El Operativo Enjambre ya cruzó una frontera política y territorial que hasta hace poco parecía distante, cada vez el operativo se acerca más a Tlaxcala.

Desde hace meses el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, advirtió que existen investigaciones abiertas contra autoridades municipales por presuntos actos ilegales y posibles vínculos con grupos delictivos.

En mayo pasado, durante los llamados Diálogos Circulares, Perea Marrufo confirmó que autoridades estatales y federales mantienen investigaciones sobre algunos alcaldes tlaxcaltecas. Aunque evitó revelar nombres, tampoco descartó que en la entidad pudieran ejecutarse acciones similares al denominado Operativo Enjambre. Incluso lanzó una frase que cimbró el escenario político: “Cada presidente sabe sus pecados”.

Y después vino otra advertencia todavía más contundente: “Que no nos sorprenda la detención de presidentes municipales investigados por vínculos con la delincuencia”.Aquello pudo parecer entonces una advertencia política.

Hoy, después de lo ocurrido en Puebla, adquiere otra dimensión y es una advertencia para Tlaxcala.

En apenas unos días, las autoridades poblanas y federales colocaron bajo la lupa a gobiernos municipales.

La detención de autoridades municipales por investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto demuestra que el cargo de presidente municipal dejó de ser un posible blindaje frente a las investigaciones federales.

Puebla y Tlaxcala comparten carreteras, corredores industriales, rutas de transporte, zonas metropolitanas y, desde luego, dinámicas delictivas que no entienden de límites administrativos.

El propio Perea Marrufo ha reconocido que delincuentes se desplazan entre Puebla, Veracruz y Tlaxcala, y que la coordinación con autoridades de esos estados resulta fundamental para combatirlos.

No debe ignorarse lo que ya fue dicho públicamente por el responsable de la seguridad estatal: “hay investigaciones abiertas”. Y algunas involucran presuntamente a autoridades municipales.

El mensaje del gobierno federal es claro: “si existen elementos de prueba, las investigaciones pueden alcanzar a servidores públicos, alcaldes, exalcaldes o mandos de seguridad, independientemente del partido político al que pertenezcan”.

El secretario de Seguridad Ciudadana decía que la entidad no era, en ese momento, prioridad nacional para una operación de esta naturaleza. Pero tampoco cerró la puerta. Por el contrario, dejó abierta la posibilidad de que Tlaxcala pudiera conocer acciones semejantes.

Hoy Puebla demuestra que ese tipo de operaciones no son una hipótesis política abstracta. Son una realidad operativa, porque el gobierno Federal ha dejado en claro que con el operativo “Enjambre” no necesita anunciar dónde va a caer, pues ahí está precisamente la naturaleza del problema. Las investigaciones de inteligencia no se anuncian antes de ejecutarse. Los cateos no se publicitan con anticipación. Las órdenes de aprehensión no se negocian en conferencias de prensa. Y los operativos de alto impacto dependen precisamente de la coordinación, la inteligencia y el factor sorpresa.

Sería ingenuo ignorar las señales. Primero habló Perea Marrufo. Después Puebla. Y ahora el nombre de Enjambre vuelve a colocarse sobre el tablero político tlaxcalteca.

Imaginemos por un momento que Enjambre llegara a Tlaxcala. El impacto no sería solamente judicial. Sería político. Porque una detención de un alcalde o expresidente municipal abriría preguntas sobre quién sabía, quién permitió, quién encubrió y quién dejó crecer determinadas estructuras.

Y entonces la investigación podría dejar de ser municipal para convertirse en una revisión de redes. Ahí estaría el verdadero alcance de Enjambre. No solamente buscar personas. También buscar estructuras.

Hoy no existe confirmación pública de una operación Enjambre en Tlaxcala ni una lista oficial de alcaldes que serán detenidos.

Pero existe algo que sí está documentado: “el secretario de Seguridad Ciudadana reconoció que hay investigaciones contra autoridades municipales y no descartó que Tlaxcala pudiera ser escenario de acciones similares a Enjambre”.

