Esa lista de los tlaxcaltecas inscritos ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo federal, conformada por 18 mil 447 personas del país, la encabeza el actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del gobierno estatal (Sesesp), Maximino Hernández Pulido, quien se registró para contender por una de las magistraturas que integrará la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También se registraron la jueza María Isabel Pérez González, quien aspira a ser magistrada en el Tribunal Colegiado del 28 Circuito, y Claudia Pérez Rodríguez, ex diputada federal, quien busca el cargo de jueza de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio.

Además, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rebeca Xicohténcatl Corona, también se inscribió para una magistratura.

Miguel Ángel Polvo Rea, ex presidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, se postuló para juez de Distrito, mientras que Rodolfo Montealegre Luna, asesor de la gobernadora, también busca ese cargo.

Otros aspirantes incluyen a Zenón Ramos Castillo, líder sindical del Cecyte, y Francisco Javier Mena Corona, ex presidente del IAIP-Tlax, quienes buscan ser jueces de distrito.

Fernando Flores Xelhuantzi, actual trabajador del Tribunal Electoral de Tlaxcala, también se inscribió para magistrado en la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción.

Otros nombres registrados incluyen a Noé Hernández Rojas, actual titular de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado, y Toribio Moreno Carpinteyro, ex consejero electoral local, quienes también aspiran a ser magistrados.

El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal revisa actualmente los requisitos de los 18,447 aspirantes registrados. El 15 de diciembre se publicará el listado final de los postulantes que cumplan con los requisitos, y a partir del 31 de enero de 2025 se determinará la idoneidad de los candidatos, con una insaculación pública prevista para febrero del mismo año.

Con información de Juan Luis Cruz Pérez de la Jornada de Oriente 

El cargo Tlaxcala: Se postulan políticos, funcionarios, ex alcaldes para cargos en el PJF a través del Ejecutivo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Neptalí N., de Calpulalpan, quien gobernaba a través del extinto partido político Encuentro Social (PES); el presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N.; el ex presidente de Panotla, Eymard N. del Partido de la Revolución Democracia (PRD) y recientemente el de Xaloztoc, J. Carmen N.

Sin embargo hay una larga lista de personajes que duermen con un amparo bajo el colchón como es el caso de Rodrigo N. de Teolocholco; Angelo N. de Apetatitlán; Salvador N., presidente reelecto de Huamantla; Luis Ángel N., de Xicohtzinco, y Oracio N., de Axocomanitla.

La lista es inédita, eso hay que decirlo, ahora tendremos que ver si los procesos se mantienen y se logra recuperar algo de lo que estos figurines se llevaron, o si correrán la misma suerte que el de Calpulalpan que, tras unos meses en la sombra, acabaron saliendo a disfrutar de su libertad.

El el caso del último detenido, J. Carmen N. sería lamentable pues tan solo en tres meses no logró aclarar 9.5 millones de pesos en el año 2016, mientras que en el 2015 el daño fue superior a los 13 millones de pesos. Se sirvió con la cuchara grande.

Alabanza en boca propia…

María Isabel Pérez González sabe que su salida está cerca, pero quiere irse presumiendo “sus logros”, aunque eso sea ni más ni menos para lo que se rentó, para lo que se le paga y no es menos de lo que se espera de un funcionario de su nivel y jerarquía.

Sin embargo eso no impidió que la todavía magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) presumiera a través de un boletín una efectividad superior al al 90 por ciento en resoluciones.

“A pesar de su alta efectividad decidió no impugnar la resolución del Poder Legislativo quien optó por no ratificarla en el cargo”, dice el documento.

Este mismo texto afirma que su trabajo se traduce en una efectividad del 93.6 por ciento en sus resoluciones y que durante los casi seis años de su mandato, sólo nueve de las 508 resoluciones que emitió le fueron revocadas. Lo anterior se desprende del informe remitido al Poder Legislativo por parte de la Magistrada.

En contraparte Marcos Tecuapacho hizo todo lo opuesto pues luego de que los diputados locales aprobaran el procedimiento para analizar la situación jurídica de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el abogado se amparó para seguir en el cargo, pese a conocer que su periodo concluye el próximo 31 de agosto.

El expediente 826/2024 presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala señala que en su perjuicio fueron violados los artículos 1,14,16,17,116 y 133.

