Garay Loredo señaló que la construcción del acuerdo electoral dependerá de los tiempos internos, los acuerdos entre las fuerzas políticas y los resultados de las encuestas, además de las determinaciones que adopten las dirigencias nacionales. La definición de candidaturas no quedará únicamente en manos de las estructuras locales, pues los órganos nacionales tendrán participación en la validación de los acuerdos.

En el caso de Morena, los perfiles de Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez se mantienen dentro del escenario de competencia que deberá resolverse mediante el procedimiento establecido por el partido. La conclusión de esta etapa será determinante para conocer cómo se distribuirán posteriormente las candidaturas y posiciones entre las fuerzas que eventualmente integren la coalición.

El PT y el Partido Verde entrarían en una segunda fase de definición. Entre los perfiles mencionados se encuentran el diputado petista José Alejandro Aguilar López y el alcalde de Huamantla, Salvador Santos, quienes deberán esperar el desahogo del proceso morenista antes de conocer con mayor claridad las condiciones de participación de sus respectivos partidos.

La ruta electoral apunta así a una negociación en dos tiempos: primero Morena deberá definir su candidatura y posteriormente se abrirá el proceso de acuerdos con PT y Verde. La Dirección Nacional de Candidaturas y las dirigencias nacionales tendrán la responsabilidad de validar las decisiones finales, por lo que el escenario todavía puede modificarse conforme avancen las encuestas y las negociaciones.

El proceso mantiene abierta la disputa política por la sucesión en Tlaxcala y coloca nuevamente a los distintos aspirantes bajo el escrutinio público. ¿Quién debería encabezar la eventual alianza Morena-PT-Verde en 2027: Ana Lilia Rivera, Alfonso Sánchez, José Alejandro Aguilar o Salvador Santos? La definición de Morena será el primer movimiento de un tablero electoral que comienza a calentarse en Tlaxcala.

El cargo Morena marcará el rumbo de la coalición rumbo a 2027 en Tlaxcala: IYGL apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Hay candidaturas que crecen porque convencen.

Y hay otras que parecen crecer porque se inflan.

En Tlaxcala comienza a ser cada vez más evidente la diferencia.

Alfonso Sánchez García ha sido colocado por distintos sectores como el supuesto “delfín” rumbo a 2027. Su presencia pública se multiplica, las movilizaciones se suceden, la propaganda aparece, los respaldos se escenifican y la maquinaria política parece trabajar a toda velocidad para proyectar una imagen de fortaleza.

Pero detrás de esa escenografía aparece una pregunta incómoda:

¿Existe realmente un músculo político propio o estamos frente a un espejismo construido desde el poder?

Porque el músculo político no se mide por el número de fotografías, por la cantidad de personas movilizadas ni por la frecuencia con la que un personaje aparece en actos públicos.

Se mide por algo mucho más difícil de fabricar: votos, aceptación ciudadana, estructura propia y capacidad para convencer cuando desaparece el aparato que lo rodea.

Y ahí comienza a desinflarse el espejismo.

La propaganda puede comprar presencia.

Las movilizaciones pueden producir fotografías.

La operación política puede generar titulares.

Pero ninguna de esas herramientas puede comprar automáticamente legitimidad electoral.

El problema de fondo es que, cuando una candidatura necesita recurrir permanentemente a la exposición, a la movilización y a una intensa estrategia de posicionamiento para demostrar que es fuerte, existe el riesgo de que la propaganda termine sustituyendo a la realidad.

El supuesto músculo puede verse enorme desde la tribuna.

Pero reducirse considerablemente cuando se observa desde la calle.

Y esa diferencia importa.

Porque Tlaxcala no elegirá gobernador con fotografías de eventos, ni con videos cuidadosamente producidos, ni con concentraciones organizadas para proyectar una sensación de fuerza.

La elección se decidirá con ciudadanos.

Uno por uno.

Voto por voto.

Por eso resulta prematuro asumir que la candidatura de Sánchez García es inevitable o que Morena está condenado a dividirse alrededor de su figura.