Ahora solamente falta saber si el zumbido se quedará en Puebla… o terminará entrando por alguna de las carreteras que conectan a ambos estados.

El cargo ENJAMBRE: Puebla ya recibió el zumbido… ¿Tlaxcala será el siguiente territorio? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este jueves que fue detenido Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

A través de redes sociales, Harfuch mencionó que la captura se logró tras varios meses de trabajos de inteligencia e investigación por parte de la propia SSPC y de las fuerzas especiales del Ejército, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que apoyó con información.

En la misma publicación, el Secretario de Seguridad indicó que el “El R1” es señalado como el principal líder de “Los Rs”, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se caracteriza por su violencia, y con operación en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco.

“Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, apuntó el funcionario federal, quien además destacó que, con esta aprehensión, ya suman 31 detenciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

Finalmente, Harfuch agradeció el apoyo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del mismo estado, y resaltó que esta captura representa un avance de gran relevancia en la estrategia implementada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la extorsión en el país y debilitar a las estructuras criminales.

Gobernador de Michoacán destaca la detención de “El R1”

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán, escribió en redes sociales que la aprehensión de “El R1” es muestra de la colaboración entre autoridades estatales y federales, y el actuar con “inteligencia, estrategia y firmeza” para avanzar “en la construcción de la paz”.

“Reconocemos la labor del Gabinete de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Fiscalía General del Estado”, publicó el mandatario michoacano.

Asimismo, aseguró que en Michoacán “no habrá espacio para la impunidad”. “Quien atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos deberá enfrentar la acción de la justicia”, añadió.

¿Quién es “El R1”?

Desde el año pasado autoridades federales identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas de Día de Muertos.

Según informes oficiales, Álvarez Ayala es considerado uno de los líderes de mayor jerarquía del CJNG y colaborador cercano de su exlíder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las autoridades indican que su historial delictivo se remonta a más de una década.

El 6 de septiembre de 2012, “El R1” fue detenido en Guadalajara junto a su hermano Rafael Álvarez, alias “El R2”, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que involucró dos aeronaves de la Fuerza Aérea. En ese momento, ambos eran señalados como operadores estratégicos del CJNG.

Documentos de la Defensa señalan que “El R1” era entonces uno de los hombres de mayor confianza de “El Mencho”, con control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y la región norte de Jalisco. También habría coordinado incursiones del CJNG hacia Guanajuato y Michoacán, así como acciones contra grupos rivales.

“El R1” fue liberado el 18 de noviembre de 2022 por decisión de un Juez, en un hecho que autoridades federales calificaron como un “sabadazo” por haberse ejecutado de madrugada. Durante una conferencia matutina del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, el exsubsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja informó que el acusado había sido absuelto progresivamente en cinco procesos penales por delitos graves, entre ellos secuestro y delincuencia organizada.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los fallos judiciales se dieron por desvanecimiento de pruebas, falta de comparecencia de testigos y elementos insuficientes para acreditar responsabilidad.

El cargo Cae “El R1”, autor intelectual del asesinato de Manzo; ya van 31 detenidos: Harfuch apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Aunque la incidencia delictiva ha disminuido en Tlaxcala, la violencia con la que se cometen los delitos ha aumentado, reconoció el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, quien aseguró que este cambio ha obligado a ajustar la estrategia de seguridad.

El funcionario sostuvo que las cifras oficiales presentadas periódicamente por el Gobierno de México respaldan la reducción de diversos delitos en la entidad, pero admitió que los hechos delictivos que aún se registran son cada vez más violentos, principalmente por el uso de armas de fuego.

“Hay menos delitos, pero si ese delito es más violento, también impacta tanto en la percepción como en la estrategia de seguridad”, afirmó.