Las tres de ley… 1- Para un gobierno tan sensible y humano no se ve bien que las manifestaciones por mala atención a enfermos renales sea reiterada, mucho menos cuando se trata de infantes, como sucedió el día de ayer.

2- Esto ocurrió en las instalaciones del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), espacio que fue tomado, en demanda a la falta de insumos que sirven para realizar las sesiones de hemodiálisis que son de vida o muerte para los enfermos renales.

3-  La molestia es justificada si se toma en cuenta que, de acuerdo con los padres de familia, desde hace dos meses los responsables del nosocomio justifican con diversos pretextos la falta de esterilización del equipo con el que sus hijos reciben tratamiento. Una infección en este nivel es de alto riezgo, incluida la muerte.

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Por incumplir los principios de excelencia, objetividad y honestidad en sus funciones, así como en actos u omisiones que afectaron, incluso, el patrimonio del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Pleno del Congreso del Estado determinó no ratificar a María Isabel Pérez González y a Marcos Tecupacho Domínguez como magistrados de ese organismo.

En el caso de María Isabel Pérez González, el dictamen emitido por la Comisión Especial creada exprofeso por el Congreso local señaló lo siguiente: “Es claro que ha incumplido la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, y siendo así, puesto que los aspectos señalados se encuentran probados con las documentales que obran en actuaciones, se propone no ratificar a la licenciada María Isabel Pérez González en el cargo de magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado”.

Respecto de Marcos Tecupacho Domínguez, el dictamen respectivo también refirió diversas irregularidades en su actuación como magistrado, pero además, el principio de la paridad de género para que la magistratura sea ocupada en el futuro por una mujer.

“La falta de ética y profesionalismo con el que se ha conducido en el desempeño de su encargo, así como la falta de cumplimiento de la legislación laboral, que nos hace arribar a proponer su no ratificación, se suma un deber constitucional que tenemos como poder soberano, enfocado a quitar cualquier obstáculo que impida alcanzar la paridad de género en los órganos colegiados, de ahí que también este elemento lo tomamos en consideración para proponer la no ratificación del magistrado Marcos Tecuapacho”, estableció el dictamen respectivo aprobado por el Pleno.

Con respecto al principio de la paridad de género, la Comisión Especial del Congreso estableció: “Se hace notar al Pleno de esta asamblea, que en el supuesto de evaluar de manera favorable la ratificación del magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, resultaría contrario al principio constitucional de paridad de género en la integración de los órganos de Gobierno que son electos mediante el ejercicio de facultades constitucionales y legales por los Poderes de esta entidad federativa”, precisó el dictamen.

Lo cierto es que en los dictámenes respectivos, de acuerdo con informes remitidos por el Órgano Interno de Control del mismo TJA, ni la magistrada ni el magistrado actuaron incumplieron con la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, situación por la cual la propuesta de la Comisión fue no ratafircarlos en las magistraturas.

Esos principios se refieren a los de eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia, buena reputación, objetividad, imparcialidad, independencia, capacidad y competencia.

Entre las irregularidades más graves que ambos se les detectaron, destacan las irregularidades en la adquisición del inmueble destinado para ser la sede del Tribunal de Justicia Administrativa.

Lo anterior, porque la Comisión Especial dio por bueno el avalúo número 6366 emitido por la corredora pública número 2 en el estado de Tlaxcala, Nora Mendoza Arrevillaga, respecto del inmueble ubicado en Prolongación Zahuapan S/N, San Francisco Tlacualoyan, del municipio de Yauhquemehcan, en el que se determinó que el costo del inmueble era de 4 millones 172 mil 400 pesos, y se pagó por él la cantidad de 6 millones 500 mil pesos.

Es decir, “existió un pago por sobre costo del valor comercial por aproximadamente 2 millones 327 mil 600 pesos, transgrediendo flagrantemente los principios de eficacia, eficiencia, honestidad invulnerable, honorabilidad, idoneidad y rendición de cuentas.

No sólo eso, sino que la Comisión Especial hizo una búsqueda para conocer el estado actual del inmueble en el que supuestamente se edificará la sede del TJA, y encontró que “a la presente fecha en dicho terreno continúa en proceso de edificación, sin que se haya concluido con el proyecto”.