La narrativa de la supuesta división puede ser, incluso, parte del mismo espejismo: presentar como inevitable a un aspirante para intentar convertir una percepción de fuerza en una realidad política.

Pero la política tiene una regla elemental: la percepción puede acelerar una candidatura, pero no puede reemplazar indefinidamente a los resultados.

Y aquí aparece el dato que más debería preocupar a quienes construyen la imagen del “delfín”.

Después de tanta promoción, tantas movilizaciones y una exposición pública cada vez mayor, el resultado político no parece corresponder con la magnitud del esfuerzo invertido.

La pregunta, entonces, deja de ser cuánto se ha gastado o cuántos eventos se han organizado.

La pregunta verdaderamente incómoda es:

¿Cuánto resultado político ha producido todo ese esfuerzo?

Porque si detrás de una estrategia de posicionamiento existen recursos económicos importantes —como han señalado públicamente distintos actores—, pero el crecimiento político no corresponde con la inversión, entonces estamos ante una ecuación difícil de ocultar.

Mucho aparato.

Mucha propaganda.

Muchas movilizaciones.

Muchísima exposición.

Y un resultado político que todavía parece mediocre frente a las expectativas creadas.

Eso no necesariamente demuestra una derrota.

Pero sí desmonta la idea de una candidatura imparable.

Y también obliga a revisar la narrativa del supuesto “músculo”.

Porque una cosa es tener capacidad para movilizar estructuras y otra muy distinta tener la capacidad de movilizar ciudadanos convencidos.

Una cosa es que un grupo pueda llenar una plaza.

Otra es que esos asistentes estén dispuestos a convertir su presencia en un voto.

Una cosa es aparecer acompañado por estructuras políticas.

Otra es demostrar que esas estructuras existen independientemente del poder.

Ahí está la diferencia entre músculo político y músculo del poder.

El primero sobrevive cuando cambia el viento.

El segundo depende de quién controla la maquinaria.

Por eso el verdadero examen para Alfonso Sánchez García todavía está pendiente.

No será en una fotografía.

No será en una marcha.

No será en un evento multitudinario.

Será cuando tenga que demostrar cuántos ciudadanos están con él sin necesidad de propaganda, movilización institucional o estructuras externas.

Hasta entonces, el llamado “delfín” puede seguir creciendo en las fotografías.

Pero políticamente existe una pregunta que cada día resulta más difícil de esquivar:

¿Estamos viendo el nacimiento de una candidatura competitiva o simplemente el espejismo de una candidatura que necesita parecer fuerte porque todavía no consigue demostrarlo?

El 2027 terminará respondiendo.

Y las urnas no votan espejismos.

Votan ciudadanos.

El cargo El espejismo del “delfín” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La operación política rumbo a 2027 comienza a mostrar una creciente penetración de estructuras gubernamentales en actividades de respaldo partidista. La evidencia difundida sobre la participación de Alejandro Ramírez Solís, director de la Dirección de la Carrera de las Maestras y los Maestros (DISECAMM), en movilizaciones de apoyo a Alfonso Sánchez García coloca a la estructura educativa estatal en el centro de una controversia política.

Las imágenes y registros disponibles muestran al funcionario participando en acciones de movilización política a favor de Sánchez García. Su presencia no aparece desvinculada de su posición institucional: Ramírez Solís ocupa un cargo dentro de la estructura educativa del Gobierno estatal, lo que convierte su participación en un asunto que trasciende la actividad política personal y alcanza el terreno del uso de las estructuras públicas.

El episodio evidencia una práctica particularmente sensible en tiempos preelectorales: la utilización de redes construidas desde el aparato gubernamental para generar capacidad de movilización en favor de un aspirante político. La diferencia entre participar como ciudadano y operar desde una posición de autoridad pública adquiere relevancia cuando la estructura institucional puede convertirse en un mecanismo de convocatoria, organización o respaldo.

