- Antonio Martínez Velázquez descarta casos, pero Seguridad Pública habló de pesquisas por presuntos nexos criminales
Una contradicción entre integrantes del Gobierno de Tlaxcala volvió a poner sobre la mesa un tema delicado: la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.
Mientras el vocero estatal, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que en Tlaxcala no existen casos de presidentes municipales relacionados con actividades criminales, hace unas semanas el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, reveló públicamente que había investigaciones en curso contra alcaldes por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Durante diálogos circulares, Martínez Velázquez sostuvo que el Gobierno del Estado respeta la autonomía de los municipios, pero recordó que los ayuntamientos están sujetos a auditorías y mecanismos de supervisión debido a que administran recursos públicos, muchos de ellos de origen federal.
Asimismo, señaló que en distintas entidades del país, como Morelos, Estado de México y Michoacán, se han desarrollado investigaciones contra autoridades municipales, por lo que es indispensable mantener vigilancia permanente sobre quienes ejercen cargos públicos.
“Siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de que los municipios, presidentes municipales, puedan estar voluntaria o involuntariamente vinculados a grupos o actividades criminales. Eso no es algo que esté sucediendo en Tlaxcala”, afirmó el vocero.
Sin embargo, esa postura contrasta con las declaraciones emitidas semanas atrás por Perea Marrufo, quien reconoció la existencia de investigaciones relacionadas con algunos presidentes municipales de la entidad por presuntos vínculos con grupos delictivos. Aunque el secretario evitó revelar nombres para no afectar las indagatorias, sus declaraciones generaron preocupación por la posible penetración de estructuras criminales en gobiernos locales.
La diferencia entre ambas posturas abre interrogantes sobre el estado real de esas investigaciones. Mientras la SSC reconoció la existencia de pesquisas en curso, el vocero estatal sostiene que no hay situaciones de esa naturaleza ocurriendo en Tlaxcala.
Más allá de la discrepancia, ambos funcionarios coinciden en un punto: los ayuntamientos no están exentos del escrutinio institucional. Martínez Velázquez enfatizó que todos los entes públicos deben rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos y recordó que el dinero que ejercen los gobiernos proviene de la ciudadanía.
“El dinero del pueblo es sagrado y debe ser auditado”, concluyó.
