La presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón, enfrenta señalamientos de evadir el pago de una deuda de aproximadamente medio millón de pesos a la empresa Reiki Promotora Inmobiliaria S.A. de C.V., tras la instalación de una villa navideña en la plaza principal del municipio, en diciembre de 2024.

El representante de la empresa, Julio César Ortega Reyes, denunció que, además de incumplir el acuerdo verbal, la funcionaria utilizó un tono amenazante para disuadir cualquier reclamación.

Según el testimonio de Ortega Reyes, en noviembre-diciembre de 2024 la empresa se acercó al ayuntamiento para ofrecer servicios.

La presidenta aceptó la instalación de la villa navideña (que incluía un árbol de siete u ocho metros, túnel de luces, carro de Santa Claus y un nacimiento grande) en la plaza frente al Palacio Municipal.

Debido al cierre del año fiscal, no se firmó contrato en ese momento, reconoce el empresario, sin embargo se acordó formalizarlo en enero o febrero de 2025.

El monto inicial rondaba los 800 a 850 mil pesos, pero se ajustó a entre 650 y 700 mil pesos tras una modificación solicitada por la propia presidenta, que consistía en el cambio de una esfera por un túnel de luces, que generó un desfase de dos o tres días. Este fue el primer pretexto de Torrejón para tomar distancia de sus acreedores

En la entrevista otorgada a quien esto escribe el empresario aceptó que si se realizaron algunos pagos parciales; Ortega Reyes relató que Torrejón ofreció inicialmente 500 mil pesos en efectivo y el resto mediante contratos, pero finalmente se pactó un esquema de 50 mil pesos mensuales con liquidación en diciembre de 2025.

Con este acuerdo la empresa recibió abonos en septiembre y octubre. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2025, al solicitar el pago final, la presidenta rompió el acuerdo: “¿Sabes qué? Ya no te debo. Lo que te pagué es suficiente”.

De acuerdo con el prestador de servicios, el tono se volvió amenazante. En mensajes, la funcionaria habría indicado, “palabras más, palabras menos: te recomiendo no hacer nada, porque veremos quién sale ganando”.

Ortega Reyes afirmó que esa postura generó temor, por lo que la empresa se alejó temporalmente esperando que la alcaldesa recapacitara, y paralelamente buscaron asesoría jurídica. “No es fácil recibir ese tipo de comentarios de una autoridad”, sostiene

La empresa sostiene que cuenta con pruebas documentales: fotografías, videos, comunicaciones en las que la presidenta solicitaba modificaciones, y hasta un regalo de la propia Torrejón que habría sido entregado como muestra de afecto

Por si fuera poco la propia Torrejón les hizo una invitación para una comida de agradecimiento. “Todo el mundo en Tlaxco se dio cuenta de lo que pusimos. No es que haya aparecido de la noche a la mañana”, enfatizó Ortega Reyes al hablar del fastuoso servicio que prestó a la alcaldesa priista, hoy disfrazada de morenista.

El empresario aseguró que no existe contrato formal que sustente la instalación, lo que, a su juicio, genera una irregularidad en la cuenta pública.

Reiki Promotora Inmobiliaria, con oficinas en el Estado de México y la Ciudad de México, y dedicada a construcción, mantenimientos e instalaciones, ya presentó una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala y prepara una demanda ante el Poder Judicial para exigir el cumplimiento del acuerdo verbal y el pago del saldo pendiente (cerca de 500 mil pesos).  No buscan intereses, solo recuperar lo adeudado, puntualizó en la entrevista el afectado.

La empresa, que dice no haber tenido problemas similares en contratos de cientos de millones de pesos y que generó empleo local en Tlaxco durante los trabajos, envió un mensaje a la población y a la presidenta: “Únicamente queremos recuperar lo que legalmente nos pertenece”.

Hasta el momento de la entrevista, no había habido acercamiento con el área jurídica o la sindicatura municipal, ni respuesta de Torrejón tras la ruptura de la comunicación.

El cargo Con amenazas evade Diana Torrejón pago a prestador de servicios apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al presentar el Dictamen ante el Pleno, la Comisión dictaminadora, presidida por el diputado Jaciel González Herrera, expuso que, tras llevar a cabo las inspecciones correspondientes y verificar que la documentación presentada por el Ayuntamiento, determinó que cumplieron con lo establecido por la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, por lo que se acredito la procedencia para autorizar la solicitud planteada.

