De acuerdo con los señalamientos difundidos en redes sociales, se estaría solicitando la integración de cientos de hojas de afiliación, con una meta que alcanzaría a más de la mitad de los estudiantes matriculados en determinadas instituciones.

La acusación es especialmente grave porque, según los inconformes, la afiliación estaría dejando de ser una decisión personal para convertirse en una exigencia vinculada al entorno escolar. De comprobarse, implicaría una preocupante intromisión de intereses políticos en espacios destinados a la formación académica.

Los estudiantes cuestionan hasta dónde llegarán estas presiones y demandan respeto a su libertad para decidir si participan o no en actividades partidistas. El reclamo es directo: el voto y la afiliación deben ser voluntarios, no producto de amenazas, condicionamientos o presiones.

Los universitarios deben ser dicen que las denuncias sean investigadas para determinar responsabilidades.

El cargo Universitarios denuncian presión política ¡Nos afilian o nos reprueban! apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La funcionaria rechazó que sus ausencias por motivos de salud sean utilizadas para desacreditar su desempeño o justificar una votación en su contra. Afirmó que su trabajo está sustentado con oficios, acuses, expedientes e informes, y cuestionó que algunas sesiones hayan sido programadas mientras enfrentaba problemas de salud, pese a que integrantes del Ayuntamiento conocían su situación.

Pero el punto más delicado de su posicionamiento fue la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, documento que decidió no firmar, al asegurar que encontró inconsistencias que requieren ser aclaradas.

Gamero habló de anomalías, incongruencias en el gasto, precios elevados y conceptos cuya comprobación, desde su perspectiva, no resulta suficiente. Su negativa a estampar su firma coloca ahora la lupa sobre el manejo financiero de la administración municipal.

“Mi firma tiene un valor y representa una responsabilidad”, sostuvo la síndica.

Otro frente de batalla está en el área jurídica. Gamero Sotoñez aclaró que la Dirección Jurídica no depende de la Sindicatura y cuestionó que se le pretenda responsabilizar por procedimientos que, aseguró, están fuera de su control.

Incluso señaló que existen documentos en los que la propia área jurídica habría determinado que no había elementos suficientes para presentar determinadas denuncias, por lo que rechazó asumir responsabilidades sobre asuntos que previamente fueron considerados jurídicamente inviables.

La síndica también puso sobre la mesa el gasto destinado a medios de comunicación. Sin cuestionar la necesidad de informar a la población, preguntó si el destino de “miles y miles de pesos” corresponde realmente con las prioridades de las comunidades y las necesidades de los habitantes de Yauhquemehcan.

Pero la acusación que podría elevar aún más la tensión fue la relacionada con presuntas amenazas e intimidaciones. Gamero Sotoñez afirmó que ha recibido presiones para dejar de hablar públicamente y decidió hacerlo del conocimiento de la ciudadanía.

La funcionaria advirtió que, si algo llegara a ocurrirle a ella o a algún integrante de su familia, deberá investigarse y esclarecerse. Además, cuestionó la circulación de una nota periodística sobre sus ausencias antes de que el tema fuera discutido formalmente en Cabildo, lo que abrió otro interrogante: ¿quién filtró la información y desde dónde?

En el caso de Santa Úrsula Zimatepec, la síndica reconoció que existe una problemática social que merece atención, pero rechazó que el conflicto sea utilizado para confrontar al Ayuntamiento o endosarle responsabilidades que, aseguró, no dependen exclusivamente de ella.

El cargo Síndica de Yauhquemehcan acusa anomalías, amenazas y opacidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante los señalamientos sobre presuntas reuniones, ofrecimientos económicos y amenazas a trabajadores de la delegación del Bienestar en Tlaxcala para participar en actividades de carácter político, el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, llamó a los servidores públicos a denunciar cualquier acto de presión o condicionamiento laboral.

Martínez Velázquez sostuvo que, si existieran este tipo de prácticas dentro de la administración federal, los trabajadores cuentan con mecanismos institucionales para presentar las denuncias correspondientes, particularmente ante los Órganos Internos de Control.

“Los trabajadores tienen la posibilidad de denunciar ante el Órgano Interno de Control de la Federación sobre estas prácticas”, señaló el funcionario, al considerar que cualquier intento de un superior jerárquico por obligar a empleados públicos a participar en actividades políticas sería un asunto grave.

El vocero recordó que la administración estatal ha fijado públicamente una postura en contra de este tipo de conductas y que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha señalado que ningún secretario, titular o superior puede obligar a los trabajadores a participar en actividades políticas.

Ante las versiones difundidas en medios sobre presuntas presiones dentro del Gobierno Federal, Martínez Velázquez informó que se comunicó con el delegado de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, para conocer su postura, ya que es el señalado por los trabajadores del gobierno de México.