Por otra parte, la Comisión Especial arribó a la conclusión de que que la magistrada y el magistrado evaluados se han conducido “con intención de engañar a las diversas instancias administrativas en sus procesos de vigilancia, visitas, estadística, disciplina, conflictos de trabajo o en el cumplimiento a las políticas judiciales implementadas, destacadamente las de combate al nepotismo”. Ello, porque han contrado personal con el argumento de que existe suficiencia presupuestaria.

A más de lo anterior, la Comisión Especial observó que ambos aprobaron un ejercicio de control difuso de la Ley Orgánica del TJA, extralimitándose en sus atribuciones. Ello, porque no se desahogaron los procedimientos correspondientes para nuevos nombramientos en la Secretaría General de Acuerdos y en la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal.

Ambos magistrados resolvieron, por mayoría, la permanencia en el cargo de Rodolfo Montealegre Luna y Yenisei Esperanza Flores Guzmán, respectivamente, por lo que actuaron “sin dar cumplimiento a lo establecido en los artículos transitorios de la Ley Orgánica”.

Cabe destacar que los dictámenes fueron aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, con lo cual, ambos magistrados concluirán su responsabilidad el próximo 31 de agosto sin la posibilidad de ratificación.

En próximos días el Poder Ejecutivo deberá emitir la convocatoria para para elegir a las personas titulares de las dos nuevas magistraturas, quienes deberán aprobar los exámenes públicos de oposición respectivo.

El cargo Determina Congreso no ratificar a dos magistrados del TJA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes el proceso que los legisladores deberán seguir para evaluar a los magistrados de plazo por cumplir del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, quienes concluyen su periodo el próximo 31 de agosto y aspiran a la ratificación en su respectiva magistratura.

La evaluación determinará si a Pérez González y Tecuapacho Domínguez se les ratifica en el cargo. Para ello, las y los legisladores evaluarán el desempeño de ambos mediante la revisión de “libros de gobierno, actas, expedientes personales y judiciales en los que los magistrados de plazo por cumplir, intervinieron respectivamente en su carácter de juzgadores”.

De acuerdo con los congresistas, en todo ese proceso “se podrá advertir si los magistrados a evaluar poseen individualmente los atributos que se les reconocieron al momento de su designación, y que su trabajo cotidiano lo hayan desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable”.

Lo aprobado en el Pleno este martes sostiene que tales características son necesarias para determinar sobre su ratificación o no en el encargo de magistrados.

Las y los diputados aseguraron que el dictamen final que en su oportunidad se emitará, será producto de haber revisado la actuación de la magistrada y del magistrado, para con ello atender al derecho que rienen de contar con la estabilidad en el desempeño de su función, pero, además, “ofrecer a la sociedad la garantía de que tendrá acceso a una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita”.

Por lo pronto, el Pleno del Congreso local solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa copia certificada del expediente personal de ambas magistraturas, así como de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de pleno y sus apéndices, a partir del 1 de septiembre del año 2018 y hasta el 30 de abril del año 2024. Lo anterior, además de las actas de sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública con sus apéndices.

El cargo Aprueba Congreso local procedimiento para evaluar a magistrados del TJA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA), no ha sido notificado del procedimiento de juicio político iniciado por el Pleno del Congreso del Estado en contra de la y los magistrados que integran el organismo.

Los magistrados María Isabel Pérez González, Elías Cortés Roa y Marcos Tecuapacho Domínguez manifestaron que únicamente conocen del tema, por lo que se ha manejado a través de medios de comunicación, de ahí que desconocen de los detalles del proceso y de los términos legales, por tanto, esperarán a conocer el documento, para emitir un pronunciamiento fundado y justificado del tema.

Destacaron que el proceso se encuentra en etapa de análisis en el Congreso del Estado a través de la Comisión Especial encargada de revisar información y pruebas documentales de los hechos atribuibles a la y los magistrados del TJA, quienes determinarán si procede o no el juicio político para su notificación y en su caso manifestar lo que su derecho corresponda.

“Nuestro objetivo es demostrar que en todo momento nuestro desempeño ha sido apegado a la normativa”, mencionaron.

Reiteraron que serán respetuosos de los tiempos legales, toda vez que hasta el momento no forman parte del procedimiento, al no existir emplazamiento alguno, sin embargo, permanecen atentos del proceso y de cualquier requerimiento legal.

