A pesar de que han mantenido números positivos, de contar con el respaldo de la comunidad y que han procurado el servicio sin el apoyo económico de la presidencia municipal capitalina, pese a que les fabricaron un proceso que acabó en manos del abusivo ex magistrado Elías Cortés Roa, la batalla por la Capao parece haber tomado un rumbo contra la legalidad.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO), organismo descentralizado que administra el servicio de agua en esa comunidad de la capital, enfrenta una situación de conflicto institucional y social derivado de una resolución judicial adversa emitida recientemente. Una “chicanada” que exhibe el tran$ito del nuevo Poder Judicial.
En una entrevista concedida a MR Noticias, Víctor Garrido Lechuga (presidente de la Capao) y Salvador Padilla Sánchez (secretario del Comité) confirmaron que el Poder Judicial ha fallado en su contra en un proceso que, a decir de ambos, se encuentra viciado de origen por influencias políticas y “mano negra”.
Los inconformes argumentan que la sentencia se emitió de manera acelerada, incluso durante periodo vacacional y vía Zoom, sin considerar adecuadamente el expediente completo, las pruebas presentadas y los alegatos de las partes. Algo a€eleró todo, dijeron.
Los representantes de la CAPAO atribuyen el resultado judicial a intereses mezquinos, principalmente de figuras vinculadas al Ayuntamiento de Tlaxcala, como el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, y el presidente de la comunidad de Ocotlán, José Julio Buendía, ex titular de ese organismo que aparentemente pretende volver a través de un afín y que jamás comprobó los millones que “administró”.
Los representantes de la Capao no dudaron en señalar que estos actores buscan asumir el control del organismo, motivados por los recursos económicos que genera el organismo y, especialmente, por el potencial del nuevo pozo en la zona de Tlacomulco, cuya urbanización futura podría generar ingresos significativos por factibilidades y conexiones.
Principales argumentos y logros expuestos por la CAPAO:
En una revisión de los antecedentes los entrevistados recapitularon que su comisión fue electa democráticamente por la comunidad en sufragio directo, y se debe al pueblo de Ocotlán, no al Ayuntamiento. Lo dijeron muy claro.
Y agregaron que desde que asumieron en marzo (del año previo), heredaron una situación financiera en bancarrota, pero han logrado estabilizar las finanzas: cuadraron nómina, pagos de energía eléctrica y egresos/ingresos, alcanzando “números halagadores” sin apoyo municipal, como sucedía históricamente
Prueba de ello, sostiene, es que han realizado inversiones comprobables, como compra de una bomba nueva para pozo, una camioneta, un automóvil administrativo, ampliaciones de red y más, con comprobaciones por más de un millón de pesos en algunos rubros.
Además dijeron que han entregado oficios al Ayuntamiento por pagos realizados, por más de 1.3 millones de pesos), sin respuesta de tesorería. ¿Y la lana entonces a donde está?
Por supuesto no dudaron en criticar la falta de auditorías prometidas (a la administración actual y anterior) y la ausencia de reglamentos en las comisiones de agua de las 11 comunidades del municipio; ellos han avanzado en un borrador de reglamento propio.
Por si fuera poco han dicho aquí y en otros lados la existencia de campañas de desinformación, como mensajes a usuarios para no pagar el servicio, presuntamente originados en la presidencia de comunidad.
¿Qué es lo peor que puede pasar si la CAPAO pasa a control del Ayuntamiento o a CAPAM (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal)?, les pregunte a ambos y sin dudarlo advierten que podría desencadenar una cadena de intervenciones en otras comunidades, duplicación de tarifas para usuarios (sin mejora en suministro) y sobreexplotación de pozos.
Por eso han confirmado que no, por ninguna motivo entregarán la administración sin consenso popular, ya que los pozos y su manejo no están a discusión. Ahí está el antecedente de Atlahapa, comunidad que significó el primer descalabro para una comunidad
Ante esta ola en contra este grupo antagonista de Alfonso Sánchez García me confirmó que realizarán un informe público y asamblea el domingo 25 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la explanada de Ocotlán, donde presentarán números duros (ingresos, egresos, caja, gastos comprobados) y consensuarán con la comunidad la postura a seguir.
Para tal efecto convocan, invitan o piden formalmente al presidente municipal Alfonso Sánchez García, al secretario Víctor Hugo Gutiérrez y otras autoridades a asistir y dialogar. No son enemigos, afirman. Quizá eso no lo sepan del otro lado.
Pero algo que tienen claro es un número indefinido de escenarios, que transitarán con el visto bueno del pueblo, incluyendo una eventual nueva elección (donde exigirían garantías de participación imparcial y respeto al resultado popular).
Esta misma tarde los titulares de la CAPAO enfatizaron que el conflicto no es contra el presidente municipal, sino contra intereses personales que obstaculizan su labor y llamaron a la gobernabilidad, al diálogo y a la regularización general de las comisiones de agua en el municipio para evitar futuros problemas similares, en un contexto de crisis hídrica estatal y nacional.
Si cae Ocotlán después serán las otras comunidades; la segunda sería Tizatlán en donde llevan quince días con una sequía que no se acabará al trasladar la “administración” a la CAPAM. Esa comisión no hará nacer más agua, pero sí duplicará el costo y eso todos lo sabemos, sentenciaron mientras me decían que este día probablemente un grupo de choque se haga presente en la Capao. Quien les avisó sabía que el mejor favor es pedirles prudencia y cero confrontación. Ganarán legitimidad, esa que tanta falta hace del otro lado.
