El primero, un historiador que alguna vez gozó de prestigio, hoy confirma estar dispuesto a vender su pluma al mejor postor; la segunda, una senadora priista que, en su afán de señalar a Morena, olvida el lodazal de su propio partido. Ambos, en un despliegue de cinismo, nos recuerdan que en política y en la academia, el descaro es el nuevo rey.

 Empecemos con Krauze, quien, en un arranque de delirio o servilismo, tuvo el descaro de coronar a Ernesto Zedillo como “el más congruente de los jóvenes sobrevivientes de Tlatelolco y el movimiento estudiantil”. Sí, leyó bien. El hombre que vendió los ferrocarriles mexicanos a una empresa extranjera —para luego irse a trabajar con ella al terminar su presidencia— ahora es, según Krauze, el estandarte de la lucha estudiantil del 68.

 ¿En qué momento el historiador perdió la brújula? Zedillo, miembro de la moderada Agrupación Emiliano Zapata, jamás fue un líder prominente del movimiento. Ese título pertenece a los estudiantes y profesores que enfrentaron al régimen, no a un tecnócrata que escaló al poder a punta de cálculo y oportunismo. Krauze, con esta afirmación, no solo reescribe la historia: la escupe.

 Pero si de incongruencias hablamos, la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos se lleva las palmas. Con una desfachatez que raya en lo caricaturesco, salió a despotricar contra Morena y a añorar los “gloriosos” días del PRI. ¿Qué tal el descaro? Horas después de su show, el diario 24 Horas reveló que el PRI, bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, gastó 21 millones de pesos en taxis aéreos de la empresa Comercializadora Laredo.

 Sí, 11.6 millones en un solo contrato firmado en marzo de 2025, más otros 10 millones en arreglos similares hace dos años. ¿Las cláusulas? Un desfile de vaguedades: aeronaves “disponibles según existencias”, costos extra por impuestos y servicios, y un etcétera que huele a cheque en blanco.

 Y eso es solo la punta del iceberg. La Plataforma Nacional de Transparencia destapó más joyas del PRI en el primer trimestre de 2025: 1.8 millones a Galdina Lagos Mérida para “producción de eventos”, 7.7 millones por “asesorías” a Especialistas en Multimedia, y 20.8 millones en una campaña publicitaria que, según lo visto, no sirvió ni para lavar la cara del partido.

 Pero el colmo llegó con la detención de Walter Javier Olivera Valladares, excoordinador de comunicación social en Yucatán, acusado de desviar 16 millones destinados a publicidad para el gobierno de Moreno Cárdenas. ¿Y así nuestra paisana Ávalos tiene el valor de señalar a Morena como “los peores”?

 Mientras la senadora se llenaba la boca hablando de decencia, olvidó mencionar su complicidad con el sindicato Siete de Mayo, al que exprimió sin pudor cuando le convenía. Durante los gobiernos de Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena, Ávalos no tuvo reparos en aliarse con ese gremio para apuntalar su carrera.

 Ahora que el “S7” no le sirve, lo patea. Y cuando Edgar Tlapale entregó el sindicalismo al priismo, ¿dónde estaba la “decencia” que hoy invoca?. No fue el ex líder sindical su consentido cuando fungió como presidenta municipal de la capital ¿o en aquel momento el gremio de burócratas era distinto al de ahora?

 En su afán de reflector, Ávalos no solo traiciona la memoria de sus propios aliados: también se olvida de la sororidad que tanto presume. Si alguien debería entender las dificultades de una mujer en el poder, es otra mujer. Pero aquí no hay empatía, solo carroña y un hígado que le gana a cualquier señal de seriedad.

Exigir la renuncia de la hermana de un presunto delincuente (como lo es Daniel Erazo), por el simple hecho de ser familiar, es tan absurda como pedirle a cualquier otro funcionario que se aleje de su cargo por que cualquiera de sus consanguíneos ha elegido el camino incorrecto. Incluso si las autoridades determinan vincularlo, solicitar su dimisión al cargo sería violatorio de las garantías de una mujer -Karina Erazo- que es madre  de familia, igual que la senadora y que ganó ese espacio por el voto de sus agremiados, algo muy parecido al voto popular que decidió postular y votar por la actual senadora.