El cargo TJA ES RESPETUOSO DE LOS TIEMPOS LEGALES POR JUICIO POLÍTICO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

No se trata solamente de un ex trabajador poco productivo y que aprovecha su calidad de presidente de la barra de abogados de Apizaco para promoverlo, sino de los intereses que existen por parte de otros actores para sustituir a María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez en sus respectivas magistraturas por cumplir su plazo legal en el cargo.

En realidad, Daniel Morales Díaz solamente es utilizado por una ex diputada local panista. Para decirlo claro, se trata de Mildred Murbartián Aguilar, quien busca sacar raja política tratando de colocarse la toga de una magistratura.

¿Qué antecedentes políticos tiene Mildred Murbartián, además de haber sido integrante de la bancada de Acción Nacional (PAN) durante la LX Legislatura local?

Bueno, pues nada menos que fue empleada de los gobernadores priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez. Sus buenas relaciones políticas, originadas en el desempeño de su cargo legislativo, llegaron al grado de ser nombrada como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Ahora mismo Murbartián Aguilar ejerce el cargo de secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero en los hechos es una supra magistrada, y en el ejercicio del cargo está decidida a terminar con la presidencia de Elías Cortés Roa. Es decir, está convertida en un verdadero caballo de Troya.

Quienes han escuchado sus infidencias, sostienen que ella asegura tener una serie de documentos para demostrar los presuntos excesos cometidos por el hoy presidente de este organismo, Elías Cortés Roa, con lo cual pretende adelantar su salida.

Pero además de pretender ese objetivo, sus intereses abarcan el hecho de anular la posibilidad de que María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez sean ratificados en sus magistraturas por parte del Congreso local. ¿Por qué tiene ese interés? Para ocupar el cargo, por supuesto.

Ella misma se ha encargado de descubrir su objetivo al develar a algunos de sus cercanos que ella será la próxima presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

Asegura que cuenta con el respaldo absoluto de los diputados que integran la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

Por eso, a través del presidente de la barra de abogados de Apizaco, utiliza como argumento principal el tema del proceso de adquisición del predio donde son construidas las oficinas de ese Tribunal.

El problema con ese argumento es que el asunto tiene más de cuatro años y ya, incluso, es cosa juzgada porque la cuenta pública de ese órgano autónomo fue aprobada en su momento por el Congreso del Estado.

Las imputaciones en contra de Cortés Roa y sus homólogos parecieran graves debido al natural impacto mediático y político que tienen, sin embargo, vale la pena observar la solicitud de juicio político fue presentada justo cuando se inicia el proceso para definir la ratificación o no en el cargo de dos de las tres personas que ocupan las magistraturas.

En el caso hipotético de que la solicitud proceda, Mildred Murbartián sabe perfectamente que las imputaciones alcanzarían también al actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

¿Qué busca ese proceso? Todo indica que hacer una limpia del Pleno de ese Tribunal para garantizar el arribo de nuevos juristas. En esa circunstancia, Mildred Burbartián está segura de que alcanzaría un espacio en la próxima integración de ese órgano jurisdiccional. Para eso ocupa el nombre de la titular del ejecutivo, me advierten las mismas fuentes, ¿será cierto?.

Las tres de ley… 1- La tardía llegada de algunos partidos políticos a la jornada electoral, porque así lo decidió el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) tendrá eco en los espacios judiciales. Nadie que pierda en “empate técnico” podrá decir que esas horas de desfase para algunos candidatos no fueron la diferencia entre convencer a 100 ó 1000 personas, y nadie podrá afirmar lo contrario.

2- La declaración de Alejandro Aguilar en Apizaco, durante el arranque de campaña de Javier Rivera Bonilla, afirmando que en natal Huamantla podrá ganar cualquiera, menos el presidente municipal actual, abre la puerta para que cualquier candidato con presencia, inteligencia y credibilidad pueda competir por esa alcaldía. Pero también confirma que el sector empresarial no está dispuesto a ver la reelección de Salvador Santos Cedillo en el Pueblo Mágico.

