En Tlaxcala, la podredumbre en los cuerpos de seguridad y la desobediencia a las normas estatales han alcanzado niveles alarmantes, evidenciando un sistema que se desmorona bajo el peso de la corrupción y la impunidad.
El reciente escándalo en Querétaro, donde 11 elementos de la Guardia Nacional —ocho del 17 Batallón con sede en Tlaxcala— fueron detenidos por presuntamente custodiar una toma clandestina de combustible, no es un hecho aislado. Es un síntoma de una enfermedad que carcome a las instituciones encargadas de protegernos.
Los involucrados, entre ellos mandos de Oaxaca e Hidalgo, no solo resguardaban una operación ilícita, sino que lo hacían con patrullas oficiales, burlándose de la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: si los encargados de combatir el crimen son cómplices, ¿quién protege al ciudadano? En Tlaxcala, los ecos de esta crisis resuenan con fuerza.
En Huamantla, la nueva titular de seguridad municipal, Gloria Lilia Checa Hernández, arrastra señalamientos por haber favorecido a huachicoleros en Ixtacuixtla, sin que ello haya manchado su historial. Según sostienen en ese territorio sus antiguos compañeros.
En Apetatitlán, los abusos son aún más descarados: videos circulan mostrando a un comandante agrediendo a subordinados por nimiedades, mientras él extorsiona a conductores junto a su “pareja”, una oficial de menor rango.
Estas historias, lejos de sorprender, confirman un secreto a voces: los cuerpos de seguridad están gangrenados. Ni el dinero, ni los controles de confianza han servido para sanearlos.
¿Cuál es el siguiente paso? Sin una reforma profunda y voluntad política, la garantía para el ciudadano seguirá siendo una quimera. ¿La lana, la sorjuana y el moche seguirán siendo el impulso que destrabe la incompetencia?
Por si fuera poco, la desvergüenza se extiende a las autoridades municipales. En Contla de Juan Cuamatzi, la alcaldesa desafió la prohibición estatal de “giros negros” al promover un espectáculo erótico en plena feria patronal.
El “Super Chicas Bailarinas Show” fue transmitido en vivo por la página oficial del municipio, en un acto de provocación que ignoró las disposiciones de la Secretaría de Gobernación.
La indignación ciudadana no se hizo esperar, y las organizaciones civiles exigen sanciones y ahí están las redes sociales que se desbordaron exigiendo explicaciones de la alcaldesa.
Esto sucedía apenas horas después de que en Chiautempan un hombre perdiera la vida en un antro que operaba fuera de horario, evidenciando la laxitud de las autoridades.
En la entidad lo mismo da cuidar el huachicol aún siendo elemento de seguridad, que violentar las medidas contra los giros negros o promover bailes eróticos en pleno centro del municipio, mientras se es autoridad la ley aplica para todos menos para quien tenga el membrete. Así lo dice la lógica de los que actualmente mandan en estos espacios de poder.
