Una contradicción entre integrantes del Gobierno de Tlaxcala volvió a poner sobre la mesa un tema delicado: la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.

Mientras el vocero estatal, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que en Tlaxcala no existen casos de presidentes municipales relacionados con actividades criminales, hace unas semanas el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, reveló públicamente que había investigaciones en curso contra alcaldes por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

Durante diálogos circulares, Martínez Velázquez sostuvo que el Gobierno del Estado respeta la autonomía de los municipios, pero recordó que los ayuntamientos están sujetos a auditorías y mecanismos de supervisión debido a que administran recursos públicos, muchos de ellos de origen federal.

Asimismo, señaló que en distintas entidades del país, como Morelos, Estado de México y Michoacán, se han desarrollado investigaciones contra autoridades municipales, por lo que es indispensable mantener vigilancia permanente sobre quienes ejercen cargos públicos.

“Siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de que los municipios, presidentes municipales, puedan estar voluntaria o involuntariamente vinculados a grupos o actividades criminales. Eso no es algo que esté sucediendo en Tlaxcala”, afirmó el vocero.

Sin embargo, esa postura contrasta con las declaraciones emitidas semanas atrás por Perea Marrufo, quien reconoció la existencia de investigaciones relacionadas con algunos presidentes municipales de la entidad por presuntos vínculos con grupos delictivos. Aunque el secretario evitó revelar nombres para no afectar las indagatorias, sus declaraciones generaron preocupación por la posible penetración de estructuras criminales en gobiernos locales.

La diferencia entre ambas posturas abre interrogantes sobre el estado real de esas investigaciones. Mientras la SSC reconoció la existencia de pesquisas en curso, el vocero estatal sostiene que no hay situaciones de esa naturaleza ocurriendo en Tlaxcala.

Más allá de la discrepancia, ambos funcionarios coinciden en un punto: los ayuntamientos no están exentos del escrutinio institucional. Martínez Velázquez enfatizó que todos los entes públicos deben rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos y recordó que el dinero que ejercen los gobiernos proviene de la ciudadanía.

“El dinero del pueblo es sagrado y debe ser auditado”, concluyó.

El cargo Vocero contradice versión sobre alcaldes, niega investigaciones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Frente al Museo de Arte de Tlaxcala (MAT), el pintor prendió fuego a parte de su propia creación y dejó en el suelo cenizas que valen más que toda la partida cultural que este gobierno ha destinado a quienes viven del pincel, la imaginación y otro tipo de expresiones.

El acto fue claro: una protesta contra el abandono federal y estatal. Pero la secretaria de Cultura, Karen Villeda, respondió con el manual básico del funcionario atrapado en evidencia: minimizar y desviar.

“La actual administración ha invertido más que las anteriores”, declaró, y remató: “Teódulo ha sido uno de los artistas más apoyados”.

La frase no solo es falsa con los recortes al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tlaxcala (FECAT) —cuyo último ejercicio presupuestal apenas alcanzó para 3 proyectos, según datos filtrados en redes sociales— sino que además revela el cinismo de una funcionaria que llegó al cargo gracias a su buena suerte y que presumió en sus perfiles (hoy depurados) un odio visceral hacia todo lo que olía a morena. Esa es la que ahora defiende con uñas y dientes (pero de dientes hacia afuera).

Quienes la conocen en el ámbito cultural tlaxcalteca recuerdan sus publicaciones borradas: allí llamaba “nacos” a los seguidores de la 4T y se mofaba de las políticas sociales del presidente.

Hay quien una vez tomado el cargo le recordó a Villeda el documento que firmó, junto con otros “intelectuales”, donde criticaba abiertamente las políticas implementadas por el líder de la 4T.

Ese papel fue firmado por otros distinguidos eruditos de la talla de Roger Bartra, la familia Krauze, la familia Aguilar Camín, Denise Dresser, Jorge Castañeda G. entre tantas otras figuras del mismo nivel.

Hoy, esa misma “voz critica” se viste de funcionaria para decir que “todo está bien”. En un tuit rescatado por el colectivo Tlaxcala Crítica (y que Villeda eliminó a las horas), se lee: “El arte no es militancia, es poesía”.

Bonito. Pero la poesía no paga renta, y menos en un estado donde el presupuesto para cultura en 2025 apenas supera los 12 millones de pesos —una limosna comparada con los cientos de millones que se gastó el gobierno estatal en la feria, en obras intrascendentes y en eventos que nomás para la foto han servido.

La respuesta de Villeda provocó más indignación que alivio. Encasillar la quema como un “performance” o “autodestrucción creativa” es un truco viejo: despolitizar la protesta para que quepa en un Instagram bonito. Pero el gesto de Rómulo fue crudo, real, sin filtro. Y la secretaria, lejos de escuchar, contestó con el mismo discurso tecnocrático que ella decía odiar antes de tener una silla que le fue heredada, que no se ganó.

Mientras tanto, los artistas de a pie —los que no exponen en el MAT ni tienen retrospectiva— sobreviven con ferias de trueque y venta de artesanías recicladas. Varios han denunciado en la página de Facebook Cultura Tlaxcala: Entre el olvido y la corrupción que no reciben respuesta a sus solicitudes de apoyo desde hace 14 meses. “Karen nunca nos recibe, pero sí se toma fotos con los extranjeros que visitan el museo”, escribió un grabador anónimo.