3- Chiautempan arrancó la campaña en 3a, ninguno de los abanderados parece entender la importancia que tiene ese territorio. Tan importante y grande es, que ni los malos gobiernos y desvíos millonarios de Antonio Mendoza, Héctor Dominguez o Gustavo Jiménez se lo han podido acabar, ahí sigue de pie el municipio sarapero. Por esa misma grandeza merece candidatos y un eventual gobierno al mismo nivel. ¿quién será el que lo logre?

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El cargo Mildred contra la Justicia Administrativa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sin embargo, ¿qué garantiza que esa evaluación será tan objetiva que las y los tlaxcaltecas tengamos la seguridad de que si se quedan, serán los mejores, y si se van, serán relevados también por los mejores? En realidad nada.

Las y los recién llegados congresistas, con honrosas excepciones, llegaron a ocupar un asiento vacío, pero en realidad servirán a los mismos intereses que aquellos que solicitaron licencia para buscar su reelección o una presidencia municipal.

De eso no hay duda, y para muestra se encuentra la reciente aprobación para desaparecer el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad.

La mayoría de los apoyos a cerca de 200 mil personas que sufren alguna condición de discapacidad permanente en el estado, es cierto, se darán a través de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, pero lo que poco se dice es que al igual que el resto de los programas que se otorgan a través de esa institución, se darán a través de programas sociales cuya principal premisa -grita la oposición- es la obtención de votos a favor de las candidaturas impulsadas desde el partido en el poder. El momento no era el mejor.

Menciono lo anterior como un simple contexto de que no será esa evaluación llevada a cabo por las y los congresistas la que decida si María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez repiten en sus respectivas magistraturas. Sino la instrucción que reciba la mayoría legislativa desde Palacio de Gobierno.

Así ha ocurrido en el caso de las nuevas magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y en las ratificaciones también. Por eso, por ejemplo, fue ratificada en el cargo Mary Cruz Cortés Ornelas para que después fuera elegida como presidenta del Poder Judicial.

Todas y todos, dentro y fuera del Poder Judicial, saben perfectamente que quien sea designado como cabeza, debe contar con la anuencia del Poder Ejecutivo. Y que a través de la Secretaría de Gobierno se llevan a cabo los cabildeos respectivos. Justo como sucedía cuando el oriundo de Morelos cobraba como responsable en Medio Ambiente.

Así llegó la nueva presidenta del TSJE, Anel Bañuelos Meneses, y así llegará quien ocupe la próxima presidencia. Los “análisis” ni se hacen, ni sirven para ratificar a nadie.

En ese sentido, de cara a la próxima definición de si se quedan o no Pérez González y Tecuapacho Domínguez a ocupar sus magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué garantiza que ambos sean los profesionales mejor calificados para el desempeño de esa función? Otra vez la respuesta: nada.

La próxima evaluación será uno de los elementos subjetivos que contribuirá a legitimar la decisión del Poder Legislativo, pero nada más. Así han sido las evaluaciones para determinar nuevos nombramientos en otras instituciones “autónomas”.

Lo que ahora sucede, sin embargo, no es nuevo y por eso no causa sorpresa alguna. Ese mismo proceso ha venido repitiéndose por décadas, con priistas, panistas, perredistas y morenistas. Ningún cambio ha habido al respecto, y mientras los intereses gubernamentales sigan satisfaciéndose, ningún cambio habrá, al menos no en el sentido positivo.

Las tres de ley… 1- El primer #foro #PorElTlaxcalaQueQueremos organizado por la Alianza Empresarial  del Estado de Tlaxcala no desmereció, pero debió ser un momento vergonzoso para los órganos electorales que no quisieron encabezar este ejercicio.

 2- Se extrañó a los aspirantes de morena, pero con la ventaja que les dan las encuestas de “El País”, “De las Heras Demotecnia”, “Mitofsky”, nadie en ventaja aceptaría una confrontación, o un debate donde las ideas no se privilegian y el ataque es la constante.

 3- La “campaña negra” organizada por Julio Cesar Hernández Mejía y Julio Cesar Álvarez García, esposo de la candidata y suplente, respectivamente, que compiten por el distrito federal 1 contra Alejandro Aguilar, no tuvo el impacto deseado.

La polvora se mojó desde el momento en el que algunos ex colaboradores de los panistas exhibieron la “estrategía” montada desde Apizaco; se sabe que imprimieron en Estado de México, el tiraje y el pago efectuado por la portada. Se nota que la repartición dejó soldados heridos.

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