El análisis contenido en el Dictamen señala que las unidades vehiculares han cumplido su ciclo de vida útil y ya no resultan aptas para continuar en el servicio público, conforme a los criterios establecidos en la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación” publicada en el Diario Oficial de la Federación, además de que algunas presentan avanzado deterioro lo cual significaba una carga para el Municipio de Tepeyanco.
El Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlaxcala, a desincorporar y ejercer actos de dominio respecto de once unidades vehiculares del Patrimonio Municipal fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se instruyó notificar su aprobación al propio Ayuntamiento y al titular del Órgano de Fiscalización Superior, así como su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

El cargo Congreso del Estado aprueba solicitud del Ayuntamiento de Tepeyanco para ejercer actos de dominio de unidades vehiculares municipales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Derivado de las auditorías practicadas al ejercicio fiscal 2020, la autoridad judicial vinculó a proceso a Gelacio N, ex presidente municipal de Teolocholco, y a Gregorio N., ex tesorero municipal, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

De acuerdo con la causa judicial 302/2023, la fiscalización realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó pagos irregulares e improcedentes, erogaciones sin comprobación y adquisiciones ilícitas, que habrían causado un daño patrimonial al municipio de Teolocholco por un monto total de $2,854,099.53 pesos.

Las investigaciones señalan que ambos exfuncionarios distrajeron recursos públicos de su objeto legal, afectando el erario municipal.

Durante la audiencia inicial celebrada el 13 de octubre, el juez de control determinó la vinculación a proceso de los imputados y otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Con esta resolución, el proceso judicial continuará a fin de determinar la responsabilidad penal de los exservidores públicos y las posibles medidas de reparación del daño al patrimonio municipal.

El cargo Vinculan a proceso a exalcalde y extesorero de Teolocholco apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sin mayores contratiempos y en términos de lo previsto en la ley en la materia, este día las comisiones entrantes y salientes del Poder Judicial de Tlaxcala, concluyeron el procedimiento de entrega-recepción de las diferentes áreas administrativas y jurisdiccionales que incluyó la delimitación y traslado de las responsabilidades, así como los recursos patrimoniales y documentos de una administración a otra.
En este evento de conclusión del procedimiento estuvieron presentes la expresidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses y el presidente del Órgano de Administración Judicial de Tlaxcala (OAJT), Sergio Pérez George, quienes dieron por concluidas todas las actividades que estuvieron coordinadas por los representantes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Como se informó la semana anterior, las comisiones establecidas fueron la saliente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJE-CJE), la cual hizo entrega de toda la documentación a la comisión entrante relacionada con el TSJE; de igual forma, la misma comisión saliente hizo lo propio con la entrante del Órgano de Administración Judicial de Tlaxcala; mientras que la saliente también fue la encargada de entregar todo a la entrante del Tribunal de Disciplina Judicial.
Tanto las personas servidoras públicas salientes como las entrantes, cumplieron con el llenado de los formatos entregados por el OFS, los cuales fueron debidamente respaldados, con la finalidad de que el proceso fuera transparente.

Durante el cierre del procedimiento, los representantes del OFS constataron que toda la información haya sido debidamente firmada por los servidores públicos de los órganos técnico-administrativos según correspondió; además se estableció que las personas servidoras públicas entrantes, todavía tienen un plazo de 15 días para realizar las observaciones a que hubiera lugar.

El cargo Concluye sin contratiempos la entrega-recepción en el Poder Judicial de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Por ello, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo emitido en sesión extraordinaria pública de fecha 8 de agosto de 2025, aprobó por mayoría el dictamen de la Cuenta Pública 2024 del TET, correspondiente a los periodos de enero a diciembre.

Con lo anterior, el Magistrado Presidente del TET, Miguel Nava Xochitiotzi, reafirmó su compromiso institucional con el manejo responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, así como con una política de rendición de cuentas proactiva, que garantiza el uso adecuado del presupuesto asignado a este organismo, al considerar que este resultado, no solo refleja el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, sino que también impulsa la mejora continua de los procesos administrativos.

