Hay suspensiones que castigan y pocas que castigan… pero con sueldo, con silencio y con la certeza de que el expediente se guardará bajo llave. Eso suceder en el caso de la jueza penal Herminia Hernández Jiménez, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y especializada en Justicia para Adolescentes
Seis meses fuera del juzgado. Seis meses que, a juzgar por el hermetismo del Tribunal de Disciplina Judicial, se parecen más a un permiso pagado que a una sanción.
La noticia no salió por un comunicado institucional ni por un ejercicio de transparencia, se conoció porque un abogado litigante, Jesús Ortega, se atrevió a decir lo que el sistema prefería mantener en privado: que la juzgadora, electa el año pasado por voto popular, había incurrido en irregularidades graves que vulneran el debido proceso.
Y de paso que la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, había decidido que ese detalle no merecía la luz pública; aquí está la primera gran ironía. La reforma judicial se vendió como el fin de la discrecionalidad, de los favores y de los jueces intocables.
En Tlaxcala, el órgano encargado de hacer realidad esa promesa parece haber interpretado su mandato al revés: proteger a los propios y castigar solo cuando ya no queda de otra… y aun así, en silencio.
Herminia Hernández Jiménez no es cualquier juzgadora, es de las que llegaron al cargo en la elección judicial de 2025 como parte de esas “juezas del acordeón” impulsadas desde el poder estatal.
Antes dirigió el área de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno y pasó por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de donde salió recomendada.
Doctora en Derecho, trayectoria en derechos humanos y ahora resulta que quien debía ser garante de las garantías mínimas es investigada, precisamente, por violentarlas.
La contradicción es tan gruesa que duele, pero más duele la reacción institucional, porque en lugar de transparentar el expediente, el estado del procedimiento y el resolutivo, el Tribunal de Disciplina optó por el método preferido de siempre: el expediente en el cajón.
Como si la ciudadanía y el foro de abogados no tuvieran derecho a saber por qué una jueza electa por el pueblo es separada de sus funciones. Como si la reforma judicial hubiera sido solo un cambio de nombre y no de lógica.
Los que la conocen de cerca no se sorprenden, hablan de un historial de quejas por trato nefasto y discriminatorio hacia justiciables que nunca encontraron eco en el órgano disciplinario.
Hablan también de una funcionaria que se burlaba afirmando: “a mí nunca me van a quitar”, amparada en su cercanía con el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, y en los favores políticos que la gobernadora —según se comenta en los pasillos— le debe al padre de la juzgadora, el exmagistrado Justino Hernández.
Cuando alguien presume impunidad con esa soltura, y luego resulta que la “sanción” llega envuelta en opacidad y con la sospecha de que seguirá cobrando, el mensaje que recibe el resto del sistema es cristalino: las reglas son para los demás.
El Tribunal de Disciplina, en lugar de ser el garante contra la arbitrariedad, se convierte en el club de protección mutua que la reforma judicial prometió desmantelar.
No se trata de prejuzgar la responsabilidad definitiva de la jueza, solo se trata de exigir lo mínimo en un sistema que se jacta de nuevo y transparente: que la suspensión no se maneje como secreto de Estado.
Que se publique el resolutivo, que se aclare si durante esos seis meses la “inhabilitada” seguirá recibiendo emolumentos, billete, porque si la respuesta es sí, entonces no estamos ante una sanción: estamos ante una beca disfrazada de disciplina.
La ciudadanía tlaxcalteca y el gremio de abogados no pueden seguir dependiendo de que un litigante levante la voz para enterarse de lo que ocurre dentro del Poder Judicial.
Si el Tribunal de Disciplina Judicial quiere ser tomado en serio, tiene una tarea inmediata: abrir el expediente, transparentar el procedimiento y demostrar que la reforma no fue solo un cambio de fachada.
Porque mientras los “recomendados” del poder sigan recibiendo permisos pagados y el resto de los justiciables enfrenten el trato de siempre, la justicia en Tlaxcala seguirá siendo, para muchos, solo una palabra bonita en los discursos pero el mismo trato despótico de siempre.