De acuerdo con lo expuesto por el vocero, el delegado negó que se hayan realizado las reuniones señaladas y rechazó también que se hayan ofrecido pagos de 500 pesos a trabajadores, así como la existencia de amenazas para obligarlos a participar.

“Lo que me comenta el delegado es que es falso, que no se ha llevado a cabo este tipo de reuniones, ni el tema del dinero, ahí le ponen que ofrecía 500. Y sobre todo, tampoco el tema de las amenazas”, explicó Martínez Velázquez.

El funcionario agregó que, hasta donde tiene conocimiento, no existe una denuncia formal relacionada con estos hechos, por lo que consideró que el asunto se mantiene, hasta ahora, en el terreno mediático.

“Entiendo que no se ha hecho ninguna denuncia, todo es un tema mediático. Y lo que refiere el delegado es que es información falsa”, concluyó.

El cargo Vocero pide denunciar presiones políticas de delegado ante instancias competentes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo que debería ser una competencia democrática para definir al coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación parece haberse convertido, a los ojos de buena parte de los tlaxcaltecas, en una operación política donde funcionarios estatales y hasta el delegado de la Secretaría de Bienestar, Carlos Luna Vázquez, estarían interviniendo en la elección interna jugando un papel que va mucho más allá de sus responsabilidades institucionales, desviando recursos humanos, vehículos y condicionando la permanencia del empleo a tlaxcaltecas a cambio de apoyo político para Alfonso Sánchez García.

La pregunta ya no es solamente quién será el coordinador estatal. La pregunta es mucho más grave: ¿quién está financiando y operando la estructura que busca posicionar e imponer a Alfonso Sánchez García?

Porque mientras Morena habla de democracia, transparencia, piso parejo y respeto a las reglas internas, en Tlaxcala crecen los señalamientos sobre el presunto uso de recursos humanos, vehículos oficiales, estructuras gubernamentales y trabajadores del servicio público que son obligados, presionados y condicionados para seguir en el gobierno a cambio de promover un proyecto político.

A la vista de todos estamos frente a la utilización del aparato público para construir una candidatura.

Funcionarios que llegaron al gobierno bajo la bandera de la transformación hoy parecen haberse olvidado de una de las principales premisas de la Cuarta Transformación: el gobierno no debe estar al servicio de intereses personales ni de grupos políticos.

Resultaría contradictorio que quienes juraron transformar Tlaxcala terminaran reproduciendo exactamente aquellas prácticas que durante años fueron criticadas: movilización de estructuras, utilización de trabajadores, propaganda anticipada, promoción territorial y presunta utilización de recursos públicos para fortalecer un proyecto político.

Y aquí aparece una pregunta que debería responder directamente la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y la dirigencia nacional del partido: ¿qué están esperando para intervenir?

¿Van a esperar a que la operación política sea todavía más evidente? ¿Van a permitir que las estructuras gubernamentales inclinen la balanza antes de que siquiera concluya el proceso interno? ¿O realmente habrá piso parejo para todos los aspirantes?

Porque si Morena pretende convertirse en el partido que transforme la vida pública del país, no puede permitir que en Tlaxcala algunos funcionarios conviertan las oficinas gubernamentales en cuartos de guerra electorales.

La defensa de la Cuarta Transformación y de la soberanía nacional no puede utilizarse como argumento para justificar la construcción anticipada de un proyecto personal o de grupo.

Lo verdaderamente preocupante es el uso de recursos públicos y estructuras gubernamentales para promover a un aspirante, la disputa dejaría de ser entre proyectos políticos y se convertiría en una lucha desigual entre quienes tienen el respaldo del aparato gubernamental y quienes pretenden competir con sus propios recursos y estructuras partidistas.

El problema de fondo no es Alfonso Sánchez García como persona. El problema es la eventual utilización del poder público para favorecerlo.

Porque cuando un gobierno utiliza sus recursos para construir una candidatura, la democracia deja de ser competencia y comienza a parecer imposición.

Y eso es precisamente lo que el viejo régimen hacía.

¿Dónde quedaron la honestidad, la transparencia, la lealtad al pueblo y el principio de que primero están los ciudadanos?

En Morena Tlaxcala, esos principios parecen haber quedado sepultados debajo de bardas, lonas, postes, espectaculares, recorridos, estructuras territoriales y una maquinaria política que, según los señalamientos, debe investigarse, por operar para Alfonso Sánchez García.

La ironía es brutal: quienes llegaron prometiendo acabar con el viejo sistema podrían estar reproduciendo sus peores prácticas.

El pueblo de Tlaxcala merece saber quién organiza, quién paga, quién moviliza, quién proporciona vehículos, quién utiliza trabajadores y, sobre todo, quién está detrás de esta operación política.

La Comisión Nacional de Elecciones y la dirigencia nacional de Morena tienen la palabra.