El 15 de julio de 2025 mediante oficio número OFS/2011/2025, el auditor del Órgano de Fiscalización Superior presentó la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Informe Individual de la Auditoría practicada a la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2024, destacando lo siguiente:

• En lo que respecta; a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, se cumplió con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100% al entregar las cuatro cuentas públicas en tiempo.
• Durante la revisión y fiscalización no se detectaron incumplimientos de Omisión a Procedimientos de Adjudicación y Casos de Nepotismo en el ente fiscalizable y por consecuencia no generará una presunta responsabilidad de los servidores públicos.
• Observando la entidad Fiscalizadora que, en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, este Tribunal ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.

Es importante señalar que el TET atendió en tiempo y forma todas las observaciones y requerimientos formulados por el Órgano de Fiscalización Superior Asimismo, ha expresado su plena disposición para atender cualquier requerimiento adicional que se considere necesario, con la finalidad de seguir fortaleciendo el cumplimiento normativo y fomentar una mejora constante en el ejercicio fiscal 2025.

El cargo Aprobó TET Cuenta Pública 2024; se mantendrá el ejercicio transparente MNX apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En continuidad con la responsabilidad legislativa de evaluar el desempeño fiscal de los entes públicos, las diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad los Dictámenes de cuentas públicas de 15 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2024, presentados ante el Pleno por la Comisión de Finanzas y Fiscalización que preside el diputado Bladimir Zainos Flores.

Los Dictámenes de cuenta pública que fueron aprobados, junto con sus respectivos períodos, corresponden a los siguientes municipios:

• Municipio de Atltzayanca:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Apizaco:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Benito Juárez:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Calpulalpan:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024

• Municipio de Chiautempan:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Contla de Juan Cuamatzi:
  • del 1 de julio al 8 de agosto de 2024
  • del 9 de agosto al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Cuapiaxtla:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Cuaxomulco:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Españita:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Huamantla:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Hueyotlipan:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024

• Municipio de Ixtenco:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de La Magdalena Tlaltelulco:
  • del 1 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024
• Municipio de Xaltocan:
  • Del 1 al 23 de julio de 2024
  • del 24 de julio al 30 de agosto de 2024
  • del 31 de agosto al 31 de diciembre 2024

De acuerdo con los informes individuales remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los municipios cuyas cuentas públicas no se ubicaron dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos fueron: Atltzayanca, Apizaco, Benito Juárez, Calpulalpan, Chiautempan, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtenco y La Magdalena Tlaltelulco, todas correspondientes al periodo comprendido del 1 de julio al 30 de agosto de 2024, así como la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024.

Las y los legisladores resaltaron que el OFS dará seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que los servidores públicos de los entes fiscalizables están obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales, o cualquier otro que resulte procedente, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El cargo Aprueba LXV Legislatura dictámenes de cuentas públicas de 15 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Así lo reveló el auditor al entregar el informe general y los informes individuales de la Cuenta Pública al Congreso del Estado, un documento que debería ser un llamado de atención para las autoridades municipales que, una y otra vez, prometieron transparencia y buen manejo financiero.

La auditoría realizada -dicen- con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, según Salas Miguela, revisó a 108 entes fiscalizables, incluyendo los 60 municipios, el Congreso local, entidades paraestatales, organismos autónomos, una dependencia no sectorizada, un patronato y cinco comisiones de agua potable.

El resultado: un panorama desolador. De 17 mil 301 millones de pesos administrados, provenientes de recursos federales, estatales y remanentes de 2023, se gastaron 17 mil 716.5 millones, de los cuales el OFS auditó el 85.8%, es decir, 15 mil 200.9 millones.

El informe detalla que se emitieron 18 mil 241 observaciones, de las cuales 9 mil 110 (49.9%) fueron solventadas, mientras que 9 mil 131 (51.1%) siguen pendientes.

Del monto observado por probable daño patrimonial, los entes fiscalizables lograron aclarar, justificar, o reintegrar 659 millones de pesos, un 62.7%. Sin embargo, aún queda un faltante de 391.8 millones de pesos, equivalente al 37.3%, que sigue sin explicación clara. Estas cifras no son solo números; representan recursos que pudieron destinarse a obra pública, servicios básicos o programas sociales que urgen en Tlaxcala.

