La titular de la dependencia aseguró que el objetivo de la campaña no fue únicamente provocar una discusión social, sino acercar a la población los servicios que actualmente ofrece la institución, entre ellos asesoría jurídica gratuita, acompañamiento en procesos de guardia y custodia, así como trámites relacionados con pensiones alimenticias.

Explicó que, con la transformación del antiguo Instituto Estatal de la Mujer en Secretaría, la dependencia logró consolidar una estructura territorial con atención permanente durante los 365 días del año, integrada por profesionistas multidisciplinarias que brindan acompañamiento legal y psicológico a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Respecto a las críticas formuladas por activistas, especialistas en género y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la funcionaria afirmó que todas las observaciones han sido tomadas en cuenta y reiteró que la política pública impulsada por la dependencia se ha fortalecido precisamente a partir del diálogo con estos sectores.

Reconoció que algunos colectivos consideran que la campaña podría generar expresiones de violencia o polarización; sin embargo, sostuvo que abrir el debate era necesario para visibilizar una problemática que diariamente enfrentan miles de mujeres, particularmente aquellas que deben sostener solas el cuidado de sus hijas e hijos mientras enfrentan procesos legales para obtener pensiones alimenticias que, en muchos casos, apenas alcanzan los 200 o 400 pesos mensuales.

La secretaria enfatizó que la dependencia actúa bajo los principios establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y aseguró que las críticas continuarán siendo un insumo para mejorar las estrategias institucionales.

Asimismo, informó que la Secretaría brinda representación jurídica gratuita incluso en casos que anteriormente eran atendidos por abogados particulares, con el propósito de garantizar que las mujeres de menores recursos cuenten con acompañamiento legal durante todo el proceso y puedan acceder a la justicia sin costo alguno.

Finalmente, reiteró que el propósito de la dependencia es combinar campañas de sensibilización con acciones concretas que permitan a las mujeres acceder a servicios legales, orientación especializada y mecanismos efectivos para la defensa de sus derechos.

El cargo Nydia Cano afirma que #CuidarNosUne acerca soluciones a mujeres apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Pero ese razonamiento deja una pregunta sobre la mesa: ¿desde cuándo generar conversación equivale a generar transformación o modificación en la conducta social?

No es la misma cosa.

La Secretaría de las Mujeres no tiene como misión producir tendencias en redes sociales ni convertirse en tema de conversación durante días o semanas. Su responsabilidad es mucho más ambiciosa y compleja: contribuir a desmontar una estructura cultural que durante siglos ha normalizado que las mujeres carguen con con responsabilidades que deberían ser compartidas como el trabajo doméstico y los cuidados a los hijos mientras los hombres permanecen al margen.

Ese fenómeno se llama patriarcado. Y el patriarcado no desaparece porque una campaña consiga miles de comentarios, el patriarcado se modifica desde casa donde se siembran los valores y se forma a los futuros ciudadanos.

Si la apuesta institucional consiste en medir el éxito por el nivel de controversia alcanzado, entonces el parámetro parece demasiado pobre para un problema tan profundo. Las campañas públicas deben evaluarse por su capacidad para modificar conocimientos, actitudes y comportamientos, no únicamente por el ruido mediático que generan.

Una campaña gubernamental no es publicidad comercial.

Cuando una empresa lanza un anuncio polémico, su objetivo puede ser vender más. Incluso una mala reputación puede traducirse en mayores ganancias si consigue colocar un producto en la conversación pública.

El Estado juega con reglas completamente distintas y apuesta a que la conversación mueva conciencias y modifique actitudes, valores y comportamientos sociales, dirigidos exclusivamente a los hombres.

Cuando el gobierno comunica, no vende una marca: busca cambiar hábitos sociales, prevenir violencias y construir ciudadanía. Ahí radica la diferencia esencial. Si la conversación no desemboca en una reflexión crítica ni mucho menos en un cambio de conducta, entonces la estrategia puede ser exitosa como ejercicio publicitario, pero insuficiente como política pública.

Y ese es el punto que parece perderse en la defensa oficial.

Cambiar una conducta patriarcal implica cuestionar privilegios masculinos, redistribuir responsabilidades familiares, modificar prácticas laborales, impulsar políticas de cuidados y transformar la educación desde la infancia. Ninguno de esos cambios ocurre porque un espectacular se vuelva viral.

Las investigaciones sobre comunicación para el cambio social llevan décadas demostrando que la exposición a un mensaje, por sí sola, rara vez modifica conductas profundamente arraigadas. Lo que realmente genera transformaciones sostenidas son estrategias integrales que involucran directamente a la educación, la participación comunitaria, las políticas públicas, generan incentivos institucionales y mensajes consistentes que se refuercen entre sí.

Por eso la discusión no debería centrarse en si la campaña gustó o disgustó, ni siquiera en si fue ingeniosa o provocadora.

La pregunta es otra: ¿cómo medirá la Secretaría de las Mujeres que #CuidarNosUne cambió algo más que la conversación?