La DISECAMM pertenece al ámbito de la educación pública estatal y mantiene vínculos con el sector magisterial. La participación de uno de sus directivos en movilizaciones de respaldo a un proyecto político coloca esa capacidad organizativa bajo escrutinio y alimenta los señalamientos sobre una eventual utilización de la estructura educativa para objetivos electorales.

El caso también se inserta en una disputa política más amplia dentro de Morena en Tlaxcala, donde distintos grupos han comenzado a construir posicionamientos de cara a la sucesión gubernamental de 2027. En ese escenario, la movilización desde posiciones vinculadas al Gobierno representa una ventaja política que no está disponible en igualdad de condiciones para quienes compiten fuera de la estructura institucional.

La controversia no radica en la libertad individual de un funcionario para tener preferencias políticas. El punto central es que una posición dentro del Gobierno puede convertirse en un instrumento de movilización cuando su titular utiliza la capacidad de convocatoria asociada a su cargo para respaldar públicamente a un aspirante.

La evidencia sobre la participación de Ramírez Solís refuerza los señalamientos que han surgido en torno a la utilización de estructuras gubernamentales para impulsar políticamente a Alfonso Sánchez García. El patrón descrito no se limita a una fotografía o a una aparición pública: se relaciona con la movilización organizada de personas y con la intervención de funcionarios vinculados a dependencias públicas.

En un proceso electoral democrático, las estructuras gubernamentales tienen una finalidad institucional y deben operar bajo principios de imparcialidad. Cuando sus integrantes aparecen involucrados en actividades de respaldo político, la línea entre Gobierno y campaña se vuelve especialmente delicada, sobre todo cuando se utilizan redes de trabajadores, organizaciones o sectores que dependen directa o indirectamente de la administración pública.

La participación de un directivo de la estructura educativa en movilizaciones políticas, por tanto, representa un nuevo elemento dentro del debate sobre la posible utilización del aparato gubernamental en la construcción de una candidatura. Corresponde a las autoridades electorales y administrativas determinar si los hechos acreditados constituyen alguna infracción y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el episodio deja un dato político difícil de ignorar: una estructura pública vinculada al sector educativo aparece involucrada en actividades de respaldo a un aspirante a la gubernatura, en pleno proceso de definición de los grupos que buscarán controlar la candidatura de Morena para 2027.

La disputa electoral apenas comienza, pero la incorporación de funcionarios y estructuras gubernamentales a la movilización política ya forma parte del escenario tlaxcalteca.

El cargo Señalan a director de la DISECAMM por movilizar apoyo para Alfonso Sánchez García apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El campo tlaxcalteca vuelve a colocarse en el centro del debate político. Productores, comuneros, dirigentes campesinos y académicos anunciaron una alianza para impulsar un Plan Integral para el Campo Tlaxcalteca, al tiempo que expresaron su respaldo a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

El planteamiento busca ir más allá de los programas de apoyo directo y propone una política de Estado que incorpore a los productores en el diseño de las decisiones públicas, particularmente en materia de producción, comercialización y precios.

El anuncio fue encabezado por José Durán Vera, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD); José Isabel Juárez Torres, dirigente estatal de la organización, y Marco Antonio Castillo Hernández, acompañados por representantes de ejidos, comunidades y del sector académico.

Del asistencialismo a una política de Estado

La principal crítica de los participantes apunta al modelo de apoyos que, consideran, no ha resuelto los problemas estructurales de productividad y comercialización que enfrenta el sector.

Durante la conferencia utilizaron una expresión que sintetizó su reclamo: “Ya no queremos un gobierno que solo entregue palitas y pollitos”, en referencia a programas basados en la distribución de herramientas menores y animales de traspatio.

En contraste, plantean construir un “Estado dinamizador”, con productores participando directamente en la definición de las políticas públicas y con instrumentos que permitan mejorar las condiciones de producción y comercialización.

Entre sus propuestas se encuentran la revisión de los precios de garantía, mecanismos de comercialización y políticas de respaldo para cultivos considerados estratégicos para Tlaxcala.

