culturales en México (“A Marvel, Taibo y Saiz: diálogo por la Secretaría de Cultura”, Confabulario, 03/09/23). En el contexto electoral actual, es lógico y saludable que se expresen distintos puntos de vista respecto a cómo debería ser esta evolución institucional a fin de garantizar el derecho humano a la cultura.

Es de suma importancia que este debate se genere con mayor intensidad dentro de la Cuarta Transformación, pues en este proceso político las instituciones culturales han emprendido un cambio que, para el periodo 2024-2030, debe ser acompañado por modificaciones legales y administrativas que permitan ampliar el campo de acción y cumplir mejor con los objetivos.

Propongo, en primer lugar, analizar el contexto actual a partir del proyecto trazado por esta administración. Para acotar el análisis a campos concretos, hay cuatro áreas que se han transformado de manera sustantiva en esta administración:

1. Modificación de los objetivos de la política cultural.
2. Trabajo territorial y comunitario.
3. Incorporación de agendas transversales.
4. Apoyos a la comunidad artística.

Desde la publicación de El poder de la cultura, documento hecho para la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Alejandra Frausto propuso un cambio de visión que ha permanecido: se borró la dicotomía entre “alta cultura” y “cultura popular”; se reconoce a la diversidad cultural no como un problema, sino como la mayor fortaleza del país; y existe una distribución más amplia de los bienes culturales. En suma, se trata de traducir “por el bien de todos, primero los pobres” al ámbito cultural.

Para poner en marcha esta nueva visión de la institución cultural, se echó a andar un plan de acción territorial y comunitario, sintetizado mayormente en el programa de Cultura Comunitaria, pero no exclusivamente.

Uno de sus componentes esenciales ha sido la creación de Semilleros Creativos por todo el país.

Hoy superan los 300 municipios y casi 13 mil niños, niñas y jóvenes que todos los días ejercen sus derechos culturales a través de jornadas intensivas de formación artística en distintas disciplinas: danza, música, cine, fotografía, teatro, pintura, gráfica, radio, etcétera. Además, se impulsó, a través del INBAL, mayor presencia en el territorio nacional a través de distintos programas de formación artística, premios y la promoción de la diversidad cultural dentro de sus recintos.

No es casualidad que las muestras de arte popular hayan regresado al Palacio de Bellas Artes.

Se incorporaron agendas transversales con dimensión social: la participación de Cultura en la estrategia de paz y seguridad, la agenda de género en coordinación con diferentes instancias, la colaboración con la Guardia Nacional y agencias internacionales para la repatriación, recuperación y cuidado del patrimonio, la vinculación con el sector salud durante la pandemia por Covid-19, la incorporación de una agenda de derechos humanos, de diversidad sexual y de medio ambiente en las instituciones culturales y su programación; y la colaboración directa con los estados en el ámbito local. Es decir, se estructuró una dinámica de trabajo que permite que el quehacer cultural vaya de la mano con los problemas del país.

Por último, con el término de los fideicomisos, la Secretaría de Cultura transformó los mecanismos de apoyo a la comunidad artística para ejercer en cada año fiscal.

El Sistema de apoyos a la creación y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) hicieron esfuerzos importantes para que los creadores de distintas disciplinas no resintieran el cambio administrativo.

Además, se democratizaron los mecanismos de jurados y selección de proyectos y se afinaron las convocatorias para atender a grupos marginados históricamente, y se incorporó a las lenguas indígenas para lograr una representación más plural de la producción estética e intelectual de los pueblos de México.

¿Cómo darle continuidad a lo avanzado? ¿Cómo robustecer a las instituciones para cumplir con mayor precisión sus objetivos? ¿Qué debe incorporarse? Si tomamos en cuenta una reforma a la institución actual (en otra entrega elaboraré sobre un escenario distinto), propongo algunas líneas:

Las políticas culturales deben proponer al pueblo los valores de la transformación: la igualdad, la diversidad cultural, lo comunitario, el antirracismo y el pensamiento crítico.