Martínez Velázquez respondió así a las críticas sobre un presunto ocultamiento de las cifras de inseguridad y aseguró que los datos oficiales son públicos y se presentan de manera periódica tanto en las conferencias estatales como en las exposiciones quincenales del Gabinete de Seguridad federal.

Indicó que, de acuerdo con la información presentada este martes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Tlaxcala se ubica entre las entidades con menor número de homicidios dolosos del país, con alrededor de 60 casos registrados en el periodo reportado.

No obstante, reconoció que la reducción estadística no significa que la población perciba mayor tranquilidad, pues la violencia en los hechos delictivos ha cambiado.

“Antes un asalto podía cometerse con un cuchillo; ahora cada vez es más frecuente que se utilicen armas de fuego. Esa transformación modifica la percepción ciudadana y obliga a fortalecer las acciones de inteligencia y coordinación”, señaló.

El vocero destacó que uno de los delitos en los que se ha concentrado la estrategia es el robo al autotransporte de carga, particularmente en el Arco Norte y la autopista México-Veracruz, consideradas rutas de alta incidencia por las autoridades federales.

Afirmó que, gracias a la instalación de arcos de seguridad, cámaras de videovigilancia y operativos coordinados, los delitos en el tramo tlaxcalteca del Arco Norte se han reducido en un 60 por ciento, lo que, dijo, ha convertido a Tlaxcala en referente para otras entidades por donde cruza esa vía de comunicación.

Explicó que incluso Hidalgo y el Estado de México acordaron replicar el modelo de vigilancia implementado en territorio tlaxcalteca para fortalecer la seguridad en toda la autopista.

Finalmente, Martínez Velázquez sostuvo que la estrategia estatal continuará enfocándose en labores de inteligencia, coordinación con fuerzas federales y reforzamiento de la vigilancia en carreteras, ante la evolución de las formas de operar de la delincuencia.

El cargo Gobierno admite mayor violencia en los delitos en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Esta diligencia se dio con base en la indagatoria iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con la recepción de un informe y denuncia presentada por elementos de la SSPC, quienes al encontrarse realizando labores de investigación, observaron a una persona armada ingresar al inmueble referido, y donde se advirtió que en el interior se encontraba otro hombre, además de diversos paquetes con las características de narcótico.

Por estos hechos, se solicitó la orden de cateo, debidamente autorizada por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en funciones de Juez de Control, en domicilio conocido como Camino Ex-Hacienda Xocoyucan, en la colonia Centro, San Diego Xocoyucan, donde se aseguraron, además del inmueble, seis armas de fuego largas, cajas que contenían cartuchos, cargadores, 900 tabiques confeccionados con material sintético que contenían polvo blanco con características propias de la cocaína, cada uno con peso aproximado de un kilogramo, una funda para arma de fuego y un chaleco táctico

Se continuará con el proceso correspondiente y con la investigación, y se dará intervención al Centro Federal Pericial Forense, a fin de que determine la naturaleza y peso, así como su identificación, descripción y clasificación de los indicios asegurados.

El cargo FGR, SSPC y Marina ejecutan orden de cateo en Tlaxcala; aseguran cerca de una tonelada de cocaína y armas de alto poder apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo que se presentó como un evento clave para fortalecer la coordinación en materia de seguridad terminó en una “cancelación oficial”, atribuida a “fallas logísticas” entre el gobierno estatal y el equipo federal.

Todo fue mentira. Más allá de la cancelación en sí, que según “reportes oficiales” ocurrió alrededor del 17 de febrero de 2026, el episodio dejó preguntas abiertas sobre cómo se manejan las expectativas públicas en un tema tan sensible como la seguridad.

Circuló información en redes y algunos medios sobre una posible mesa de trabajo con alcaldes, eventos en el C5i y hasta una campaña de posicionamiento mediático. De todo lo anterior, la campaña mediática es lo único que se confirmó y finalmente se canceló cuando comenzaron a brotar las mentiras que involucraban a una funcionaria de tercer nivel de la SSPC que intentó sacar provecho de su posición.