Maíz, trigo, avena y cebada, en el centro de la propuesta

La iniciativa contempla cinco cultivos como eje de atención: maíz, trigo, avena, cebada y maíz forrajero.

La apuesta pretende enfrentar algunos de los problemas que históricamente han limitado al sector: la fragmentación de la propiedad agrícola, el minifundio, la migración rural y la dependencia de intermediarios para colocar las cosechas.

Para los impulsores del proyecto, el reto no consiste únicamente en aumentar los apoyos, sino en generar condiciones para que producir en el campo vuelva a ser económicamente viable.

El componente político

El respaldo anunciado a Ana Lilia Rivera agrega una dimensión política a la propuesta agrícola.

La alianza reúne organizaciones campesinas, representantes comunitarios y perfiles vinculados con el ámbito académico alrededor de una agenda que pretende colocar al campo como uno de los temas centrales de la discusión pública rumbo al futuro político de Tlaxcala.

La presencia de la UCD, organización con trayectoria en asuntos relacionados con la tenencia de la tierra y la defensa del sector campesino, busca aportar una estructura territorial y experiencia comunitaria a la iniciativa.

Por ahora, el proyecto representa una propuesta política y sectorial para cambiar la relación entre el gobierno y el campo.

El cargo El campo busca una nueva ruta con Ana Lilia Rivera apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los testimonios que han llegado a MRNoticias señalan que trabajadores habrían sido convocados a una marcha en respaldo de Alfonso Sánchez García y que, presuntamente, en algunos centros de trabajo se habría advertido que habría pase de lista y posibles descuentos vía nómina para quienes no acudieran. Es una acusación grave. Y precisamente por eso debe investigarse, documentarse y aclararse, no minimizarse.

El asunto adquiere una dimensión política mayor por los señalamientos públicos que previamente han alcanzado al actual secretario de Educación de Tlaxcala, Alonso Trujillo, a quien se ha acusado de presuntamente utilizar o desviar recursos públicos y humanos para favorecer políticamente a Sánchez García. Hasta ahora, esos señalamientos deben permanecer en el terreno de las acusaciones mientras no exista una resolución o evidencia concluyente que los acredite.

Pero si antes se hablaba de una presunta utilización de recursos y estructuras, ahora aparece una pregunta todavía más delicada: ¿se estaría utilizando el aparato educativo para construir una plataforma política?

Porque una cosa es que un trabajador decida libremente acudir a una concentración política y otra completamente distinta sería que su jefe le ordenara asistir, pasara lista y le hiciera saber que su salario o su permanencia laboral podrían estar en riesgo si decide no hacerlo.

Ahí está la frontera que no debería cruzarse.

La educación pública no es una maquinaria electoral. Los maestros no son acarreados institucionales. Los trabajadores del sistema educativo no pueden convertirse en piezas de una estructura partidista por temor a perder el empleo, recibir represalias o afectar sus ingresos.

Y si las denuncias son falsas, las autoridades tienen una salida relativamente sencilla: mostrar las pruebas. Explicar quién convocó, quién autorizó las movilizaciones, bajo qué fundamento laboral se habría elaborado una lista de asistencia y, sobre todo, si alguien ordenó condicionar salarios o empleos.

Si las denuncias son ciertas, el problema cambia radicalmente.

Ya no estaríamos ante una simple polémica partidista, sino ante una cuestión que debería ser revisada por las instancias fiscalizadoras y electorales correspondientes.

El contexto tampoco es menor. Tlaxcala comienza a entrar en una etapa de intensa disputa política rumbo a 2027 y Alfonso Sánchez García aparece entre los actores que buscan posicionarse. En ese escenario, cualquier indicio de que una dependencia pública pudiera convertirse en plataforma de promoción política debe ser observado con lupa.

Porque el poder tiene muchas formas de movilizar. La más preocupante es aquella que no necesita convencer: solamente necesita ordenar.