¿Habrá más hombres que admitan su irresponsabilidad paternal y se involucren en las tareas domésticas?

¿Disminuirá la carga de cuidados que enfrentan las mujeres?

¿Cambiarán las percepciones sobre quién debe cuidar a niñas, niños, personas adultas mayores o con discapacidad?

¿Existe algún indicador que permita demostrar que la campaña modificó conductas y no únicamente titulares?

Si esas respuestas no existen, entonces el riesgo es evidente: confundir impacto mediático con impacto social.

La controversia puede abrir una puerta, pero jamás sustituye el trabajo que implica atravesarla. Una política pública no puede conformarse con instalar un debate; debe demostrar que ese debate produjo cambios reales en la vida de las personas.

Quizá #CuidarNosUne sea recordada como una campaña muy comentada. Lo verdaderamente importante será saber si también puede ser recordada como una campaña que consiguió mover conciencias para desplazar, aunque fuera un poco, los cimientos de una cultura patriarcal arraigada en una sociedad que se resiste a transformarse para lograr la igualdad y equidad en derechos humanos.

Porque entre hacer ruido y hacer historia existe una diferencia enorme. Y esa diferencia no se mide en tendencias, sino en resultados.

El cargo Del debate al cambio: la verdadera prueba de la campaña #CuidarNosUne apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El funcionario sostuvo que las campañas de comunicación no necesariamente buscan ser “perfectas”, sino provocar conversación entre la ciudadanía.

“La prueba de que haya ese diálogo es que la campaña funciona. Las campañas de comunicación a veces no buscan ser perfectas, buscan generar conversación. Y la conversación que se está generando ya es prueba de que funciona”, afirmó.

Antonio Martínez Velázquez reconoció que las principales críticas provienen de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos, quienes han cuestionado el uso de expresiones consideradas parte de un lenguaje patriarcal. No obstante, señaló que ese debate debe distinguirse del propósito comunicativo de la campaña.

Incluso, hizo referencia a la obra del filósofo Gilles Deleuze para señalar que comprende la discusión sobre el lenguaje y dijo compartir posturas en contra de expresiones discriminatorias, como el grito homofóbico en los estadios. Sin embargo, insistió en que una campaña institucional debe evaluarse por su capacidad para generar conversación social.

Para ejemplificar su postura, comparó la estrategia con campañas de alto impacto impulsadas por organizaciones como Greenpeace, así como con acciones de activistas ambientales que recurren a intervenciones mediáticas para atraer la atención pública.

También mencionó campañas publicitarias y culturales que en su momento generaron polémica, como una interpretación musical de Julieta Venegas y la publicidad protagonizada por una niña futbolista, al señalar que el debate que provocaron formó parte de su efectividad comunicativa.

“Si haces una campaña perfecta, que hable de toda la teoría feminista, pero no impacta a nadie, entonces no cumple su propósito”, argumentó.

El vocero concluyó que, desde su perspectiva, la discusión que ha despertado #CuidarNosUne confirma que la campaña ha logrado posicionar el tema del cuidado en la agenda pública, independientemente de las opiniones encontradas que ha generado.

El cargo Vocero defiende campaña #CuidarNosUne; asegura que la polémica demuestra su éxito apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las críticas se centraron en el contenido de la publicidad oficial, al considerar que utiliza frases de corte machista y destina recursos públicos a una estrategia de comunicación que, lejos de contribuir al cambio cultural, trivializa la corresponsabilidad en las labores de cuidado y la igualdad entre mujeres y hombres.

Frente a los señalamientos, la Secretaría de las Mujeres defendió la campaña al sostener que el uso de un lenguaje coloquial busca generar cercanía con la población y facilitar que el mensaje llegue a un mayor número de personas. Sin embargo, la explicación no frenó el debate público ni las exigencias para replantear la estrategia.

La controversia derivó en un posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), organismo que subrayó que la paternidad activa no debe entenderse como una “ayuda voluntaria”, sino como una obligación jurídica, ética y afectiva derivada del principio de corresponsabilidad familiar.

En su pronunciamiento, la CEDHT exhortó a que toda comunicación institucional sea revisada bajo una perspectiva de género e interseccional, con el propósito de evitar la reproducción de violencia simbólica, estereotipos o mensajes que puedan debilitar los avances en materia de igualdad sustantiva.

El organismo recordó que, de acuerdo con cifras del INEGI, el 70.1 por ciento de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, contexto que obliga a las instituciones públicas a emitir mensajes responsables, sustentados en evidencia y respetuosos de los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó que la comunicación gubernamental no solo informa, sino que también contribuye a construir imaginarios sociales, por lo que debe ser congruente con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de igualdad y no discriminación.

La polémica en torno a #CuidarNosUne reabrió el debate sobre los límites de las campañas institucionales que buscan conectar con la ciudadanía mediante un lenguaje informal, así como sobre la responsabilidad de las autoridades para garantizar que sus mensajes promuevan la igualdad de género sin reforzar estereotipos o prácticas discriminatorias.

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