Sin embargo, no existe registro oficial de que García Harfuch tuviera esa visita en su agenda federal, ni de que a través de su oficina se planeara una estrategia de comunicación masiva con fines de prevención. La noticia hubiera sido compartida en la Mañanera del Pueblo, como normalmente lo hace Omar García Harfuch cuando va a visitar alguna entidad.

Por eso es que la mentira quedó al descubierto involucrando a funcionarios de nuestro estado y también de la federación, que pretendían hacer un negocio con cargo a los tlaxcaltecas. A eso se redujo todo a un negocio.

Es comprensible la ilusión de la ciudadanía tlaxcalteca: el secretario ha impulsado operativos que han dado resultados visibles en el estado en las últimas semanas, con detenciones que debilitan estructuras delincuenciales.

Y ciertamente Tlaxcala no es un territorio menor en la estrategia nacional de seguridad; al contrario, la coordinación federal-estatal ha sido constante y efectiva en varios frentes. Pero pese a lo anterior, Tlaxcala jamás ha estado en la agenda de Harfuch y sin embargo se intentó vender esa idea, ¿para qué?

Por eso cuando las expectativas se inflan sin base sólida, surgen especulaciones. ¿Quiénes alimentaron los rumores iniciales? ¿Por qué se difundieron versiones de un evento que nunca estuvo confirmado ni en la agenda de Harfuch? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaron algunos funcionarios o colaboradores en la difusión de información no verificada, incluyendo posibles trascendidos en medios nacionales para justificar la no realización?

En el gobierno estatal, la cancelación generó silencio inicial en instancias como la Secretaría de Gobierno, a cargo de Luis Antonio Ramírez Hernández, lo que abrió espacio a interpretaciones diversas.

Lo positivo es que la estrategia federal no depende de visitas puntuales: los resultados en detenciones y aseguramientos hablan por sí solos.

Lo preocupante es que, en el afán de capitalizar el prestigio de figuras nacionales como la de Harfuch, se generen expectativas que luego se desinflan, enterrando la confianza ciudadana.

En la entidad todavía esperamos que las autoridades estatales y federales comuniquen con precisión agendas, avances y limitaciones. La seguridad es un tema serio, no un espacio para especulaciones o intentos de posicionamiento personal o para hacer negocios al amparo del Estado.

Si hubo errores en la comunicación o en la gestión de expectativas, lo mejor es reconocerlos y corregir el rumbo, pero lejos de eso se recurrió a medios nacionales para justificar la cancelación de una visita que jamás sería realizada, que fue mentira y que pretendía vender humo.

Al final, lo que cuenta son los hechos: la paz en nuestras calles, la reducción de la incidencia delictiva y la confianza en las instituciones. Pero esa misma confianza se pierde cuando trabajadores de tercer nivel, pese a ser despedidos, intentan lucrar con la seguridad que deberían privilegiar.

Por ahora nadie podrá negar que Tlaxcala sigue siendo visto como un espacio prolífico para el negocio fácil, en el que diputados federales como Antonio López Ruiz, de Puebla y representante del Partido del Trabajo, intenta colocar a sus amistades para ver si a través de ellas se genera un intercambio que le genere divisas al miembro del PT.

Afortunadamente el negocio y la mentira cayeron, pero no sin antes dejar damnificados. La principal baja es Paulina Flores, una ex colaboradora de la SSPC originaria del norte del país, quien fue separada de su cargo tras ser descubierta por sus propios directivos. Ocupó el nombre de Omar García para intentar vender servicios que son -o eran- ajenos a sus funciones.

¿El motivo? Algo así como haber intentado usar su posición para montar un esquema de asesoría en medios que pretendía involucrar el nombre del secretario Omar García Harfuch en un negocio con Tlaxcala. Así de cínicos.

Fuentes al interior de la dependencia federal confirmaron que fue la rápida intervención de los mandos de la SSPC lo que frenó el fraude. Ahí están las benditas redes sociales donde abundan historias similares que se generaron en otras entidades.