La pregunta para Alonso Trujillo es concreta: ¿la Secretaría de Educación está dedicada exclusivamente a educar, administrar y atender a trabajadores y estudiantes, o existe dentro de ella una estructura destinada a favorecer un proyecto político?

Y la pregunta para Alfonso Sánchez García también es inevitable: ¿rechaza cualquier movilización política realizada mediante presión laboral o estructuras gubernamentales?

En política, guardar silencio frente a una acusación puede convertirse en parte del problema.

Los trabajadores merecen saber si pueden decir no a una movilización política sin poner en riesgo su salario, su empleo o su estabilidad laboral.

Y los ciudadanos merecen saber si los recursos, oficinas y estructuras del gobierno están siendo utilizados para servir a la educación pública o para construir candidaturas.

Porque si el poder educativo comienza a pasar lista en las calles, la sociedad tiene derecho a preguntar quién dio la orden.

Y quién está pagando la factura.

El cargo La maquinaria educativa y la movilización política apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los manifestantes, la problemática afecta a alrededor de 400 pacientes, quienes acudieron al nosocomio para hacer visible una situación que, afirman, se ha prolongado sin una solución definitiva.

La protesta coloca nuevamente el abasto de medicamentos en el centro de la discusión sobre la atención médica en Tlaxcala, particularmente entre personas que requieren tratamientos constantes y cuya interrupción puede representar una preocupación grave para su bienestar.

Con pancartas dentro del hospital, los pacientes reclamaron a las autoridades una respuesta y exigieron que sus recetas sean surtidas. Su principal demanda es contar de manera oportuna con los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos.

Durante la manifestación, los inconformes cuestionaron que existan recursos para actividades políticas mientras, según su denuncia, no hay medicamentos suficientes para atender sus recetas. Este señalamiento corresponde a los manifestantes y no constituye por sí mismo una comprobación sobre el destino de recursos públicos.

El Hospital General de Tlaxcala forma parte del sistema IMSS-Bienestar, por lo que la protesta también coloca bajo escrutinio la capacidad de las instituciones responsables para garantizar el suministro de medicamentos a pacientes con enfermedades que requieren atención y tratamiento continuo.

El cargo Protestan en Hospital General de Tlaxcala; denuncian meses sin medicamentos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A unos días de que Morena defina a quien coordinará los trabajos de la llamada transformación en Tlaxcala, el diputado federal con licencia y aspirante a coordinador, Raymundo Vázquez Conchas aseguró que respetará la decisión del pueblo y que, si el resultado favorece a Ana Lilia Rivera o al ganador, estará dispuesto a respaldar a quien resulte elegido, “porque el pueblo lo decidió”.

Más que insistir en una candidatura personal, Vázquez Conchas afirmó que la prioridad es el proyecto de estado y la unidad de Morena.

“Yo me inclino más por el proyecto de estado y lo que decida mi pueblo, ahí estaré”, sostuvo al ser cuestionado sobre si respaldaría a Alfonso Sánchez García o a Ana Lilia Rivera en caso de no obtener la designación.

Vázquez Conchas afirmó que se registró para ganar, pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de sumarse al proyecto que determine la voluntad popular. Dijo que la competencia no debería convertirse en una disputa por el poder por el poder, sino en una definición sobre el rumbo que debe tomar Tlaxcala.

El legislador también llamó a los demás participantes a mantener la unidad y a respetar el resultado.

La posición política del diputado federal con licencia da relevancia porque el proceso interno de Morena no sólo definirá un nombre, también pondrá a prueba la capacidad de sus aspirantes para aceptar un resultado, construir acuerdos y evitar que las diferencias internas terminen debilitando al partido rumbo a la elección de 2027.

Vázquez Conchas aseguró sentirse confiado por lo que ha recogido durante sus recorridos por el estado y sostuvo que seguirá mirando de frente a los tlaxcaltecas. Al mismo tiempo, insistió en que la encuesta más importante es la que expresa la sociedad y que la decisión final deberá ser respetada.

“Primero el proyecto, después las aspiraciones personales”, concluyó.