El diputado Ever Alejandro Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP), no se quedó callado. Durante la entrega del informe, subrayó que el Congreso utilizará estos resultados para evaluar el desempeño de los entes fiscalizados y advirtió que “los parámetros van a cambiar”.

En un tono firme, exhortó a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad: “No tiene por qué existir ese posible daño patrimonial. Los presidentes municipales tienen tiempo para solventar las observaciones. Esos 391.8 millones de pesos son recursos que se traducen en falta de resultados para las y los ciudadanos”.

Por eso el titular del OFS presume que en su esfuerzo por garantizar la transparencia, realizó 263 auditorías: 123 financieras, 75 en obra pública y 65 de desempeño. Sin embargo, los números hablan por sí solos. A pesar de las promesas de rectitud y las advertencias del Legislativo, el manejo de los recursos públicos en Tlaxcala sigue siendo un talón de Aquiles. Los municipios, en particular, parecen no aprender la lección o quizá aprendieron pero a evadir la responsabilidad.

Las tres de ley… 1- Arturo Lucio Salas Miguela, reconoció que los procesos para sancionar a exfuncionarios públicos, por presuntas irregularidades administrativas, son lentos y, en muchos casos, no hay seguimiento claro sobre el avance de las investigaciones una vez que el organismo presenta las denuncias correspondientes.

2- Aunque actualmente existen alrededor de 140 denuncias presentadas ante diversas instancias, también dijo desconocer el estatus de cada proceso.

3- Si de algo está seguro Miguela, como el resto de la población, es de la necesidad de fortalecer el marco jurídico vigente para agilizar los procesos sancionatorios contra los infractores, pues actualmente el porcentaje de sanciones emitidas con respecto al total de denuncias se mantiene en bajo nivel.

@martin_rodriguez.com

Los #millones que #desaparecen en la contabilidad, pretenden #justificarla a través de #documentos o lo que es peor, acuerdosverbales. Así vemos en Tlaxcala las Cuentas Públicas.

♬ original sound – Martín Rodríguez

El cargo Observaciones o solventaciones millonarias apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La opacidad en el uso de recursos públicos vuelve a sacudir la confianza ciudadana. Esta vez, el escándalo si recae sobre el ex presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, militante de Morena, quien está señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como responsable de la desaparición de 112 millones 181 mil 357.38 pesos, de fondos federales asignados al municipio en 2023.

De acuerdo con el expediente 2023-D-29010-19-2026-2024, los recursos provenientes del Ramo General 28 —destinado a participaciones para entidades y municipios— no solo carecen de comprobación, sino que su destino final permanece en la oscuridad.

La ASF reveló que el ayuntamiento, bajo la gestión de Jiménez Romero, no presentó registros contables, presupuestales ni documentación justificativa que avalaran el gasto de dichos fondos. En palabras textuales del expediente: “Se desconoce el destino del gasto” y es probable que él tampoco lo sepa, pero su hijo Juan Carlos sin duda sí, dicen sus allegados.

Esos 112 millones forman parte de las Participaciones Federales a Municipios (PFM), un mecanismo clave para financiar obras y servicios locales lo que sin duda limitará la labor de Blanca Angulo Meneses que tendrá que remar contracorriente. Solo por eso tendría que denunciar y dar seguimiento al ladrón de cuello blanco.

La falta de transparencia no solo viola la ley de disciplina financiera, sino que sugiere un posible daño patrimonial al erario, según la ASF. Hasta que el monto no sea reintegrado —o justificado—, el agujero fiscal persistirá, afectando indirectamente a la población que debió beneficiarse con esos recursos.

Ante la gravedad de los hechos, la ASF activó un procedimiento de “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, exigiendo al Órgano Interno de Control (OIC) de Chiautempan investigar y, de ser necesario, sancionar a los servidores públicos involucrados. Esto incluye, desde luego, al exalcalde morenista, quien tendría que responder por la opacidad en su administración.  La carcel debería ser su próximo destino.

Llama la atención que este caso involucre a un miembro de Morena, partido que ha levantado banderas contra la corrupción. Hasta ahora, ni la dirigencia estatal, ni nacional del partido se han pronunciado.

La falta de acciones contundentes podría interpretarse como complicidad o negligencia, alimentando la percepción de que “la austeridad republicana promovida por el gobierno federal no permea en sus bases”. En Tlaxcala parece existir un enorme impermeable.