Porque si realmente existe piso parejo, es momento de demostrarlo.

Y si no existe, el silencio también es una respuesta, si la comisión nacional de elecciones y la dirigencia nacional de morena no actúan inmediatamente, no solo traicionarían al pueblo, se convertirían en cómplices de una imposición que los tlaxcaltecas inconformes rechazarán en las urnas en la elección de 2027.

Tlaxcala no necesita que un grupo se reparta el poder político para conservar privilegios. Necesita gobiernos que respeten al pueblo, instituciones que no sean utilizadas electoralmente y partidos que sean capaces de defender los principios que prometieron representar.

La Cuarta Transformación no puede convertirse en el disfraz de una nueva clase política.

Porque si para llegar al poder se utilizan las mismas prácticas que antes se condenaban, resulta inevitable saber si hubo realmente un cambió en Tlaxcala o el viejo régimen regresó a ocupar el poder que jamás soltó, porque recordemos que todos los ex gobernadores han salido de la misma mata todos se formaron y salieron del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alfonso Sánchez Anaya (QEPD) salió del PRI y luego se formó en la izquierda pero en su paso trató de imponer a su esposa como gobernadora de Tlaxcala y el pueblo rechazó esa imposición, luego llegó Héctor Israel Ortiz Ortiz bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), y en este sexenio logró borrar al PRI del estado, aunque luego el tricolor se recuperó con el triunfo de Mariano González Zarur quien creó políticamente y dio continuidad al proyecto político del PRI con Marco Antonio Mena Rodríguez, y fue este el que le traicionó a su padre político y le dio el poder a Lorena Cuéllar Cisneros, todos han sido priistas, con distinta camiseta, así que no nos sorprenda las mañas del gobierno, porque al final todos fueron cortados con la misma tijera.

El cargo MORENA ¿CUÁNDO VA A PONER ORDEN EN TLAXCALA? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

No porque las denuncias sean falsas, sino porque la indignación institucional tiene destinatario. La narrativa aparece justo cuando la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera se mantiene como la figura con mayor respaldo rumbo a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación. Más que un compromiso con la ley, el mensaje parece formar parte de una estrategia política: desgastar a quien hoy representa el principal obstáculo para el proyecto que impulsa el grupo gobernante.

Lo paradójico es que quienes hoy prometen combatir la coacción política son los mismos que han convertido la estructura gubernamental en un gigantesco aparato de operación electoral. En los pasillos de las dependencias abundan los testimonios de trabajadores que aseguran ser convocados, presionados o condicionados para asistir a reuniones, movilizaciones y actividades relacionadas con el proyecto político del alcalde capitalino con licencia, Alfonso Sánchez García. Nadie los escucha. Nadie los protege. Nadie anuncia investigaciones.

Esa es la verdadera fotografía del poder: una justicia que sólo mira hacia donde conviene, una justicia selectiva.

Si la ley realmente fuera la prioridad, las investigaciones alcanzarían a todos los grupos políticos por igual. Pero cuando únicamente se persigue a los adversarios internos y se protege a los cercanos, deja de existir justicia. Lo que queda es una institución utilizada como herramienta para administrar la sucesión.

La Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo desterrar las prácticas del viejo régimen. Juró acabar con el uso faccioso del gobierno, con la presión sobre los trabajadores y con el aprovechamiento de los recursos públicos para construir candidaturas. Hoy, en Tlaxcala, el discurso comienza a parecerse demasiado a aquello que tanto criticó.

Porque no basta con decir que se investigará. Hay que demostrar que nadie tiene patente de impunidad. Hasta ahora, la vara con la que se mide a unos no es la misma con la que se mide a otros.

La guerra política ya comenzó. Y como en los viejos tiempos, el aparato gubernamental parece estar afinando sus herramientas. Primero se instala una narrativa; después llegan las filtraciones, las descalificaciones y las investigaciones selectivas. El libreto es conocido: construir culpables antes que esclarecer los hechos, primero detengo y luego averiguo.

El riesgo es mayor de lo que parece. Cuando un gobierno utiliza la legalidad como arma política, las instituciones dejan de servir a los ciudadanos y comienzan a servir a los intereses de quienes detentan el poder. Esa degradación institucional es mucho más grave que cualquier disputa entre aspirantes.

La pregunta, entonces, no es si habrá investigaciones. La verdadera pregunta es si el gobierno tendrá el valor de investigar también a los funcionarios señalados de operar políticamente en favor de Alfonso Sánchez García. Si la respuesta es no, quedará claro que la supuesta cruzada contra la coacción política no era un acto de justicia, sino una operación de control político.

Porque la peor forma de corrupción no siempre consiste en violar la ley. A veces consiste en aplicarla únicamente contra quienes estorban al poder.

El cargo La justicia selectiva también es corrupción apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.