El cargo “El gallo” Ray se alinea a la decisión del pueblo por Morena apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La dirigencia nacional de Morena aún no establece una fecha oficial para definir al coordinador o coordinadora estatal de Defensa de la Transformación en Tlaxcala, confirmó el aspirante Carlos Augusto Pérez Hernández, luego de que circulara información sobre posibles nombramientos este martes en Aguascalientes, Colima y Campeche.

Durante una rueda de prensa, Pérez Hernández señaló que los militantes y simpatizantes deberán mantenerse atentos al desarrollo del proceso y sostuvo que la decisión no debería estar determinada únicamente por el nivel de conocimiento que tenga cada aspirante entre la ciudadanía, sino por otros factores relacionados con su trayectoria y capacidad.

El aspirante planteó que quien resulte elegido deberá demostrar honestidad, cercanía con la población y capacidad para reconocer tanto los avances como los reclamos y preocupaciones de los tlaxcaltecas. A su consideración, estos elementos serán fundamentales para mantener la confianza ciudadana y permitir que el movimiento continúe avanzando.

Pérez Hernández también hizo un llamado a mantener la unidad en torno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y pidió a los participantes respetar la convocatoria de Morena y garantizar condiciones de “piso parejo”. Además, llamó a privilegiar la conciliación política y dejar de lado las diferencias internas que puedan dividir al partido.

En su posicionamiento, sostuvo que ningún interés personal debe colocarse por encima del interés de la ciudadanía, al tiempo que expresó su respaldo al mensaje de Sheinbaum en torno al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El llamado busca reforzar la idea de que las decisiones políticas deben subordinarse al proyecto de transformación y no a aspiraciones individuales.

El proceso interno de Morena en Tlaxcala adquiere relevancia debido a que la definición del coordinador estatal será uno de los primeros movimientos que permitirá medir la fuerza de los distintos grupos rumbo a la sucesión gubernamental de 2027. La ausencia de una fecha oficial mantiene abierta la competencia y también incrementa la expectativa sobre los criterios que utilizará la dirigencia nacional para elegir al perfil.

Más allá de los nombres, Morena enfrenta una prueba de credibilidad en Tlaxcala. La definición será observada no solamente por sus militantes, sino también por una ciudadanía que espera reglas claras, equidad y congruencia. Si el partido consigue demostrar que existe un proceso competitivo y transparente, podrá fortalecer su unidad; si prevalecen las percepciones de favoritismo o decisiones tomadas desde las cúpulas, el conflicto interno podría convertirse en una debilidad rumbo a 2027.

El cargo Morena mantiene en suspenso definición de su coordinador en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una medida que permite a miles de jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE acceder a un complemento económico solidario. Este mecanismo busca que la pensión total se acerque al último salario cotizado, con un tope que en 2025 alcanzó los 17,364 pesos mensuales.

La resolución unánime del máximo tribunal, emitida el 12 de agosto de 2026, da certeza jurídica a la reforma impulsada en 2024 y garantiza mejores condiciones de retiro para la generación de cuentas individuales, siempre que se cumplan requisitos específicos de edad, régimen y monto de pensión.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Pleno de la SCJN declaró infundada la acción de inconstitucionalidad 116/2024, promovida por diputados de oposición. Por unanimidad reconoció la validez del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024 y del Decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar del 1 de mayo de 2024.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que la transferencia de recursos de cuentas inactivas de Afores no constituye confiscación ni privación de propiedad. Los ahorros siguen perteneciendo a los trabajadores o sus beneficiarios y el derecho a reclamarlos es imprescriptible. Así lo detallan la sentencia y los comunicados oficiales de la propia SCJN.

¿En qué casos los jubilados y pensionados pueden cobrar hasta 17,364 pesos mensuales?

