Nuestra entidad ha vuelto a colocarse en el centro de la atención por dos realidades contrastantes.
Un proceso electoral judicial que, pese a incidentes aislados, se llevó a cabo con relativa estabilidad, y un alarmante repunte de violencia atroz que la posiciona por encima de estados más grandes en hechos de barbarie durante el primer trimestre de 2025.
Ambos fenómenos, aunque aparentemente dispares, reflejan los claroscuros de una entidad que lucha por consolidar su democracia mientras enfrenta una creciente ola de inseguridad que amenaza con fracturar su tejido social.
El proceso electoral extraordinario para elegir cargos del Poder Judicial en Tlaxcala, concluido en junio de 2025, mostró un esfuerzo institucional por mantener la estabilidad democrática.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el 100% de las 820 casillas instaladas operó con normalidad, un logro significativo en un contexto nacional donde los reportes de irregularidades electorales suelen ser recurrentes.
Sin embargo, los incidentes en Teolocholco y Tetla de la Solidaridad —boletas encontradas en un sanitario y anomalías en la caligrafía de más del 50% de las boletas en una casilla— son señales de alerta que no deben minimizarse.
Aunque el INE descarta una participación ciudadana atípica o irregularidades generalizadas, estos eventos sugieren que aún existen vulnerabilidades en la vigilancia y la transparencia del proceso electoral.
La presentación de denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) es un paso necesario, pero su resolución, con fecha límite al 28 de agosto, será clave para garantizar la legitimidad de los resultados y la confianza ciudadana en las instituciones.
Por otro lado, el informe Galería del Horror de Causa en Común pinta un panorama profundamente preocupante. Tlaxcala, con 34 hechos atroces entre enero y marzo de 2025, supera a 15 estados, incluyendo algunos con mayor población o historial de violencia.
La lista de atrocidades —fosas clandestinas, mutilaciones, torturas, feminicidios crueles, violaciones agravadas, intentos de linchamiento y hasta un caso de esclavitud— evidencia una crisis de seguridad que no solo afecta a las víctimas directas, sino que siembra temor en la sociedad.
Que una entidad pequeña como Tlaxcala registre más casos de este tipo que estados como Yucatán, Querétaro o incluso la Ciudad de México es un indicador alarmante de que la violencia no discrimina por tamaño o densidad poblacional.
Más aún, el hecho de que estas cifras se basen únicamente en reportes periodísticos sugiere que la magnitud real del problema podría ser aún mayor, dado el subregistro que suele acompañar a este tipo de delitos.
El contraste entre estos dos eventos plantea una reflexión crítica: ¿cómo puede Tlaxcala aspirar a fortalecer sus instituciones democráticas cuando su realidad está marcada por una violencia que parece desbordar las capacidades de las autoridades? El éxito relativo del proceso electoral es un paso positivo, pero no puede desvincularse del contexto de inseguridad que permea la vida cotidiana.
La movilización de votantes por parte de trabajadores gubernamentales, los reportes de uso de celulares o “acordeones” en las casillas y los 34 paquetes electorales sin listado nominal son indicios de que las prácticas clientelares y las fallas logísticas persisten.
Estas irregularidades, aunque menores en comparación con el panorama nacional, reflejan una fragilidad institucional que podría agravarse si no se atienden con seriedad.
La violencia atroz, por su parte, no solo es un problema de seguridad pública, sino un síntoma de dinámicas más profundas: la trata de personas, un flagelo histórico en Tlaxcala, sigue siendo una herida abierta; los intentos de linchamiento señalan una desconfianza en las autoridades para impartir justicia; y los asesinatos de actores políticos y funcionarios relacionados con la seguridad apuntan a un desafío directo al Estado de derecho.
Que Tlaxcala supere a estados como Tamaulipas o Hidalgo en hechos atroces debería ser una llamada de atención para las autoridades locales y federales.
La comparación con entidades como Sinaloa (176 casos) o Guanajuato (152) no debe servir para minimizar la gravedad de la situación en Tlaxcala, sino para reconocer que la violencia extrema es un problema estructural que requiere estrategias integrales, no solo reactivas.
En este contexto, el desafío para Tlaxcala es doble: consolidar un sistema electoral transparente y confiable, y enfrentar con urgencia la escalada de violencia que amenaza con normalizar la barbarie.
La coordinación entre el INE y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) fue clave para el éxito operativo del proceso judicial, pero esa misma colaboración debe extenderse a las políticas de seguridad.
Las autoridades deben priorizar la investigación y sanción de los delitos atroces, fortalecer los mecanismos de prevención y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Asimismo, es imperativo reforzar la vigilancia electoral para evitar que incidentes como los de Teolocholco y Tetla se repitan, ya que la confianza ciudadana es un pilar fundamental para la democracia.
Tlaxcala está en una encrucijada. El primero de septiembre, cuando los nuevos integrantes del Poder Judicial asuman sus cargos, será una oportunidad para fortalecer la impartición de justicia en un estado que tanto lo necesita.
Sin embargo, sin una estrategia efectiva contra la violencia, los avances democráticos corren el riesgo de ser opacados por el miedo y la impunidad.
La sociedad tlaxcalteca merece un futuro donde la estabilidad electoral y la seguridad vayan de la mano, pero lograrlo requerirá un compromiso firme de las instituciones y una ciudadanía vigilante que no permita que la sombra de la violencia defina el destino de su entidad.