Y esta misma cascada de criticas recibió Villeda de parte de varios directivos en un desayuno que la mandataría ofrecio a los medios de comunicación. Ahí previo al café, durante el café y en la sobre mesa, todos hablaron lo que Villeda ha dejado de hacer a favor de la cultura. No más, no menos, solo contaron la verdad.

Lo que Villeda no entiende —o finge no entender— es que Rómulo no habló por él mismo. Habló por un gremio que se siente humillado. El acto frente al MAT no fue un berrinche.

Fue el espejo de una secretaria que prefiere que le quemen incienso antes que el diálogo, y que piensa que tener rastas y fumarse un cigarro de salvia la convierte en intelectual de izquierda. Pobre Tlaxcala: le tocó bailar con la más fea, y la fea ahora quiere venderle el baile como vanguardia.

Las tres de ley… 1- los cambios que se avecinan en la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) son evidentes.

2- El cochinito ya está lo suficientemente gordo como para irse a la fiesta, y parece que la fiesta es la elección a la diputación federal, escaño que suena difícil para quien ayer decía ser idóneo a dirigir el estado, desde la titularidad del ejecutivo.

3- Antes de que concluya el ciclo escolar, o máximo al concluir el último día de clases, esas oficinas estrenarán capataz, y es probable que el más formado en la izquierda llegue a suceder en el cargo al más conflictivo de los funcionarios.

Omar Cuatianquiz Ávila tiene una madrina poderosa en la figura de Luisa María Alcalde y si su formación se mantiene, y no se prostituye como sucedió con Homero Meneses, su llegada será una buena noticia para el magisterio estatal.

El cargo Teódulo Rómulo: mil veces sus cenizas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Desde las páginas de Letras Libres y Nexos, revistas dirigidas por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, Zedillo rompió un silencio de 25 años para alertar que México, bajo el gobierno de Morena, se encamina hacia una “tiranía”.

Acusa a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum de desmantelar la democracia con reformas como la del Poder Judicial y la supuesta captura de órganos autónomos. Pero su narrativa, envuelta en un aura de salvador democrático, no resiste el escrutinio de la historia.

Zedillo, presentado por ciertos empresarios y medios como el arquitecto de la democracia mexicana, parece congelado en el año 2000, cuando dejó la presidencia.

Su sexenio, sin embargo, está lejos de ser un modelo de prosperidad o libertades. Prometió un crecimiento económico del 7% y entregó un retroceso del 4%.

Anunció inflación cero, pero esta alcanzó un astronómico 505%. Devaluó el peso un 100%, multiplicó las tasas de interés por siete y, según críticos, asestó un golpe mortal a la clase media.

Su gestión estuvo marcada por el “error de diciembre”, la creación del Fobaproa —un rescate bancario que cargó deudas privadas al erario público— y la privatización de los ferrocarriles nacionales, decisiones que aún resuenan como símbolos de un neoliberalismo voraz.

Más grave aún, su sexenio estuvo manchado por abusos de poder, incluidos los de su familia política como los ha dado a conocer el periodista Francisco Cruz, con Julio Astillero.

Zedillo rompió negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su gobierno fue señalado por masacres como la de Acteal en 1997, donde 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados.

Mientras él denuncia un supuesto “Estado policial” actual, los pueblos indígenas y opositores de su tiempo recuerdan un régimen que no dudó en usar la fuerza para acallar disidencias. Hablar de democracia bajo su mandato es, para muchos, una ironía y poca vergüenza.

El expresidente critica las reformas de la llamada Cuarta Transformación, calificándolas de “asalto frontal” a las instituciones. Pero su propio historial desmiente su autoridad moral.

En 1994, Zedillo impulsó una reforma al Poder Judicial que, de un plumazo, reemplazó a todos los ministros de la Suprema Corte para instalar a los suyos, sin que nadie lo llamara tirano.

Hoy, cuando Morena propone cambios constitucionales, Zedillo y sus aliados intelectuales gritan “dictadura”.

Este doble rasero revela una verdad incómoda: lo que les molesta no es la reforma en sí, sino quién la impulsa.

Zedillo y sus defensores, como Krauze y Aguilar Camín, parecen atrapados en la nostalgia de un México que controlaban, donde el PRI y el PAN se alternaban el poder sin cuestionar el statu quo neoliberal.

Afirman que México vivía en una democracia plena hasta 2018, cuando López Obrador llegó al poder.

Pero esa “democracia” estaba marcada por la corrupción, la desigualdad y la impunidad, males que Zedillo y sus antecesores no solo toleraron, sino que alimentaron.

Hablar de “tiranía” hoy suena más a una proyección de los abusos de su propio pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde la “Mañanera del Pueblo”, ha invitado a Zedillo a un debate abierto sobre su legado.

Es una oportunidad que el expresidente debería tomar, pero no desde la comodidad de una revista, sino en un espacio donde el pueblo —chairos y fifís, como los llaman despectivamente— pueda contrastar su narrativa con los hechos.

Si Zedillo cree que puede convencer a los mexicanos con su versión de la historia, que lo intente. Pero que no espere que, como en los 90, el pueblo se conforme con un dulce para callar.

En este 30 de abril, Zedillo nos recuerda que los “dinosaurios” del viejo régimen aún rugen, pero su eco es cada vez más débil.

No, no extraña la democracia; extraña un México donde él y los suyos eran intocables. La verdadera lección de su reaparición es que la memoria colectiva no se engaña.

Los mexicanos no olvidan, y mucho menos perdonan, un sexenio que prometió todo y dejó un país en ruinas; Chiapas y el Fobaproa son apenas una muestra de su legado.

El cargo El Payasito Zedillo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.