No todos reciben exactamente esa cantidad. Los 17,364 pesos correspondieron al tope máximo vigente en 2025, equivalente al salario mensual promedio registrado por el IMSS ese año. En 2026, el límite se actualizó a aproximadamente 17,885.85 pesos, conforme a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El complemento se otorga cuando se reúnen estas condiciones, según la página oficial del IMSS y el Decreto del Fondo:

• Haber iniciado cotizaciones al IMSS a partir del 1 de julio de 1997 (Ley 97) o pertenecer al régimen de cuentas individuales del ISSSTE.
• Solicitar pensión por vejez a los 65 años o más.
• Contar con resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024.
• Cumplir las semanas cotizadas exigidas (875 en 2026 para IMSS).
• Que la pensión calculada por la Afore sea inferior al salario de referencia del trabajador.
• Que el salario de referencia (promedio del último año cotizado × 30.4) sea igual o superior al tope anual.

Si el último salario del trabajador es igual o mayor al tope, el Fondo completa hasta 17,364 pesos (o el monto actualizado). Si el salario es menor, solo se complementa hasta el salario real. Ahora bien, quienes se pensionan bajo la Ley 73 del IMSS no aplican.

¿Cómo funciona el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo es un fideicomiso público en el que la SHCP actúa como fideicomitente y el Banco de México como fiduciario. Recibe recursos de cuentas inactivas de Afores(trabajadores de 70 años o más en IMSS y 75 en ISSSTE sin relación laboral activa), además de otras fuentes.

Con esos recursos otorga un complemento solidario para elevar la tasa de reemplazo de las pensiones de la generación Afore. El cálculo es automático al tramitar la pensión por vejez.

De esta manera, el IMSS reportó que entre julio de 2024 y mayo de 2026 ya benefició a más de 7,200 personas, elevando el promedio de pensión de 52.5 % a 96.1 % del último salario en los casos atendidos.

¿Los ahorros de las Afores están seguros y se pueden reclamar?

La SCJN subrayó que la titularidad de los recursos no se extingue. El derecho a solicitar la devolución es permanente e imprescriptible. El Fondo mantiene una reserva específica para garantizar esas devoluciones.

Hasta marzo de 2026 ya había regresado más de 5,000 millones de pesos reclamados, de acuerdo con informes del propio fideicomiso y coberturas basadas en datos oficiales.

Con información de El Cronista

El cargo La Suprema Corte falló a favor de los jubilados y los pensionados apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La versión oficial sobre lo ocurrido en Casa de Gobierno cambió en cuestión de días. Primero se confirmó que servidores públicos habían sido separados de sus cargos por los hechos; ahora, el titular de la Coordinación de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, asegura que las investigaciones de la Secretaría de Gobierno concluyeron que no existió una operación propagandística en ese inmueble.

Durante los Diálogos Circulares de este lunes, Martínez Velázquez sostuvo que la información del caso corresponde a la Secretaría de Gobierno y que, después de las indagatorias, “ya no hay nada más que informar por el momento”.

El giro resulta relevante porque apenas la semana pasada el propio funcionario había confirmado públicamente la situación y posteriormente informó sobre el cese de tres servidores públicos relacionados con el caso.

Ahora, el argumento es que en aquellos primeros momentos “no teníamos la información completa debido a que no se había realizado una investigación a fondo”, por lo que la versión difundida inicialmente habría cambiado a partir de las investigaciones.

El secretario de Gobierno, Luis Ramírez, ha sostenido —según la explicación ofrecida por el vocero— que no se acreditaron actos de propaganda política dentro de Casa de Gobierno.

Pero queda una pregunta central: si no existió la operación propagandística, ¿qué motivó entonces el anuncio de los tres ceses?

La contradicción entre ambas versiones abre un nuevo capítulo del caso y deja sobre la mesa otra interrogante: ¿se transparentará el resultado de la investigación o el expediente terminará archivado hasta que el tema desaparezca de la conversación pública?

Por ahora, la postura oficial es que no hay más información que proporcionar. Sin embargo, la pregunta que permanece es precisamente la que puede mantener vivo el debate: ¿qué ocurrió realmente en Casa de Gobierno?

El cargo “Por el momento no hay nada más que informar de Casa de Gobierno”: vocero apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.