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	<title>#JusticiaElectoral</title>
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		<title>El Tribunal de los favores</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 12:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La de 8]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>* Cuando la justicia electoral se convierte en patrimonio familiar En Tlaxcala parece que algunos funcionarios públicos confundieron el servicio público con una empresa familiar. Los cargos ya no serían necesariamente para los más preparados, los puestos no siempre responderían a las necesidades institucionales y las relaciones personales podrían estar funcionando como una moneda de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/el-tribunal-de-los-favores/">El Tribunal de los favores</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="s1">* Cuando la justicia electoral se convierte en patrimonio familiar</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">En Tlaxcala parece que algunos funcionarios públicos confundieron el servicio público con una empresa familiar. Los cargos ya no serían necesariamente para los más preparados, los puestos no siempre responderían a las necesidades institucionales y las relaciones personales podrían estar funcionando como una moneda de cambio para repartir espacios dentro de las estructuras del poder.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Lo verdaderamente preocupante no es solamente el presunto nepotismo que se denuncia en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), sino la posibilidad de que exista una red de complicidades, recomendaciones e intercambios de favores entre quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley. Porque cuando los organismos públicos comienzan a parecer agencias de colocación, la pregunta deja de ser quién consiguió el empleo y se convierte en quién está moviendo los hilos detrás de las instituciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">En el centro de esta controversia aparece Esther Terova Cote, magistrada presidenta del TET, señalada por presuntamente utilizar su posición para favorecer laboralmente a integrantes de su familia y facilitar espacios a personas cercanas a distintos personajes del poder público.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Uno de los casos que exige una explicación es el de su hijo, José Alonso Sánchez Terova, quien aparece en el directorio del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala como titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales. Un puesto especializado que, por su naturaleza, demanda conocimientos técnicos, experiencia y responsabilidad institucional.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Aquí la pregunta es elemental: ¿fue contratado por sus capacidades profesionales o por su apellido? Y si cuenta con la preparación necesaria, ¿por qué existen cuestionamientos sobre la necesidad de recibir apoyo y capacitación para desempeñar sus funciones?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero la historia adquiere otra dimensión con los señalamientos sobre un presunto intercambio de espacios laborales entre Tlaxcala y Puebla. Según las denuncias, mientras la hija de la magistrada habría obtenido una posición en una institución poblana, el TET habría incorporado al esposo de una magistrada de aquella entidad.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Si estos movimientos se confirman, no estaríamos hablando de simples coincidencias administrativas, sino de una práctica que ameritaría investigarse por un posible intercambio de favores entre integrantes de instituciones jurisdiccionales.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y aquí aparece una cuestión todavía más delicada: ¿quién garantiza que las decisiones institucionales no estén contaminadas por compromisos personales?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">La controversia tampoco termina en el círculo familiar de la magistrada. También existen señalamientos sobre la incorporación de personas recomendadas por la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, quienes presuntamente no reunirían los perfiles establecidos en la normatividad del Tribunal.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">¿Desde cuándo las recomendaciones políticas o personales tienen más peso que los requisitos legales para ocupar un cargo público? ¿Quién autorizó esas contrataciones? ¿Quién revisó los perfiles? ¿Quién responde por los posibles daños laborales y administrativos?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque mientras algunos llegan con recomendaciones, otros trabajadores con años de antigüedad presuntamente enfrentan desplazamientos, modificaciones salariales e intentos de degradación laboral. Una situación que, de acreditarse, exhibiría una administración que estaría privilegiando compromisos externos sobre los derechos de su propio personal.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y todavía falta hablar de la transparencia. ¡Vaya ironía! Una institución que debe garantizar la legalidad de las elecciones y la certeza de las resoluciones jurisdiccionales enfrenta cuestionamientos por la presunta falta de publicación de sentencias, inconsistencias en la numeración de expedientes y ausencia de información actualizada sobre su estructura administrativa.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Los expedientes señalados como faltantes en el portal institucional, las sentencias que habrían dejado de publicarse desde el inicio de la actual presidencia y la falta de información sobre áreas estratégicas como la Oficialía de Partes no son detalles menores. Son asuntos que deben aclararse públicamente.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque la transparencia no es una concesión de la magistrada presidenta ni una cortesía administrativa. Es una obligación.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y si a todo esto se agregan los cuestionamientos por los viajes al extranjero realizados por Terova Cote, la integración de personal recomendado por distintos grupos políticos y la opacidad sobre el ejercicio de los recursos públicos, el panorama exige algo más que explicaciones de ocasión: requiere una revisión institucional seria.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero hay un elemento que vuelve todavía más incómodo este asunto: las relaciones entre quienes encabezan diferentes organismos del estado.