A escasos meses del cierre de la administración estatal, Tlaxcala sigue recibiendo claras muestras del poco respeto que este gobierno tiene hacia los ciudadanos que día con día padecemos las consecuencias de sus decisiones.
La más reciente evidencia de ello es el sorpresivo enroque entre dos de los subsistemas educativos más importantes de la entidad: Blas Marvin Mora Olvera deja la dirección del CECYTE-EMSaD para asumir el mando del CONALEP, mientras que Darwin Pérez y Pérez hace exactamente lo contrario, abandonando el CONALEP para tomar las riendas del CECYTE-EMSaD.
El gobierno, a través de su boletín oficial presentó este movimiento como una brillante estrategia para “optimizar recursos”, “fortalecer la coordinación interinstitucional” y “mejorar las condiciones educativas” en la media superior.
Nada más alejado de la realidad. Este intercambio de sillas no obedece a un plan de mejora ni a una visión estratégica; responde, a todas luces, al intento de apagar confrontaciones internas que exponían abiertamente la poca moral y las deficiencias de ambos funcionarios.
Blas Marvin Mora Olvera y Darwin Pérez y Pérez representan, cada uno a su manera, la podredumbre que ha caracterizado la gestión educativa en Tlaxcala durante este sexenio.
Lejos de ser cuadros destacados con resultados tangibles, ambos han protagonizado más escándalos y quejas internas que avances reales en la calidad educativa. Cambiarlos de lugar no soluciona los problemas estructurales del CECYTE ni del CONALEP; simplemente los disfraza y los traslada. Agudizar una problemática no es estrategia.
Lo más cínico del asunto fue la reacción de Darwin Pérez y Pérez, quien no dudó en pagar notas en varios medios para presumir supuestos logros al frente del CONALEP, justo en el momento en que deja esa institución con evidente alivio ante la llegada de quien muchos consideran un dirigente aún más cuestionable.
Por su parte, Blas Marvin Mora Olvera optó por un mensaje más suave en sus redes sociales, lleno de gratitud y autocomplacencia. Agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por su confianza, presumió el “deber cumplido” y aseguró que inicia su nueva responsabilidad con el mismo compromiso de siempre. Pobres estudiantes.
Dos discursos vacíos, carentes de autocrítica y llenos de esa retórica oficialista que tanto abunda en este gobierno. Mientras los directivos se felicitan mutuamente y agradecen a la mandataria estatal, los verdaderos problemas persisten: planteles con deficiencias, docentes inconformes, alumnos que reciben una educación de baja calidad y padres de familia hartos de promesas incumplidas.
Este enroque es solo un síntoma más de cómo se manejan las cosas en Tlaxcala: cuando surgen conflictos o se acumulan los errores, la solución no es corregir, evaluar o remover a los responsables con seriedad, sino simplemente rotarlos de puesto como si se tratara de piezas intercambiables en un tablero. Así se ha gobernado la educación en la entidad.
Al final del día, lo que queda claro es que ni Blas Marvin Mora Olvera ni Darwin Pérez y Pérez son la solución; forman parte del problema. Y mientras el gobierno siga premiando con nuevos cargos a quienes han demostrado su ineficacia, la educación de miles de jóvenes tlaxcaltecas seguirá siendo la gran perdedora de este sexenio. Es lo que hay.
Las tres de ley… A propósito del cierre carretero que impactará en el país 1- No existe razón para manifestarse: El Gobierno Federal afirma que no hay motivos válidos para los bloqueos carreteros anunciados por algunas organizaciones del campo y transportistas este 6 de abril, ya que se han atendido sus principales demandas.
2- Apoyo económico y diálogo constante: Se han entregado 3,412 millones de pesos a más de 40,910 productores de granos básicos, se logró un acuerdo específico para los productores de Sinaloa, y se han mantenido reuniones continuas (incluyendo con la Presidenta Claudia Sheinbaum) para resolver sus problemas.
3- Mayoría no se une y se rechaza afectar a terceros: La mayoría de las organizaciones del campo y transportistas decidieron no movilizarse. El Gobierno reitera que está abierto al diálogo, pero condena cualquier manifestación que afecte a la ciudadanía, ya que no hay justificación para ello.