Mientras Edgar Tlapale Ramírez se alista para encabezar las manifestaciones por los festejos del Sindicato 7 de Mayo, en un intento por recuperar un liderazgo que nunca consolidó, las voces disidentes al interior del gremio comienzan a resonar con fuerza.
Quienes alguna vez le sirvieron por obligación ahora recuerdan a la base trabajadora un hecho que marcó la historia del sindicato: fue Tlapale quien negoció su entrega, primero con la Ley de Pensiones Civiles y luego al abrir la puerta a los medicamentos genéricos. La herida sigue abierta, y los burócratas no olvidan.
La historia de Tlapale al frente del Sindicato 7 de Mayo no es la de un líder aclamado por las masas. Su ascenso, más bien, fue el resultado de maniobras políticas y promesas incumplidas.
El 4 de abril de 2014, en una asamblea con carácter de congreso, Tlapale fue electo secretario general al frente de la planilla café, con un mandato que se extendería hasta 2018.
Sin embargo, su llegada al poder no fue por méritos propios, sino por el respaldo de su entonces madrina política, Guadalupe Rodríguez Guzmán, a quien traicionaría antes que a nadie.
Rodríguez Guzmán, una líder combativa, había mantenido a raya al entonces gobernador Mariano González Zarur con amparos contra la Ley de Pensiones Civiles, promulgada en el Decreto 196 del 25 de octubre de 2013.
En su desesperación por proteger los derechos de los trabajadores ante la inminencia de esta reforma, Rodríguez confió en Tlapale, un personaje que en ese momento era gris e intrascendente.
Incluso lo obligó a presentar un proyecto alternativo de ley durante la campaña, en un intento por mostrar apertura al diálogo ante el gobierno sin comprometer los intereses de los agremiados.
El proyecto de Rodríguez Guzmán buscaba sanear las finanzas de Pensiones Civiles y garantizar las jubilaciones, proponiendo que el sindicato administrara los recursos, una idea que chocó directamente con los intereses de González Zarur.
Como secretario del interior, actas y acuerdos, Tlapale conocía a fondo el proceso legal contra el Decreto 196, un hecho que no puede negar, respaldado por actas y publicaciones periodísticas de la época.
Sin embargo, según allegados al propio Tlapale, el ganadero convertido en gobernador habría “comprado” la lealtad del futuro líder sindical.
Una vez designado secretario general, Tlapale comenzó a cumplir los acuerdos con González Zarur a espaldas de su comité ejecutivo.
Los amparos, que eran la principal defensa contra la ley, fueron abandonados, y con ellos se perdió la batalla legal que Rodríguez Guzmán había librado con éxito.
La purga de agosto
El 5 de agosto de 2014 marcó un punto de no retorno. A través de los medios impresos, Tlapale lanzó una campaña de desprestigio contra Rodríguez Guzmán, acusándola de intentar imponer a otro líder por encima de él.
Al no lograr el respaldo de la base, optó por la vía más drástica: tomar el control por la fuerza. Ese mismo día, respaldado por González Zarur y acompañado por un grupo de sindicalizados a quienes prometió dádivas, Tlapale ocupó las instalaciones del sindicato.
Nueve días después, el 14 de agosto, en una asamblea amañada y en clara violación de los estatutos, Tlapale expulsó arbitrariamente a Rodríguez Guzmán y a nueve líderes más, incluyendo a Pedro Erazo Rivera, Karina Erazo Rodríguez, Alina Meneses Texis, entre otros.
También destituyó a parte de su propio comité, aquellos que se opusieron a su traición. Para llenar los puestos vacantes, nombró a personas de las cinco planillas opositoras que habían competido contra él, asegurándose su lealtad con la promesa de carteras sindicales.
La elección, lejos de ser democrática, se decidió a mano alzada, sin voto libre ni secreto.
La Ley de Pensiones Civiles, aprobada en octubre de 2013 y vigente desde enero de 2014, tuvo un impacto devastador. El Decreto 196 estableció que los trabajadores debían jubilarse a los 65 años, eliminando la posibilidad de retiro tras 30 años de servicio sin límite de edad.
Aunque su aplicación plena comenzó en 2024, la base trabajadora sabe que Tlapale aprobó esta reforma en 2013, en un acuerdo con González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez, figuras clave del PRI en Tlaxcala.
Pero el daño no terminó ahí. En 2016, Tlapale permitió la entrada de medicamentos genéricos y la contratación de médicos que operaban al interior del sindicato, generando un esquema de recetas en blanco que llenaban con montos exorbitantes.
Este “pozo sin fondo” fue señalado por auditorías y especialistas financieros, y llevó al gobierno a buscar alternativas como Médica Life, empresa que actualmente ofrece el servicio.
Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor de Gobierno, denunció públicamente estas prácticas, lo que desató un rechazo social hacia los burócratas, cuyos abusos fueron disfrazados de “conquistas sindicales”.
Hoy, mientras Tlapale busca recuperar su influencia con manifestaciones, los burócratas enfrentan las consecuencias de su gestión.
Actualmente los trabajadores despedidos en los municipios luchan por recuperar sus espacios, y los jubilados mantienen la esperanza de llevar algo a sus hogares y pese al desgaste al que se ha sometido la base confía en una nueva líder, electa democráticamente y reconocida por una autoridad federal, para recuperar el rumbo del Sindicato 7 de Mayo.
Para los burócratas, el 7 de mayo no es solo una fecha de celebración, sino un recordatorio de las batallas perdidas y las que aún están por librarse. En la próxima celebración veremos si la herida y la memoria siguen intactas.
