El pasado 29 de noviembre, la periodista Ana Laura Vásquez denunció discriminación y violencia institucional por parte del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, al cubrir un acto oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
A través de su red social de Facebook, acusó que fue intimidada en el momento que realizaba una cobertura periodística.
“Hicieron todo lo posible para que durante un evento en la Secretaría de Seguridad no se armara un escándalo por sacarme, me tomaron fotografías y video (violaron mi derecho a la privacidad dentro de una institución pública), y yo solo estaba haciendo mi trabajo, cubriendo un evento público para hacer mi nota”, narró en su cuenta personal de Facebook.
Elementos de la Secretaría de Seguridad, presuntamente por órdenes de la Coordinación General de Comunicación Social, la quisieron sacar del lugar e impedir su trabajo periodístico.
“¿A quién me acerco, a la gobernadora, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Oficina para la Protección de Periodistas, creada por el mismo gobierno local, al gremio de periodistas? ¿a quién?”, se preguntó sin encontrar respuesta.
A través de un comunicado de prensa, la CEDH se pronunció “a favor de que las autoridades correspondientes investiguen y esclarezcan las agresiones denunciadas por la periodista independiente”.
La presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, informó la radicación de una queja de oficio para que a través de la Visitaduría General se inicie con la investigación correspondiente para analizar los hechos denunciados por la periodista, además de que se está a la espera de que la afectada pueda aportar información adicional para fortalecer este procedimiento.
En ese comunicado, la ombudsperson exhortó a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Tlaxcala, a investigar y esclarecer las agresiones de las que fue objeto la periodista, así como emitir medidas de protección a su favor para garantizar su integridad física y la de sus familiares.
Como ha sucedido con otros casos, el pronunciamiento de la CEDH fue tibio, como un llamado a misa, sólo para cumplir con el requisito. Seguramente, con el paso de las semanas y de los meses, no sabremos nada más del tema.
Por su parte, de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas no se supo nada.
Ni un comunicado de prensa salió de esa institución, encabezada por un inexperto y tibio funcionario, Víctor Manuel Ávila, cuya labor ha sido francamente errática a meses de haber asumido el cargo.
No trabaja, hace que trabaja. Sin embargo, cada quincena cobra puntualmente su salario a pesar de su mediocre labor, y ni quien le diga algo.
Esa Oficina ha demostrado su inoperancia. Y al igual que sucede con la CEDH, no existe en este caso una verdadera sororidad.
La titular del Ejecutivo hace mal en no tomar este asunto en sus manos y dar las indicaciones necesarias para esclarecer los hechos. Su gobierno ha quedado en entredicho por este penoso asunto que, por supuesto, tiene que quedar esclarecido porque se sienta un mal precedente en materia de libertad de expresión.
Y hablando precisamente de violencia, debe destacarse la sentencia emitida la semana pasada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le corrigió la plana al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).
Nicolás Gutiérrez Decasa y Héctor Domínguez, ex secretario y ex alcalde de Chiautempan, respectivamente, fueron absueltos de violencia política en razón de género en contra de una ex presidenta de comunidad de ese municipio.
La sentencia sienta un importante precedente, pues ya se tiene claro que su actuación como autoridades del ayuntamiento se desarrolló en el ámbito de la esfera de competencia laboral y no por ser mujer.
Habrá que poner atención, pues existen casos similares en otras jurisdicciones municipales.
La ineptitud debe ser señalada y argumentos como la violencia política en razón de género ha resultado pretexto ideal en el que se escudan las féminas para salir impunes. Gracias a esta “regla benefactora” las tenemos que soportar, con todo y su evidentes limitantes, y los resultados están a la vista.
afortunadamente, como en todo, no se puede generalizar, hay mujeres que hacen historia en el senado, Ana Lilia Rivera Rivera, primer tlaxcalteca en presidir la mesa directiva del senado es buen ejemplo de ello.
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