La guerra interna en el Ayuntamiento de Yauhquemehcan subió de tono. La síndica Ana Rosa Gamero lanzó un duro posicionamiento contra la administración del alcalde David Vega Terrazas, al poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos, la cuenta pública 2025, el funcionamiento del área jurídica y las decisiones tomadas por el Cabildo.
La funcionaria rechazó que sus ausencias por motivos de salud sean utilizadas para desacreditar su desempeño o justificar una votación en su contra. Afirmó que su trabajo está sustentado con oficios, acuses, expedientes e informes, y cuestionó que algunas sesiones hayan sido programadas mientras enfrentaba problemas de salud, pese a que integrantes del Ayuntamiento conocían su situación.
Pero el punto más delicado de su posicionamiento fue la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, documento que decidió no firmar, al asegurar que encontró inconsistencias que requieren ser aclaradas.
Gamero habló de anomalías, incongruencias en el gasto, precios elevados y conceptos cuya comprobación, desde su perspectiva, no resulta suficiente. Su negativa a estampar su firma coloca ahora la lupa sobre el manejo financiero de la administración municipal.
“Mi firma tiene un valor y representa una responsabilidad”, sostuvo la síndica.
Otro frente de batalla está en el área jurídica. Gamero Sotoñez aclaró que la Dirección Jurídica no depende de la Sindicatura y cuestionó que se le pretenda responsabilizar por procedimientos que, aseguró, están fuera de su control.
Incluso señaló que existen documentos en los que la propia área jurídica habría determinado que no había elementos suficientes para presentar determinadas denuncias, por lo que rechazó asumir responsabilidades sobre asuntos que previamente fueron considerados jurídicamente inviables.
La síndica también puso sobre la mesa el gasto destinado a medios de comunicación. Sin cuestionar la necesidad de informar a la población, preguntó si el destino de “miles y miles de pesos” corresponde realmente con las prioridades de las comunidades y las necesidades de los habitantes de Yauhquemehcan.
Pero la acusación que podría elevar aún más la tensión fue la relacionada con presuntas amenazas e intimidaciones. Gamero Sotoñez afirmó que ha recibido presiones para dejar de hablar públicamente y decidió hacerlo del conocimiento de la ciudadanía.
La funcionaria advirtió que, si algo llegara a ocurrirle a ella o a algún integrante de su familia, deberá investigarse y esclarecerse. Además, cuestionó la circulación de una nota periodística sobre sus ausencias antes de que el tema fuera discutido formalmente en Cabildo, lo que abrió otro interrogante: ¿quién filtró la información y desde dónde?
En el caso de Santa Úrsula Zimatepec, la síndica reconoció que existe una problemática social que merece atención, pero rechazó que el conflicto sea utilizado para confrontar al Ayuntamiento o endosarle responsabilidades que, aseguró, no dependen exclusivamente de ella.