La presión recae ahora sobre el OIC municipal, que deberá esclarecer si hubo desvío, malversación o simple ineptitud en el manejo de los fondos. De comprobarse responsabilidades, Jiménez Romero y su equipo enfrentarían sanciones administrativas e, incluso, acciones penales. Sin embargo, el verdadero desafío es recuperar el dinero y evitar que casos como este se repitan. No a la impunidad.

El caso de Chiautempan -que involucra al padre y al otrora poderoso junior Juan Carlos- no es solo un número más en un informe: es un recordatorio de que la opacidad sigue minando la democracia.

Mientras las autoridades no rindan cuentas, los millones perdidos serán una deuda más con la ciudadanía, que merece saber cómo, cuándo y en qué se gastan sus impuestos. La pregunta incómoda queda flotando: ¿Quién responde por los 112 millones que Chiautempan nunca vio?

El cargo Chiautempan: dónde quedó la lanita apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

No hay que ser expertos en la contabilidad para saber que durante los largos años que el OFS “ayudó” en la revisión de los entes fiscalizables, en especial los municipios, se hicieron varios negocios al amparo del dinero público y surgieron nuevos ricos, en lo privado.

Imagine usted si no resultaba un jugoso negocio para quienes fueron titulares del OFS; cada uno de los 60 municipios significaba un cliente potencial a quien le sangraban varios miles para “orientarlos” en su contabilidad, o de plano para limpiarles el cochinero. Así funciona hasta hoy ese Órgano.

Pero no siempre fue OFS, debemos recordar que esa fábrica de billetes comenzó siendo conocida como Contraloría del Poder Legislativo en los 90`s, su creación tenía la finalidad de fungir como contrapeso (entre la contraloría del ejecutivo y legislativo) pero a medida que iban pasando los años y con el desgaste de sus integrantes comenzó su etapa como Órgano de Fiscalización Superior (OFS)

Florentino Flores Xelhuantzi, de Contla; Luciano Crispín Corona Gutiérrez, de Xicohtzinco; Isabel Maldonado Textle, de Tlaxcala y Arturo Lucio Salas Miguela, de San Pablo del Monte, son los nombres que han estado frente al OFS. Sin duda la mejor librada y la que mejores cuentas entregó ha sido la dama que actualmente firma como secretaria de la Función Pública (SFP) en Tlaxcala.

Es cierto, históricamente ya todos los programas federales habían sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solo que esa revisión se hacía de manera aleatoria con los “municipios grandes” que manejaban más millones que otros.

Y eso se entiende, pues todos sabemos que económicamente no reciben ni administran lo mismo Huamantla que Apetatitlán. Y sin embargo le pregunto a usted ¿Qué tuvo que suceder para que esas facultades les fueran arrebatadas a Arturo Lucio Salas Miguela y a Tlaxcala?

Dudo que hasta hoy la ASF se haya enterado que el actual titular del OFS salió muy mal librado de su papel como tesorero en San Pablo del Monte, donde las observaciones a sus cuentas públicas debieron impedir su ascenso al organismo encargado de fiscalizar. Esa no puede ser la explicación, descártela usted.

El fondo es de mayor alcance y tiene otra finalidad, quizá la verdadera razón sea amarrarle las manos a quienes a través del OFS pretendían sumar adeptos a sus causas políticas, obligándolos a formarse con la cantaleta de que “aquellos que no quieran jalar se las verán con el OFS y con Marcela González Castillo”, porque eso dicen algunos miembros de los municipios que se han negado a adherirse al club de Tobby que encabeza Alfonso Sánchez García. Ese que dice ser líder de los alcaldes en Tlaxcala.

Otra razón podría ser que algunos presidentes municipales han librado la cárcel y otros más han caído en ella, y no precisamente por el manejo de los recursos sino porque no saben “acordar” con la gente indicada.

Recordará usted que anteriormente el OFS contaba con 3 años para interponer una demanda ante cualquier autoridad municipal: sindico, presidente, tesorero y director de obras. Actualmente son siete años y sin embargo nada se ha modificado, todo sigue siendo acuerdo político y negociación local.

