Una vez más, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) es escenario de una designación que huele más a cuotas políticas que a méritos institucionales y apego a la norma.
Hace unas horas se anunció el nombramiento de Celeraro Sartillo como nuevo Director General del Cobat.
La imagen ya circula: la titular del Ejecutivo entregándole el nombramiento con su firma. Un acto que, a primera vista, parece normal en el ejercicio del poder, sin embargo, revisando la Ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (publicada en el Periódico Oficial el 5 de agosto de 1981), el procedimiento resulta claramente irregular.
El Artículo 12, fracción IX de esa Ley es contundente: “Corresponde a la Junta Directiva: IX.- Nombrar y remover al Director General, para lo cual se requerirá como mínimo, una mayoría de cuatro votos”.
No es el Gobernador, ni la titular del Ejecutivo, ni una decisión unilateral del poder central. Es la Junta Directiva del propio Colegio quien tiene la facultad expresa de nombrar y remover al Director General. La Ley fue clara desde 1981 y, hasta donde se sabe, no ha sido reformada en este punto esencial.
Celeraro Sartillo no es un desconocido en el ámbito educativo ni político de Tlaxcala. Fue diputado por el PRI, ha colaborado en el CECYTE y, según se informa, ya venía desempeñándose como coordinador sectorial o en un cargo similar dentro del propio Cobat.
Su trayectoria es respetable en términos partidistas e institucionales, pero eso no lo exime del requisito legal: debe ser la Junta Directiva quien lo nombre, no un dedazo desde el Palacio de Gobierno.
Este tipo de designaciones directas generan varias preocupaciones legítimas: violación a la autonomía orgánica del Colegio, que la propia Ley concibe como un órgano público desconcentrado con personalidad jurídica y órganos de gobierno propios.
Añada usted politización de una institución educativa que debería priorizar la calidad académica, la estabilidad y el servicio a los jóvenes tlaxcaltecas; y una mala señal para los trabajadores, directores de plantel, profesores y alumnos, porque si ni siquiera se respetan las reglas básicas de gobernanza interna, difícilmente pueden tener credibilidad los discursos sobre meritocracia o buen gobierno.
La Ley es muy clara también en los requisitos para ocupar cargos directivos (Artículo 8º): ciudadanía mexicana, título de licenciatura o equivalente, cinco años de experiencia educativa y reconocida solvencia moral. Sartillo podría cumplirlos, pero el cómo fue nombrado es lo que genera la crítica.
No es la primera vez que en Tlaxcala se ignoran las disposiciones legales cuando se trata de colocar a personas cercanas al poder. El Cobat nació precisamente para dar orden y profesionalismo a la educación media superior en el estado, separándolo de inercias políticas. Sin embargo, cada cambio de administración parece convertirse en oportunidad para recolocar cuadros.
Es hora de que las autoridades respeten la institucionalidad que ellas mismas presumen defender. Si la Junta Directiva no ha funcionado como debe, la solución no es ignorarla, sino fortalecerla y hacerla cumplir su papel. De lo contrario, seguiremos teniendo instituciones de papel que en la práctica son simples extensiones del poder ejecutivo.
El Cobat no es propiedad de ningún partido ni de ninguna gobernadora o gobernador. Pertenece a los jóvenes de Tlaxcala y a los trabajadores que día con día sostienen sus planteles.
Varios inconformes exigen que se respete la Ley. Que la Junta Directiva asuma su responsabilidad y que, si el nombramiento ya está consumado, al menos se regularice conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico. Que guarden las formas.
Mientras tanto, queda la duda: ¿cuántas instituciones más en Tlaxcala están siendo administradas al margen de su propia Ley fundacional?. Entre tanta opacidad es difícil saberlo.