Para lo anterior, es vital ampliar y profundizar la acción territorial consolidando las unidades regionales de culturas populares, indígenas y urbanas ubicadas en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán, con mayor presupuesto y atribuciones para coordinar los objetivos sociales y comunitarios de la política cultural.

Cultura Comunitaria y todos sus componentes tendrían que tener un ancla institucional más reforzada y presupuestal para abarcar cada una de las comunidades del país con Semilleros Creativos.

Este programa es uno de los avances más relevantes en materia cultural en los últimos 30 años, y está dando oportunidades de vida a niñas, niños y jóvenes de las zonas más afectadas por la violencia, la desigualdad y el racismo.

Se debe trabajar en un mecanismo efectivo y formal de coordinación con estados y municipios, tal como se prevé en la Ley de Cultura y Derechos Culturales.

Aunque se ha impulsado la coordinación a través de las reuniones regionales, no es suficiente, teniendo como resultado que muchos de los esfuerzos federales se diluyen en lo local en lugar de potenciarse.

En el ámbito de los apoyos a la creación, la SCJN ha determinado, por ejemplo, que los apoyos al cine deben estar estipulados en la ley.

Imcine trabaja con la comunidad cinematográfica para subir a categoría de ley un programa como Focine, que ha sido eficaz en corto tiempo.

Lo mismo debe hacerse con las becas y estímulos, y enriquecer a los centros de educación artística de la propia institución como el Conservatorio Nacional de Música, La Esmeralda, la Escuela Nacional de Arte Teatral, las escuelas del INAH y hasta las normales rurales.

Asimismo, conviene ampliar el programa de descentralización de la profesionalización artística que ha comenzado en Tlaxcala con las carreras avaladas por el Conservatorio y La Esmeralda.

El impulso a la profesionalización debería ir acompañado con un programa de impulso y financiamiento a las infustrias culturales.

En el terreno de la infraestructura cultural se debe instaurar un fondo ambicioso para recuperar infraestructura cultural pública: estaciones de tren, casas de cultura, casas ejidales, teatros del pueblo, etcétera.

El actual Programa Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) no es suficiente, dadas las necesidades actuales, que coinciden con un renacimiento cultural de México.

El programa de Pilares en la Ciudad de México es referente importante de inversión en infraestructura cultural funcional y que permite desplegar los programas de manera eficiente, con una coordinación robusta con estados y municipios.

Por último, y atendiendo a la realidad de que la política del libro se hace ahora desde el Fondo de Cultura Económica (FCE), es necesario dotarle de un andamiaje legal en consecuencia.

En ese ámbito convergen la estrategia nacional de lectura, el programa nacional de salas de lectura, todas las políticas editoriales y la actividad propia del FCE.

Esta serie de acciones, ahora en la Secretaría de Educación Pública, deberían de tener un sistema de amplificación con el sector cultural.

En conclusión, los cambios efectuados en las instituciones culturales apuntan en la dirección correcta; sin embargo, en el camino la propia institución se ha enfrentado con que la voluntad no termina de vencer a la burocracia; es decir, que por la complejidad de la construcción institucional algunos de estos cambios no pudieron crecer más de lo que lo hicieron.

Aunado a lo anterior, la resistencia de los sectores culturales urbanos a los nuevos programas y sus métodos democráticos (las convocatorias, por ejemplo) ha tensado la relación entre algunos agentes culturales y las instituciones; por otro lado, la nueva generación de proyectos y agentes culturales de la transformación —de la esperanza— necesitarán una cobertura legal y administrativa más fuerte y coordinada.

Carlos Monsiváis afirmaba que “la apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural.

Si no se da la batalla cultural, se puede perder la batalla política”. Con estas discusiones sobre la evolución de nuestras instituciones culturales, tenemos la oportunidad de brindarle un mejor cauce desde el Estado a la revolución de las conciencias emprendida por el pueblo de México.

ESCRITO POR ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ PARA “EL UNIVERSAL”.

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