* Padres de familia de la primaria “Luis G. Salamanca”, ubicada en Tlaxcala capital, denunciaron presuntas irregularidades en la administración del plantel y cuestionaron la actuación de su directora, María Magdalena Hernández Gutiérrez.
La inconformidad de padres de familia de la escuela primaria Luis G. Salamanca, ubicada en la capital del estado, salió a la luz pública este martes, luego de que emitieran un posicionamiento para denunciar una serie de presuntas irregularidades en la administración escolar, que, aseguran, afectan a la comunidad educativa.
Entre los principales señalamientos destaca la exigencia de una aportación económica que consideran excesiva para la ceremonia de graduación de los alumnos de sexto grado, situación que habría generado inconformidad entre las familias por el costo que representa y la manera en que se plantea el pago.
Los padres también manifestaron su preocupación por la presunta falta de empatía y atención ante casos de bullying entre estudiantes. Este señalamiento pone sobre la mesa la importancia de que las autoridades escolares actúen oportunamente para prevenir, atender y dar seguimiento a situaciones que puedan poner en riesgo el bienestar emocional y la integridad de niñas y niños.
A estas inconformidades se suma la presunta omisión de gestiones para conseguir apoyos que permitan a los alumnos participar en actividades vinculadas con programas educativos. Los denunciantes cuestionan si existe el compromiso suficiente de la dirección para impulsar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los estudiantes.
Las acusaciones apuntan directamente a la directora María Magdalena Hernández Gutiérrez, cuya gestión quedó bajo cuestionamiento a partir del posicionamiento de las familias. Sin embargo, los señalamientos deberán ser revisados por las instancias educativas correspondientes para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan.
La educación pública no debe convertirse en una carga económica desproporcionada para las familias ni permitir que las denuncias relacionadas con el acoso escolar queden sin atención. La prioridad debe ser garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes.
