* Congresistas tendrá que determinar, a través de un dictamen, si María Isabel Pérez y Marcos Tecuapacho son o no ratificados en sus magistraturas.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes el proceso que los legisladores deberán seguir para evaluar a los magistrados de plazo por cumplir del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, quienes concluyen su periodo el próximo 31 de agosto y aspiran a la ratificación en su respectiva magistratura.
La evaluación determinará si a Pérez González y Tecuapacho Domínguez se les ratifica en el cargo. Para ello, las y los legisladores evaluarán el desempeño de ambos mediante la revisión de “libros de gobierno, actas, expedientes personales y judiciales en los que los magistrados de plazo por cumplir, intervinieron respectivamente en su carácter de juzgadores”.
De acuerdo con los congresistas, en todo ese proceso “se podrá advertir si los magistrados a evaluar poseen individualmente los atributos que se les reconocieron al momento de su designación, y que su trabajo cotidiano lo hayan desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable”.
Lo aprobado en el Pleno este martes sostiene que tales características son necesarias para determinar sobre su ratificación o no en el encargo de magistrados.
Las y los diputados aseguraron que el dictamen final que en su oportunidad se emitará, será producto de haber revisado la actuación de la magistrada y del magistrado, para con ello atender al derecho que rienen de contar con la estabilidad en el desempeño de su función, pero, además, “ofrecer a la sociedad la garantía de que tendrá acceso a una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita”.
Por lo pronto, el Pleno del Congreso local solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa copia certificada del expediente personal de ambas magistraturas, así como de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de pleno y sus apéndices, a partir del 1 de septiembre del año 2018 y hasta el 30 de abril del año 2024. Lo anterior, además de las actas de sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública con sus apéndices.