Ante la impunidad para algunos y la fiereza contra otros -como le sucedió al cachorro de Zacatelco-, quizá es que alguien desde la federación quiera quitarle el poder que implican estas funciones a la persona que mal utiliza sus atribuciones; sobre todo porque las denuncias no avanzan, las autoridades no reaccionan y los analistas contables acaban limpiando la suciedad que existe entre cada hoja auditada

La historia no se equivoca y nos recuerda que las cuentas públicas han sido el espacio ideal para negociar y ver multiplicar cuentas bancarias de los involucrados en la revisión y la calificación, en sentido aprobatorio o reprobatorio.

Remontémonos a 1999 y el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, el gobernador que le abrió la puerta a los despachos contables para hacer fortunas y negocios al amparo del dinero público.

Personajes como Rigoberto Zamudio (papá) otrora presidente del Colegio de Contadores fue uno de los beneficiarios que vivió la bonanza que representó el negocio de las auditorías externas.

Aunque el chiste le duró seis años a Sánchez Anaya, no fue él quien privilegió a los tlaxcaltecas para dejar de pagar millonarias cuentas por parte de los alcaldes para ver solventados sus robos, de no ser por la llegada de Héctor Israel Ortiz Ortiz ese robo institucionalizado se habría mantenido a través de esos despachos que hacían auditorías externas.

Dos de los grandes beneficiarios fueron Florentino Flores y Crispín Corona porque mientras se extinguían esos despachos Anayistas, ellos inventaron nuevas chicanadas en el sexenio de HIOO.

Y sí, reconozco que la ASF ya hacía la fiscalización desde antes, de hecho el último al que le salvó el pellejo fue al ex presidente de la capital, Jorge Corichi Fragoso, que aparentemente iba a ser traicionado por su sucesora Maribel Arenas y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), a petición del mismo Corichi, realizó la revisión de sus fondos federales. El resultado todos lo conocemos.

Mientras eso sucedía en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala el OFS quedó como el chinito, simplemente revisando los ingresos estatales, como debe ser. De nada sirvió que David Álvarez Ochoa haya querido sepultar la carrera de Jorge Corichi que hoy mismo es director en la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard Casaubón.

En lo personal me agrada la idea de que sea la ASF la que revise con lupa los dineros federales, así se agilizarán las revisiones que se hacen en Tlaxcala, porque actualmente rebasan los seis meses con todo y el dineral que nos cuestan.

Además el comportamiento del ex tesorero municipal en San Pablo del Monte, Arturo Lucio Salas Miguela, no es el mejor, carece de calidad moral y los antecedentes no le ayudan, no olvide usted que siendo tesorero de San Pablo del Monte del 2017 al 2021, el actual titular del OFS acabó con cuentas públicas observadas.

David Álvarez Ochoa tampoco es pulcro ni tiene calidad moral, recordemos que como asesor financiero, en al menos dos campañas políticas, recibió multas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). Eso quiere decir que no sabe contar del 1 al 10, o que no entiende los tiempos administrativos, o de plano que es apto para la contabilidad de gasolineras, pero no para una entidad.

Así que si lo analizamos bien podemos tener tranquilidad porque entre Arturio Lucio Salas Miguela del OFS y David Álvarez Ochoa de la secretaría de Finanzas, ¿a cuál le apostaría usted?… yo le apuesto, le creo y le confío a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las tres de ley… 1- El diputado local Bladimir Zainos Flores nos debe una explicación a todos, mire que tomar a la ligera eso de que los síndicos no quieran firmar las cuentas públicas, no solo habla de falta de sensibilidad de él sino de opacidad por parte de las autoridades municipales.

 2- Síndica o síndico, no hay excusa para omitir la firma en sus cuentas públicas, sin embargo debemos recordar que muchos han dicho que se han negado debido al desconocimiento que tienen en las áreas contables, por eso es importante decirles que el munícipe tiene la obligación de pagarle al “Auxiliar contable” que pueda ayudarle en esa tarea.

3-Si él o la alcaldesa no le facilita ese personal entonces tendríamos que ver y, ahora sí, justificar la negativa de los síndicos a firmar las cuentas. Nadie quiere validar alguna tranza, mucho menos cuando hay intención de solicitar licencia para ir en la búsqueda de nuevos cargos y se piensa en dejar al sindico con el problema fiscal. Nadie está obligado a mentir.