Su crítica a Morena no es un posicionamiento valiente; es un berrinche de quien extraña los reflectores y no sabe ganárselos con propuestas. Pegarle al sindicato que la acompañó en su pasado reciente es estrategia, pero incluso en la guerra hay codigos y cuando esos no se respetan el respeto se merma.

 Krauze y Ávalos son dos caras de la misma moneda: la del oportunismo que se disfraza de autoridad moral. Uno reescribe la historia para adular a un expresidente que nunca fue lo que dice; la otra señala al adversario mientras su partido se ahoga en escándalos de corrupción.

 Ambos nos recuerdan que, en México, el cinismo no tiene límites. Y mientras ellos juegan a disfrazarse, nosotros seguimos esperando que alguien, alguna vez, recupere la brújula o al menos la memoria.

El cargo Un Krauze y una Ávalos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Quienes alguna vez le sirvieron por obligación ahora recuerdan a la base trabajadora un hecho que marcó la historia del sindicato: fue Tlapale quien negoció su entrega, primero con la Ley de Pensiones Civiles y luego al abrir la puerta a los medicamentos genéricos. La herida sigue abierta, y los burócratas no olvidan.

La historia de Tlapale al frente del Sindicato 7 de Mayo no es la de un líder aclamado por las masas. Su ascenso, más bien, fue el resultado de maniobras políticas y promesas incumplidas.

El 4 de abril de 2014, en una asamblea con carácter de congreso, Tlapale fue electo secretario general al frente de la planilla café, con un mandato que se extendería hasta 2018.

Sin embargo, su llegada al poder no fue por méritos propios, sino por el respaldo de su entonces madrina política, Guadalupe Rodríguez Guzmán, a quien traicionaría antes que a nadie.

Rodríguez Guzmán, una líder combativa, había mantenido a raya al entonces gobernador Mariano González Zarur con amparos contra la Ley de Pensiones Civiles, promulgada en el Decreto 196 del 25 de octubre de 2013.

En su desesperación por proteger los derechos de los trabajadores ante la inminencia de esta reforma, Rodríguez confió en Tlapale, un personaje que en ese momento era gris e intrascendente.

Incluso lo obligó a presentar un proyecto alternativo de ley durante la campaña, en un intento por mostrar apertura al diálogo ante el gobierno sin comprometer los intereses de los agremiados.

El proyecto de Rodríguez Guzmán buscaba sanear las finanzas de Pensiones Civiles y garantizar las jubilaciones, proponiendo que el sindicato administrara los recursos, una idea que chocó directamente con los intereses de González Zarur.

Como secretario del interior, actas y acuerdos, Tlapale conocía a fondo el proceso legal contra el Decreto 196, un hecho que no puede negar, respaldado por actas y publicaciones periodísticas de la época.

Sin embargo, según allegados al propio Tlapale, el ganadero convertido en gobernador habría “comprado” la lealtad del futuro líder sindical.

Una vez designado secretario general, Tlapale comenzó a cumplir los acuerdos con González Zarur a espaldas de su comité ejecutivo.

Los amparos, que eran la principal defensa contra la ley, fueron abandonados, y con ellos se perdió la batalla legal que Rodríguez Guzmán había librado con éxito.

La purga de agosto

El 5 de agosto de 2014 marcó un punto de no retorno. A través de los medios impresos, Tlapale lanzó una campaña de desprestigio contra Rodríguez Guzmán, acusándola de intentar imponer a otro líder por encima de él.

Al no lograr el respaldo de la base, optó por la vía más drástica: tomar el control por la fuerza. Ese mismo día, respaldado por González Zarur y acompañado por un grupo de sindicalizados a quienes prometió dádivas, Tlapale ocupó las instalaciones del sindicato.

Nueve días después, el 14 de agosto, en una asamblea amañada y en clara violación de los estatutos, Tlapale expulsó arbitrariamente a Rodríguez Guzmán y a nueve líderes más, incluyendo a Pedro Erazo Rivera, Karina Erazo Rodríguez, Alina Meneses Texis, entre otros.

También destituyó a parte de su propio comité, aquellos que se opusieron a su traición. Para llenar los puestos vacantes, nombró a personas de las cinco planillas opositoras que habían competido contra él, asegurándose su lealtad con la promesa de carteras sindicales.

La elección, lejos de ser democrática, se decidió a mano alzada, sin voto libre ni secreto.