La duda ahora es local: si la federación actuó con celeridad, ¿por qué en Tlaxcala no hay investigaciones contra los funcionarios estatales que, se presume, estaban dispuestos a cerrar el trato?

Es un hecho que alguien se hubiera hecho un poco más rico si las autoridades federales no se hubieran percatado de este fraudulento esquema.

¿Acaso el negocio sólo se frustró por el control federal, y no por la integridad de nuestras autoridades locales? ¿En Tlaxcala cuándo habrá consecuencias para los que intentan hacer negocio con cargo al erario? ¿Habrá sanciones o sólo Flores habrá perdido la confianza, el cargo y el negocio?

@martin_rodriguez.com

#omargarciaharfuch jamás tuvo #eventos #programados en #Tlaxcala y esa #mentira le costó el cargo a una funcionaria de último nivel en la SSPC ¿y en Tlaxcala aquién se sancionó por tan absurda mentira?

♬ sonido original – Martín Rodríguez

Las tres de ley… 1- La visita de Marco Antonio Solís “El Buki” a Tlaxcala pasó desapercibida, quizá por lo costoso del boleto o por la falta de difusión que se tuvo para este acto.

2- Los que acabaron disfrutaron el espectáculo fueron funcionarios, políticos y empresarios, pero también aquellos que aprovecharon que las primeras filas lucían vacías y que los propios organizadores en su desesperación -por mostrar un espacio abarrotado- optaron por permitir que los boletos más baratos se colocaran en la zona VIP.

3- El artista no desmereció, finalmente es un icono para la música regional, pero quizá a partir de este desafortunado momento en la vida artística de Tlaxcala se pensará dos veces antes de traer este tipo de artistas a un foro tan difícil de llenar como es el Tlahuicole.

Los Coyotes no llenan, la inauguración de la Olimpiada Nacional evidentemente no lo hizo y el Buki tampoco lo logró. Parece que el recién nacido Carlos Rivera puede seguir presumiendo de haber sido en único que logró llenar ese recinto futbolístico.

El cargo Harfuch y la visita que nunca ocurriría apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los registros, la primera semana del mes suele registrar entre 450 y 500 víctimas de homicidio doloso, lo que confirma una tendencia recurrente en los últimos años.

Los días más violentos

El 1 de agosto fue el día con más homicidios, con 67 víctimas, seguido del 7 de agosto, con 65 muertes. Estos datos se obtuvieron a través de los reportes enviados por las fiscalías y procuradurías estatales a la SSPC.

Estados que registraron más violencia

Los estados con el mayor número de asesinatos en esa semana fueron:

La mayoría de estos estados están gobernados por Morena, aunque la violencia afecta a todo el país sin distinción de partidos políticos.

¿Cómo se comparan estas cifras con años anteriores?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los homicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte en México. En 2024, último año del gobierno anterior, se registraron 33,241 asesinatos, una de las cifras más altas en la historia reciente del país.

Con información de: El imparcial

El cargo México registra 447 asesinatos en solo una semana de agosto, con Guanajuato a la cabeza de la violencia: SSPC apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La acción fue posible luego de 12 órdenes de cateo. En los operativos se aseguraron animales exóticos, dinero en efectivo, municiones y armas de fuego.

En conferencia de prensa, Harfuch expuso que este es el resultado de seis meses de trabajo de inteligencia e investigación con el uso de herramientas tecnológicas, así como vigilancias fijas y aéreas, se identificaron los puntos de extracción ilícita de combustible y rutas de traslado que eran utilizadas.

“Queremos agradecer a las autoridades de las entidades por su apoyo en estos operativos”, concluyó Harfuch durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del fiscal, Alejandro Gertz Manero, así como de los titulares de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

Información en desarrollo…

CON INFORMACION DE: LA JORNADA

El cargo Desmantelan red criminal dedicada al robo de hidrocarburos; 32 detenidos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista en el Senado, antes de su comparecencia con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, García Harfuch afirmó que, aunque la estrategia está dando resultados, no quiere decir que el problema esté resuelto.