El cargo Adiós OFS… hola ASF apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La exatleta que hoy funge como diputada local, Madaí Pérez Carrillo, “se desgarró las vestiduras”, al hacer una defensa a ultranza de la desaparición de siete organismos autónomos y en su discurso exaltó la transparencia, honradez, austeridad y racionalidad en el ejercicio de la función pública, pero olvidó que, a su paso como titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), dispuso recursos del erario por distintas cantidades, lo mismo para pagar comilonas y que hasta para comprar botanas.

Con un evidente desconocimiento del tema -amén de una pésima lectura del documento que le prepararon-, la legisladora fue la única del bloque mayoritario de Morena y sus aliados en subir a tribuna en la sesión extraordinaria del pasado martes para defender la minuta respectiva enviada por el Senado de la República al Congreso local para su validación.

Justificó que la extinción de esos organismos obedece a criterios de racionalidad, austeridad y a la no duplicidad de funciones, así como a la mejora de la gestión pública.

“Durante el neoliberalismo, el Estado mexicano fue reducido a fungir como un aparato administrativo al servicio de grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías, por lo que hubo dispendio, suntuosidad, frivolidad a expensas del erario”, reprochó.

Sin dar nombres, aseguró que, “en opinión de diversos especialistas (sic), este tipo de órganos carecen de legitimidad democrática (…) y no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados y, en varios casos, el objetivo fue para cooptar núcleos de académicos y políticos”.

Pérez Carrillo repitió, sin aportar ninguna prueba de sus dichos, que la desaparición de esos organismos es para “evitar duplicidad de funciones y el dispendio de negocios que se llegaban a celebrar”, con lo que además se apoya “la transparencia, la economía, la honradez y la rendición de cuentas para cumplir los principios de austeridad y racionalidad”.

PAGO DE HOSPEDAJE A VOCERA ¡EN TLAXCALA!

Documentos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y de otros más consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia -esa que está en riesgo con la extinción del INAI, aprobada por Morena y sus aliados- evidencian que, a su paso como titular del IDET, la exatleta nunca supo de austeridad ni racionalidad, pero sí de dispendio de recursos del erario para ella y sus cuates.

El 21 de julio de 2022 autorizó que, a Jessica Arteaga Marroquín -quien se desempeñaba como jefa de comunicación social-, se le reembolsaran 2 mil pesos mediante transferencia electrónica por gastos de hospedaje con motivo “de su asistencia a la organización (sic) del regional de Taekwondo y Ajedrez en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), ubicadas ¡en la ciudad capital!

En un abuso más, la vocera pidió el reembolso por el uso de dos habitaciones, por lo que el gasto fue considerado improcedente, “debido a que las actividades por las cuales fue comisionada se realizaron en el estado de Tlaxcala, aunado a que el acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa, no autorizan tarifa para gastos de hospedaje de personal”.

Según los datos asentados en el comprobante fiscal digital presentado por Arteaga Marroquín, su estadía en el Hotel Jeroc´s -administrado por la Operadora de Hoteles Monforte SA de CV- costó al IDET la cantidad de 847.46 pesos más IVA por la renta de cada una de las dos habitaciones.

La fase regional de Taekwondo y Ajedrez de los Nacionales Conade 2022 se llevó a cabo en el gimnasio de la UATx y en el salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor, ubicados en la ciudad capital, del 1 al 3 de abril de 2022

GASTOS SUNTUOSOS Y FRÍVOLOS

En 2022, el IDET erogó 5 mil 169.07 pesos por la adquisición de 170 toallas faciales; sin embargo, el OFS consideró que “este tipo de gastos se considera improcedente ya que no contribuye con las metas y objetivos del instituto, asimismo, omiten documentación justificativa del evento u origen que motivó la erogación”. Supuestamente, esos artículos se utilizaron para una clínica de basquetbol impartida por Bob Mackinnon.

El 21 de enero de ese año, a la analista Brenda Selene Hernández se le pagaron 2 mil 800 pesos por llevar a la ciudad de Puebla a “bordar camisas con el logo institucional”. De esa erogación solo fue presentada una factura por 56 pesos correspondiente al peaje de la autopista Tlaxcala-Puebla.

