El Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes el proceso que los legisladores deberán seguir para evaluar a los magistrados de plazo por cumplir del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, quienes concluyen su periodo el próximo 31 de agosto y aspiran a la ratificación en su respectiva magistratura.

La evaluación determinará si a Pérez González y Tecuapacho Domínguez se les ratifica en el cargo. Para ello, las y los legisladores evaluarán el desempeño de ambos mediante la revisión de “libros de gobierno, actas, expedientes personales y judiciales en los que los magistrados de plazo por cumplir, intervinieron respectivamente en su carácter de juzgadores”.

De acuerdo con los congresistas, en todo ese proceso “se podrá advertir si los magistrados a evaluar poseen individualmente los atributos que se les reconocieron al momento de su designación, y que su trabajo cotidiano lo hayan desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable”.

Lo aprobado en el Pleno este martes sostiene que tales características son necesarias para determinar sobre su ratificación o no en el encargo de magistrados.

Las y los diputados aseguraron que el dictamen final que en su oportunidad se emitará, será producto de haber revisado la actuación de la magistrada y del magistrado, para con ello atender al derecho que rienen de contar con la estabilidad en el desempeño de su función, pero, además, “ofrecer a la sociedad la garantía de que tendrá acceso a una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita”.

Por lo pronto, el Pleno del Congreso local solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa copia certificada del expediente personal de ambas magistraturas, así como de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de pleno y sus apéndices, a partir del 1 de septiembre del año 2018 y hasta el 30 de abril del año 2024. Lo anterior, además de las actas de sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública con sus apéndices.

El cargo Aprueba Congreso local procedimiento para evaluar a magistrados del TJA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (TJA), no ha sido notificado del procedimiento de juicio político iniciado por el Pleno del Congreso del Estado en contra de la y los magistrados que integran el organismo.

Los magistrados María Isabel Pérez González, Elías Cortés Roa y Marcos Tecuapacho Domínguez manifestaron que únicamente conocen del tema, por lo que se ha manejado a través de medios de comunicación, de ahí que desconocen de los detalles del proceso y de los términos legales, por tanto, esperarán a conocer el documento, para emitir un pronunciamiento fundado y justificado del tema.

Destacaron que el proceso se encuentra en etapa de análisis en el Congreso del Estado a través de la Comisión Especial encargada de revisar información y pruebas documentales de los hechos atribuibles a la y los magistrados del TJA, quienes determinarán si procede o no el juicio político para su notificación y en su caso manifestar lo que su derecho corresponda.

“Nuestro objetivo es demostrar que en todo momento nuestro desempeño ha sido apegado a la normativa”, mencionaron.

Reiteraron que serán respetuosos de los tiempos legales, toda vez que hasta el momento no forman parte del procedimiento, al no existir emplazamiento alguno, sin embargo, permanecen atentos del proceso y de cualquier requerimiento legal.

El cargo TJA ES RESPETUOSO DE LOS TIEMPOS LEGALES POR JUICIO POLÍTICO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

No se trata solamente de un ex trabajador poco productivo y que aprovecha su calidad de presidente de la barra de abogados de Apizaco para promoverlo, sino de los intereses que existen por parte de otros actores para sustituir a María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez en sus respectivas magistraturas por cumplir su plazo legal en el cargo.

En realidad, Daniel Morales Díaz solamente es utilizado por una ex diputada local panista. Para decirlo claro, se trata de Mildred Murbartián Aguilar, quien busca sacar raja política tratando de colocarse la toga de una magistratura.

¿Qué antecedentes políticos tiene Mildred Murbartián, además de haber sido integrante de la bancada de Acción Nacional (PAN) durante la LX Legislatura local?

Bueno, pues nada menos que fue empleada de los gobernadores priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez. Sus buenas relaciones políticas, originadas en el desempeño de su cargo legislativo, llegaron al grado de ser nombrada como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Ahora mismo Murbartián Aguilar ejerce el cargo de secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, pero en los hechos es una supra magistrada, y en el ejercicio del cargo está decidida a terminar con la presidencia de Elías Cortés Roa. Es decir, está convertida en un verdadero caballo de Troya.

Quienes han escuchado sus infidencias, sostienen que ella asegura tener una serie de documentos para demostrar los presuntos excesos cometidos por el hoy presidente de este organismo, Elías Cortés Roa, con lo cual pretende adelantar su salida.

Pero además de pretender ese objetivo, sus intereses abarcan el hecho de anular la posibilidad de que María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez sean ratificados en sus magistraturas por parte del Congreso local. ¿Por qué tiene ese interés? Para ocupar el cargo, por supuesto.

Ella misma se ha encargado de descubrir su objetivo al develar a algunos de sus cercanos que ella será la próxima presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

Asegura que cuenta con el respaldo absoluto de los diputados que integran la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

Por eso, a través del presidente de la barra de abogados de Apizaco, utiliza como argumento principal el tema del proceso de adquisición del predio donde son construidas las oficinas de ese Tribunal.

El problema con ese argumento es que el asunto tiene más de cuatro años y ya, incluso, es cosa juzgada porque la cuenta pública de ese órgano autónomo fue aprobada en su momento por el Congreso del Estado.

Las imputaciones en contra de Cortés Roa y sus homólogos parecieran graves debido al natural impacto mediático y político que tienen, sin embargo, vale la pena observar la solicitud de juicio político fue presentada justo cuando se inicia el proceso para definir la ratificación o no en el cargo de dos de las tres personas que ocupan las magistraturas.