“Los resultados están. Hay más de 18 mil detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. Cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para comprar armamento, para corromper autoridades.

“Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. Cuando nosotros, por instrucciones de la presidenta, mencionamos los resultados que está habiendo, es porque la ciudadanía tiene que saber cómo han disminuido los homicidios en el país, cuánta gente estamos deteniendo, qué personas estamos deteniendo. Siete estados de la República, de los 32, concentran el 50% de los homicidios, y en esos estamos trabajando cada día más”, detalló.

García Harfuch afirmó que ha bajado la tasa de homicidios en el país y ejemplificó que este primer trimestre es el más bajo desde el 2018.

“Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se está dando resultados. Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues se está dando resultados”, enfatizó.

El secretario de la SSPC también resaltó que las deportaciones que se han realizado a Estados Unidos, de miembros de la delincuencia organizada, no se han detenido.

“De hecho, las extradiciones no han parado. Las extradiciones son de manera continua, encabezadas por la Fiscalía General de la República, y las extradiciones continúan. Obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya habido extradiciones. Bueno, hubo un bloque de 29 personas que fueron en una misma salida”, explicó.

Para finalizar, el funcionario explicó que los problemas de seguridad no se resuelven en los seis meses que llevan, sin embargo, enfatizó que los resultados ahí están y que continúan trabajando.

“La finalidad es, por supuesto, proteger a la ciudadanía y en eso, miles de hombres y mujeres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales, estamos trabajando todos los días para ello”, puntualizó.

Con información de: Proceso

El cargo “Los resultados están”, afirma García Harfuch sobre estrategia de seguridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A tan solo semanas de la Elección Judicial, el Senado de la República detectó aspirantes con vínculos preocupantes. En un intento por blindar al Poder Judicial, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que ya se han girado oficios a instancias clave como la FGR, la SSPC y el INE para revisar a fondo los antecedentes de los candidatos, algunos de los cuales, dijo, han defendido a narcotraficantes.

En medio del proceso, el Senado ha comenzado la depuración de los aspirantes. Noroña, confirmó que ya fueron enviados tres oficios con solicitudes de información sobre los perfiles que buscan ocupar cargos clave en el máximo tribunal y órganos del sistema judicial.

Las solicitudes se enviaron a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, y al Instituto Nacional Electoral (INE). El propósito es claro: identificar a cualquier aspirante con antecedentes penales, vínculos con el crimen organizado o implicaciones legales que los hagan inelegibles para ocupar una magistratura o una posición dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Candidatos con vínculos criminales, en la mira

El Senado ha detectado aspirantes que en su historial profesional han defendido a narcotraficantes o han mantenido vínculos preocupantes con grupos delictivos. Ante ello, aseguró que el Área Jurídica del Senado ya trabaja en la elaboración de impugnaciones que se presentarán en los próximos días ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Estamos actuando con responsabilidad. No podemos permitir que personas con antecedentes cuestionables lleguen a ejercer funciones judiciales”, sentenció el legislador.

El Senado espera recibir las respuestas de las instituciones involucradas esta misma semana. De acuerdo con Noroña, esa información será clave para estructurar las impugnaciones legales ante el TEPJF, el cual tendrá que resolver con prontitud si las candidaturas en cuestión deben ser anuladas o retiradas.

Cabe recordar que el INE ha avalado en otros procesos la posibilidad de anular candidaturas que no cumplan con los requisitos, incluso después de celebrarse los comicios, aunque este mecanismo podría estar limitado por los tiempos del actual proceso judicial.

Revisión de antecedentes, fuera de tiempo según el TEPJF

No obstante, existen posturas encontradas dentro del mismo aparato institucional. Humberto Acosta Olivar, director del área de lo contencioso del Senado, explicó que, si bien el objetivo es evitar que lleguen al poder perfiles violentos o ligados a la delincuencia, el proceso electoral ya superó las etapas de valoración de idoneidad.