La factura 379818379, expedida el 7 de julio de 2022 por la Cadena Comercial Oxxo, sirvió para comprobar el gasto de 145.50 pesos por la compra de un Gatorade lima-limón, un sándwich triple integral de pepperoni, un Boing de mango, una barra sabor unicornio tutti-fruti y un chocolate Milky Way.

El 28 de abril de 2022 el IDET pagó en Pachuca, Hidalgo, 234.01 pesos por la compra de diez pastes y un refresco de 600 mililitros.

Otra factura de la cadena Oxxo, pero expedida el 6 de junio de 2022 por la cantidad de 945 pesos ampara la compra de 18 botellas de Powared de mora, igual cantidad de esas bebidas sabor frutas y seis de naranja-mandarina, todas de un litro.

El 10 de ese mismo mes y año, con recursos del IDET fue adquirida en 179 pesos una playera deportiva en la sucursal Coppel Cachanilla, ubicada en Mexicali, Baja California. Ese gasto lo habría hecho un empleado del instituto que acudió a ese lugar en calidad de oficial técnico en las disciplinas de hockey sobre pasto, luchas asociadas y pentatlón.

El 4 de octubre de 2022, por consumo de alimentos en el restaurante Sonora Grill, ubicado en la Ciudad de México, el IDET pagó una factura por 3 mil 410 pesos, IVA incluido. No se sabe quién o quiénes comieron ahí, ni por qué.

El 26 de septiembre de ese año, la hoy diputada autorizó el pago de mil 606 pesos por consumo de alimentos en el restaurante El Checo, ubicado en Apizaco. El pretexto: una reunión entre personal del IDET con sus pares de la Dirección de Obras y el edil de Apizaco “para tratar temas relacionados al proyecto de nuevas instalaciones del centro regional”.

El 23 de septiembre de 2022, so pretexto de una reunión con “la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rumbo a la final del Mundial de Tiro con Arco” -que tuvo como sede la ciudad capital en octubre de ese año-, el Instituto del Deporte desembolsó 2 mil 318 pesos por consumo de alimentos en el restaurante Italia Rústica -especializado en pizza y pastas- ubicado en Apizaco.

En esa comilona estuvieron presentes ocho funcionarios del instituto, encabezados por su entonces titular Madaí Pérez, aunque no se informó si representantes de la SSC también degustaron de los alimentos. Como evidencia, presentaron solo una fotografía borrosa en la que se observa a seis personas sentadas frente a una mesa, y no se aprecia que haya sido en el restaurante.

Además, llama la atención que, si la reunión de trabajo fue con gente de la Secretaría de Seguridad, se supondría que ésta tuvo que darse en sus instalaciones de la ciudad de Tlaxcala y no en un restaurante de Apizaco.

En una muestra más de despilfarro, la exatleta aprovechó su cargo público para rentar un automóvil Nissan y moverse en Hermosillo, Sonora, durante ocho días. Por ese concepto pagó 4 mil 707.69 pesos a la agencia National Car Rental del Corporativo Gaviotas, según la factura NIHMOT01-10551 expedida el 1 de julio de 2022. El arrendamiento de ese vehículo fue para la entonces titular del IDET con motivo de su asistencia a los Juegos Nacionales Conade.

Una prueba más del doble discurso de la hoy diputada local es la erogación que autorizó el 15 de noviembre de 2022 ¡para la compra de cacahuates Golden Nuts salados de 100 gramos! Según la factura emitida por la Cadena Comercial Oxxo el gasto por la adquisición de un paquete de esa botana fue de 28 pesos.

Ese mismo día, pero en otra factura también expedida por una de esas tiendas de conveniencia, el IDET pagó 460 pesos por la compra de dos burritos de choriqueso y otro de chata mega deshebrada, un Danone licuado de fresa, tres paquetes de chicles Trident, tres mini pays de piña, un Suerox de fresa, un capuchino moka, dos sándwiches, un paquete de Halls de miel, un rollo de papel de baño y un flan Danette de vainilla.

Con información de Faro Noticias

El cargo  DIPUTADA MADAÍ PÉREZ, EN CONTRA DE GASTOS SUNTUOSOS Y FRÍVOLOS, VOTÓ POR EXTINCIÓN DEL INAI; COMO DIRECTORA DEL IDET, PAGÓ HASTA BOTANAS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.