La Ley de Pensiones Civiles, aprobada en octubre de 2013 y vigente desde enero de 2014, tuvo un impacto devastador. El Decreto 196 estableció que los trabajadores debían jubilarse a los 65 años, eliminando la posibilidad de retiro tras 30 años de servicio sin límite de edad.

Aunque su aplicación plena comenzó en 2024, la base trabajadora sabe que Tlapale aprobó esta reforma en 2013, en un acuerdo con González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez, figuras clave del PRI en Tlaxcala.

Pero el daño no terminó ahí. En 2016, Tlapale permitió la entrada de medicamentos genéricos y la contratación de médicos que operaban al interior del sindicato, generando un esquema de recetas en blanco que llenaban con montos exorbitantes.

Este “pozo sin fondo” fue señalado por auditorías y especialistas financieros, y llevó al gobierno a buscar alternativas como Médica Life, empresa que actualmente ofrece el servicio.

Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno, denunció públicamente estas prácticas, lo que desató un rechazo social hacia los burócratas, cuyos abusos fueron disfrazados de “conquistas sindicales”.

Hoy, mientras Tlapale busca recuperar su influencia con manifestaciones, los burócratas enfrentan las consecuencias de su gestión.

Actualmente los trabajadores despedidos en los municipios luchan por recuperar sus espacios, y los jubilados mantienen la esperanza de llevar algo a sus hogares y pese al desgaste al que se ha sometido la base confía en una nueva líder, electa democráticamente y reconocida por una autoridad federal, para recuperar el rumbo del Sindicato 7 de Mayo.

Para los burócratas, el 7 de mayo no es solo una fecha de celebración, sino un recordatorio de las batallas perdidas y las que aún están por librarse. En la próxima celebración veremos si la herida y la memoria siguen intactas.

El cargo 7 M: una herida abierta apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“Les pido respetuosamente confíen en su servidora, venimos a servirles a ustedes y para eso pagan sus cuotas sindicales, para que nosotros le sirvamos a ustedes y no ustedes a nosotros”, expresó Karina Erazo Rodríguez, la recién nombrada secretaria general del Sindicato 7 de Mayo.

En una entrevista la nueva líder del sindicato local más importante, y quien arriba a ese cargo después de un año y siete meses de conflicto, aseveró que hoy el sindicato es de todos y que de la misma forma cada propiedad y cada instalación es de todos.

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En su primera aparición en medios de comunicación, la líder del sindicato de burócratas se dijo respetuosa de las opiniones de sus detractores, pero afirmó que al resolverse en una instancia federal, se acaba con cualquier suspicacia que intente demeritar la resolución legal.

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Indicó que en el sindicato también es tiempo de mujeres, pero que además ella llega a la dirigencia con 21 años de servicio, con experiencia y con preparación para enfrentar las situaciones que se han generado en el sindicato.

Agregó que también se ha actualizado con relación a las reformas de las leyes laborales, pues dijo que la responsabilidad asumida conlleva hacerlo para trabajar y hacer muchas cosas en beneficio de la base trabajadora y no por beneficios propios.

Por eso, a los hombres que forman parte del sindicato 7 de Mayo les pidió su confianza en las mujeres, al destacar que han demostrado que pueden y han dado resultados.

“A las mujeres les digo que de mujer a mujer sé las necesidades que tenemos como madres solteras, viudas y demás, y las necesidades que tenemos para sacar adelante nuestra familia, entonces vamos para adelante”, indicó.

A cuatro días de tomar las riendas del sindicato, contó que de momento analizan las condiciones en las que reciben no solamente a la organización, sino también toda la infraestructura, bajo la supervisión de un notario público que dé cuenta del saboteaje del centro recreativo y de un autobús para el traslado de los burócratas que está chocado, cuya responsabilidad recae en el grupo encabezado por Edgar Tlapale y Enrique “Yo confío en que ellos hagan una entrega-recepción (tienen un plazo de 5 días según los estatutos) para poder rendir buenas cuentas a los compañeros, nosotros les queremos dar buenas cuentas, pero necesitamos tener una entrega y esperamos que lo hagan, y por supuesto si se tiene que actuar legalmente lo haremos, pero confiamos en que se pueda hacer de la mejor manera, que marche bien y no entrar nuevamente en ese tipo de conflictos”, expresó.

Karina Erazo Rodríguez también comentó que ya analizan los casos de despidos de los sindicalizados en los municipios como en el caso de Huamantla donde se registró el mayor número de esas situaciones.

