Hoy se cumplen diez años de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. La violenta jornada ocurrida la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 septiembre de 2014 ha sido el último gran episodio de represión cometido por autoridades mexicanas contra la población civil. César González, oriundo de Huamantla, fue uno de ellos.
Más allá de la participación de sicarios de Guerreros Unidos, lo que ha marcado el caso de los 43 de Ayotzinapa fue la colaboración de elementos policiacos de los municipios de Iguala, Cocula y otras localidades cercanas. Esas corporaciones eran parte de la nómina de aquel cártel, que mantenía una dura guerra contra otras bandas criminales.
En medio de la refriega de aquella noche trágica quedaron los normalistas, aunque también hubo otras víctimas, de las que ahora casi nadie se acuerda. Será porque también entre este tipo de casos, hay clases, dependiendo de quién haga más ruido.
El ejemplo más claro es el caso de los jugadores del equipo Avispones de Chilpancingo. Un jugador del equipo y el conductor del autobús que los llevaba de vuelta a Chilpancingo fueron asesinados a tiros (aquella vez le habían ganado 3-1 al equipo de Iguala).
Pero de ellos nadie se acuerda. Fueron daños colaterales de la razzia de aquella noche. Será porque no andaban secuestrando autobuses donde se transportaba droga, uno de los tantos supuestos motivos que orillaron a los Guerreros Unidos a detener y desaparecer a los normalistas.
Apenas hace unas horas se presentó el Segundo Informe del Presidente de México sobre el caso de los normalistas desaparecidos. El informe, dirigido a los padres de los estudiantes, detalla los esfuerzos realizados durante su mandato para esclarecer los hechos y encontrar a los jóvenes.
López Obrador comienza reconociendo la importancia de este caso y reafirmando su compromiso desde el inicio de su administración. Se mencionan las acciones emprendidas, como la designación de Alejandro Encinas para liderar la investigación y la colaboración con abogados, organizaciones de derechos humanos y testigos protegidos.
A pesar de los esfuerzos, el informe señala los obstáculos que han impedido un mayor progreso. Se critica la llamada “verdad histórica” del gobierno anterior, que resultó ser falsa, y se cuestionan decisiones judiciales que llevaron a la liberación de sospechosos. También se aborda la versión que involucra al Ejército en la desaparición, promovida por la periodista Anabel Hernández, y se enfatiza la falta de pruebas que la respalden.
El informe destaca la colaboración de las Fuerzas Armadas en la investigación y el procesamiento de 151 personas, incluyendo militares. Se subraya el compromiso continuo con la búsqueda de los jóvenes, incluyendo reuniones semanales del Gabinete de Seguridad, diálogos con involucrados, recompensas y la aprobación de una Ley de Amnistía.
A pesar de los avances limitados, el presidente expresa su deseo de que el caso permanezca abierto y que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, continúe la búsqueda de la verdad y la justicia. El informe concluye con la entrega de un informe detallado y anexos a los padres y al pueblo de México.
Este informe presenta un recuento de las acciones del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa, destacando los desafíos, las críticas a versiones anteriores y el compromiso continuo con la búsqueda de la verdad y la justicia, aunque con resultados limitados hasta el momento. Se deja abierta la posibilidad de que la próxima administración continúe con esta importante labor.
El informe plantea un análisis detallado de las acciones gubernamentales emprendidas durante su mandato, así como los obstáculos encontrados en la búsqueda de la verdad y la justicia.
“Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando…”, señala López Obrador y destaca la dificultad de obtener colaboración de figuras clave involucradas en el caso, lo que ha limitado el progreso de la investigación.
“Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto construyendo la llamada ‘verdad histórica’…”, añade. El informe cuestiona la versión oficial presentada por el gobierno anterior, calificándola de intento de encubrimiento. De paso, le da un tallón al Poder Judicial: “se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial… posibilitó la liberación de 65 de ellos; aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes.”, reclama el tabasqueño
El documento subraya la complejidad del caso, la persistencia de obstáculos y la necesidad de continuar la investigación en el futuro. Lo más probable es que nunca se sepa la verdad, se lo digo, se lo firmo y muy a mi pesar sospecho que eso sucederá.
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