En el caso hipotético de que la solicitud proceda, Mildred Murbartián sabe perfectamente que las imputaciones alcanzarían también al actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

¿Qué busca ese proceso? Todo indica que hacer una limpia del Pleno de ese Tribunal para garantizar el arribo de nuevos juristas. En esa circunstancia, Mildred Burbartián está segura de que alcanzaría un espacio en la próxima integración de ese órgano jurisdiccional. Para eso ocupa el nombre de la titular del ejecutivo, me advierten las mismas fuentes, ¿será cierto?.

Las tres de ley… 1- La tardía llegada de algunos partidos políticos a la jornada electoral, porque así lo decidió el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) tendrá eco en los espacios judiciales. Nadie que pierda en “empate técnico” podrá decir que esas horas de desfase para algunos candidatos no fueron la diferencia entre convencer a 100 ó 1000 personas, y nadie podrá afirmar lo contrario.

2- La declaración de Alejandro Aguilar en Apizaco, durante el arranque de campaña de Javier Rivera Bonilla, afirmando que en natal Huamantla podrá ganar cualquiera, menos el presidente municipal actual, abre la puerta para que cualquier candidato con presencia, inteligencia y credibilidad pueda competir por esa alcaldía. Pero también confirma que el sector empresarial no está dispuesto a ver la reelección de Salvador Santos Cedillo en el Pueblo Mágico.

3- Chiautempan arrancó la campaña en 3a, ninguno de los abanderados parece entender la importancia que tiene ese territorio. Tan importante y grande es, que ni los malos gobiernos y desvíos millonarios de Antonio Mendoza, Héctor Dominguez o Gustavo Jiménez se lo han podido acabar, ahí sigue de pie el municipio sarapero. Por esa misma grandeza merece candidatos y un eventual gobierno al mismo nivel. ¿quién será el que lo logre?

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El cargo Mildred contra la Justicia Administrativa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sin embargo, ¿qué garantiza que esa evaluación será tan objetiva que las y los tlaxcaltecas tengamos la seguridad de que si se quedan, serán los mejores, y si se van, serán relevados también por los mejores? En realidad nada.

Las y los recién llegados congresistas, con honrosas excepciones, llegaron a ocupar un asiento vacío, pero en realidad servirán a los mismos intereses que aquellos que solicitaron licencia para buscar su reelección o una presidencia municipal.

De eso no hay duda, y para muestra se encuentra la reciente aprobación para desaparecer el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad.

La mayoría de los apoyos a cerca de 200 mil personas que sufren alguna condición de discapacidad permanente en el estado, es cierto, se darán a través de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, pero lo que poco se dice es que al igual que el resto de los programas que se otorgan a través de esa institución, se darán a través de programas sociales cuya principal premisa -grita la oposición- es la obtención de votos a favor de las candidaturas impulsadas desde el partido en el poder. El momento no era el mejor.

Menciono lo anterior como un simple contexto de que no será esa evaluación llevada a cabo por las y los congresistas la que decida si María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez repiten en sus respectivas magistraturas. Sino la instrucción que reciba la mayoría legislativa desde Palacio de Gobierno.

Así ha ocurrido en el caso de las nuevas magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y en las ratificaciones también. Por eso, por ejemplo, fue ratificada en el cargo Mary Cruz Cortés Ornelas para que después fuera elegida como presidenta del Poder Judicial.

Todas y todos, dentro y fuera del Poder Judicial, saben perfectamente que quien sea designado como cabeza, debe contar con la anuencia del Poder Ejecutivo. Y que a través de la Secretaría de Gobierno se llevan a cabo los cabildeos respectivos. Justo como sucedía cuando el oriundo de Morelos cobraba como responsable en Medio Ambiente.

Así llegó la nueva presidenta del TSJE, Anel Bañuelos Meneses, y así llegará quien ocupe la próxima presidencia. Los “análisis” ni se hacen, ni sirven para ratificar a nadie.

En ese sentido, de cara a la próxima definición de si se quedan o no Pérez González y Tecuapacho Domínguez a ocupar sus magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué garantiza que ambos sean los profesionales mejor calificados para el desempeño de esa función? Otra vez la respuesta: nada.

La próxima evaluación será uno de los elementos subjetivos que contribuirá a legitimar la decisión del Poder Legislativo, pero nada más. Así han sido las evaluaciones para determinar nuevos nombramientos en otras instituciones “autónomas”.

Lo que ahora sucede, sin embargo, no es nuevo y por eso no causa sorpresa alguna. Ese mismo proceso ha venido repitiéndose por décadas, con priistas, panistas, perredistas y morenistas. Ningún cambio ha habido al respecto, y mientras los intereses gubernamentales sigan satisfaciéndose, ningún cambio habrá, al menos no en el sentido positivo.

Las tres de ley… 1- El primer #foro #PorElTlaxcalaQueQueremos organizado por la Alianza Empresarial  del Estado de Tlaxcala no desmereció, pero debió ser un momento vergonzoso para los órganos electorales que no quisieron encabezar este ejercicio.

 2- Se extrañó a los aspirantes de morena, pero con la ventaja que les dan las encuestas de “El País”, “De las Heras Demotecnia”, “Mitofsky”, nadie en ventaja aceptaría una confrontación, o un debate donde las ideas no se privilegian y el ataque es la constante.

 3- La “campaña negra” organizada por Julio Cesar Hernández Mejía y Julio Cesar Álvarez García, esposo de la candidata y suplente, respectivamente, que compiten por el distrito federal 1 contra Alejandro Aguilar, no tuvo el impacto deseado.

La polvora se mojó desde el momento en el que algunos ex colaboradores de los panistas exhibieron la “estrategía” montada desde Apizaco; se sabe que imprimieron en Estado de México, el tiraje y el pago efectuado por la portada. Se nota que la repartición dejó soldados heridos.

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