Afirmó que están en busca de acercamientos con las autoridades no solo municipales, sino también de los tres Poderes del Estado, pero aclaró que esos trabajos para entablar diálogo iniciaron desde antes de recibir la toma de nota de la Secretaría General del Comité Ejecutivo del Sindicato 7 de Mayo, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

“Tenemos que entablar comunicación con todos, no hay firmas de convenios, no han pagado prestaciones, hay despidos y también jubilaciones pendientes”, dijo.

• Justicia Federal da toma de nota

Karina Erazo Rodríguez recordó que el pasado 29 de diciembre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por órdenes del Tribunal Colegiado de Circuito, última instancia a la que recurrieron, le entregó la toma de nota que le acredita como la líder del sindicato 7 de Mayo.

Relató que consiguió ese documento después de distintos procesos llevados a cabo para elegir a la dirigencia, después de que el grupo de Enrique Escobar reventara una asamblea en septiembre de 2022, misma que fue retomada el 9 de diciembre de ese mismo año.

Agregó que pese a que se trató de un procedimiento apegado a los estatutos y a la legalidad, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje les negó la toma de nota, por lo que acudieron al juzgado federal, instancia que falló a favor de ellos pero que se fue a una superior puesto que los terceros interesados, el grupo de Enrique Escobar, nuevamente solicitaron la revisión.

“Por eso nos vamos a la última instancia, que es el Colegiado que nuevamente revisa el proceso y al final da su veredicto; dice que hicimos un buen proceso y pide que nos den la toma de nota y se le ordena al Tribunal”.

Aseguró que ese nombramiento es completamente legal y legítimo, por lo que en esas mismas condiciones ya puede representar a sus compañeros sindicalizados en cualquier asunto legal y en todo lo que concierne a la organización.

• Cuéllar no metió las manos

La dirigente del sindicato 7 de Mayo aseguró que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en ningún momento metió las manos en el proceso para favorecerla.

“Si eso fuera tuviéramos la toma nota desde hace mucho, nosotros hemos estado en un largo proceso, no ha sido fácil; desde septiembre cuando nos reventaron nuestra asamblea y la reanudación pasó un año con tres meses para que se solucione este conflicto, y quien nos da la razón es el Colegiado federal, una estancia federal”, señaló.

Agregó que además son un sindicato autónomo que, en su caso, esperó los tiempos precisamente para no violentar esa autonomía.

Reiteró que el llamado a los sindicalizados es a la unidad sin importar los colores de la planillas durante la renovación de la dirigencia, y aseguró que su labor será para el rescate y la defensa de los espacios laborales, de que quienes han sido despedidos de forma injustificada.

“Lo que hoy necesitamos en el sindicato es la unidad para sacar adelante los trabajos, respetamos la ideología de cada compañero y hoy la mayoría decide, y yo los invito a sumarse porque esta unidad nos ayudará a respetar a nuestro sindicato”.

• Gobierno da respaldo a nueva dirigencia

A través de un comunicado, el Gobierno de Tlaxcala se dijo respetuoso de las decisiones de las autoridades laborales, locales y federales, luego de que el Tribunal Colegiado de Circuito, de competencia federal, notificó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado la resolución para que otorgara la toma de nota a la dirigencia del Sindicato 7 de Mayo.

El Ejecutivo tlaxcalteca destacó que acatará las resoluciones a que haya lugar en este tema y al atender esas instrucciones, protegerá los derechos laborales de todos los trabajadores sindicalizados, y confió en que las relaciones entre los diversos grupos sindicales serán en concordia, en beneficio de los trabajadores.

También agregó que la toma de nota se realizó con base en la instrucción de un tribunal colegiado federal, que resolvió a favor de una de las dos partes que impugnaron los procesos de elección gremial.

El Gobierno del Estado reiteró que la facultad del TCyA en materia del procedimiento electoral sindical es únicamente la de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en los estatutos que el mismo gremio redacta, y que se cumplieron los requisitos previstos en la norma estatutaria del sindicato para la convocatoria del 19 de septiembre de 2022, la integración del Comité de Vigilancia Electoral Sindical y el procedimiento electoral sindical.

El cargo Estamos para servirles, no ustedes a nosotros, dice Karina Erazo a sindicalizados apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.