Según Acosta Olivar, la Sala Superior del TEPJF ha determinado que los Comités de Evaluación ya cumplieron con su tarea, por lo que no sería procedente reabrir los expedientes o modificar las listas de candidatos en plena campaña.

Desde el Senado también hubo críticas a la posición del INE, al que se le ha solicitado aplicar el criterio 8 de 8 en materia de violencia, que impide que agresores o personas con antecedentes graves accedan a cargos públicos. Sin embargo, el Tribunal Electoral ya resolvió que en esta elección no procede aplicar dicho filtro, debido a que los requisitos de elegibilidad ya fueron definidos y validados.

A pesar de ese revés, Fernández Noroña reiteró que insistirán por la vía legal para “limpiar” la elección judicial y asegurar que la ciudadanía no tenga que elegir entre perfiles cuestionables.

La lista nominal para esta jornada electoral supera los 97 millones de votantes, lo que la convierte en un ejercicio de participación sin precedentes. Sin embargo, la legitimidad de los futuros funcionarios del Poder Judicial dependerá en gran medida de la transparencia y limpieza del proceso.

Garantizar que solo los perfiles más íntegros lleguen al sistema de justicia es una prioridad nacional. Aunque el proceso enfrenta límites legales por los tiempos y etapas ya concluidas, el Senado apuesta a que, con la presión institucional y mediática, los órganos competentes actúen para corregir posibles omisiones.

Con información, de Julio Astillero

El cargo Senado limpia la elección judicial: quedan fuera del proceso los perfiles con nexos criminales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

 Dos laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina fueron clausurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en operativos ejecutados en Tlaxcala y Puebla, marcando así un hito en el combate al crimen organizado en el centro del país; a inicio de año.

Las acciones derivaron con la detención de 14 personas, además del aseguramiento de armas y drogas, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estos resultados forman parte de un esfuerzo nacional que ha arrojado cifras alarmantes: 839 narcolaboratorios fueron localizados y destruidos en 17 estados de la República entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de abril de 2025. Así lo dio a conocer este lunes el Gabinete de Seguridad durante el informe de seguridad presentado en Palacio Nacional, como parte de la estrategia “Cero Impunidad”.

Las entidades más afectadas por la operación de estos centros clandestinos son Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sonora y Baja California, aunque también se reportaron hallazgos significativos en estados tradicionalmente fuera del radar del narcotráfico, como Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

De acuerdo con el informe, en los laboratorios se incautaron más de un millón de litros de líquidos químicos y 227 toneladas de sustancias sólidas, utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. También se aseguraron 569 reactores, 364 condensadores y 126 destiladores, evidencia de que estos centros contaban con tecnología industrial para la fabricación a gran escala.

Muchos de estos laboratorios estaban camuflados en zonas rurales e incluso urbanas, con infraestructura que incluía sistemas eléctricos especializados, ventilación profesional y equipos de protección para manipular químicos altamente tóxicos.

Además del decomiso de equipo y sustancias, las operaciones también derivaron en la captura de miembros de organizaciones criminales responsables de operar estos laboratorios. En Puebla, por ejemplo, además del hallazgo de un narcolaboratorio, se encontraron plantíos de marihuana y amapola, así como vehículos adaptados para el traslado de precursores químicos.

La localización de estos centros de producción fue posible gracias a trabajos coordinados de inteligencia por parte del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y fuerzas federales como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

La estrategia “Cero Impunidad” busca golpear la capacidad logística y financiera de las redes del narcotráfico, reduciendo su margen de acción a través de operativos simultáneos e interinstitucionales. Este despliegue ha sido clave para frenar la producción de drogas sintéticas, las cuales representan una de las mayores amenazas actuales para la salud pública y la seguridad nacional.

Con información, de Julio Astillero

El cargo Suman narcolaboratorios 839 en todo el país apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.