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">El Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General de Justicia son instituciones que deberían actuar con independencia, profesionalismo y apego irrestricto a la ley. No pueden convertirse en espacios donde las relaciones personales determinen contrataciones, promociones o condiciones laborales.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Tampoco puede ignorarse que el presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas, es esposo de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer. Esta relación, por sí misma, no demuestra ninguna irregularidad; sin embargo, frente a las denuncias laborales que involucran al Tribunal, obliga a extremar las garantías de independencia y evitar cualquier posible conflicto de interés.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque cuando los organismos encargados de vigilar, sancionar y garantizar derechos están conectados por relaciones personales y familiares, la ciudadanía tiene derecho a exigir que sus actuaciones estén libres de cualquier sospecha de parcialidad.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Y aquí viene lo verdaderamente grave: Tlaxcala se encamina a las elecciones de 2027.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">El Tribunal Electoral será una pieza fundamental en la resolución de controversias, impugnaciones y conflictos derivados de la renovación de los cargos de elección popular. Su presidenta necesita credibilidad, independencia y autoridad moral para encabezar una institución que tendrá en sus manos decisiones de enorme trascendencia política.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero ¿cómo puede exigir confianza una institución que enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de sus propias resoluciones y la integración de su personal?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">¿Cómo puede garantizar imparcialidad electoral si sobre su administración pesan señalamientos de presuntos intercambios de favores y colocación de familiares?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">¿Cómo puede hablarse de autonomía cuando las contrataciones presuntamente responden a recomendaciones de personajes con poder político?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">La magistrada presidenta tiene la oportunidad —y la obligación— de responder con documentos, no con discursos. Explicar los nombramientos, transparentar los perfiles profesionales, publicar las sentencias, aclarar los expedientes cuestionados y rendir cuentas sobre el ejercicio del presupuesto.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">También corresponde a las autoridades fiscalizadoras y a las instancias competentes determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles conductas constitutivas de delito. Nadie debe ser condenado por una denuncia, pero tampoco ninguna investidura puede convertirse en escudo para evitar investigaciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">En Tlaxcala ya no deberían existir instituciones al servicio de apellidos, amistades, cuotas políticas o compromisos familiares. El presupuesto público no es una bolsa de empleos para repartir entre conocidos y los organismos autónomos no son extensiones patrimoniales de quienes temporalmente los encabezan.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">La justicia electoral no puede convertirse en una bolsa de trabajo para familiares de magistrados, recomendados de funcionarios o compromisos políticos.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque si las denuncias se confirman, no estaremos frente a simples errores administrativos, sino ante una preocupante deformación del servicio público: instituciones creadas para servir a la sociedad utilizadas presuntamente para beneficiar a quienes forman parte de los círculos del poder.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Y entonces la pregunta ya no será si Esther Terova puede con la presidencia del TET.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">La pregunta será quién está dispuesto a investigar, quién se atreve a fiscalizar y quién va a poner orden en una estructura pública donde los favores parecen tener más peso que la ley.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">En Tlaxcala, la justicia electoral no necesita más recomendados. Necesita independencia, transparencia y servidores públicos que entiendan que el poder no es una herencia familiar.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque los tribunales no son agencias de colocación y el dinero público no es patrimonio de los funcionarios.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Alguien tiene que rendir cuentas.</span></p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/el-tribunal-de-los-favores/">El Tribunal de los favores</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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		<title>Convierten al TET en agencia familiar de colocación de empleos</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 23:38:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>* Esther Terova es señalada por presunto nepotismo y opacidad, además de presunto tráfico de influencias, intercambio de favores laborales y contratación de familiares. El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), institución llamada a garantizar la legalidad, imparcialidad y certeza de los procesos democráticos, enfrenta una tormenta de cuestionamientos que amenaza con convertirse en un problema [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/convierten-al-tet-en-agencia-familiar-de-colocacion-de-empleos/">Convierten al TET en agencia familiar de colocación de empleos</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">* Esther Terova es señalada por presunto nepotismo y opacidad, además de presunto tráfico de influencias, intercambio de favores laborales y contratación de familiares.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), institución llamada a garantizar la legalidad, imparcialidad y certeza de los procesos democráticos, enfrenta una tormenta de cuestionamientos que amenaza con convertirse en un problema político de mayores dimensiones. La magistrada presidenta, Esther Terova Cote, está en el centro de señalamientos por presuntamente convertir al organismo jurisdiccional en una estructura de colocación de familiares, recomendados y compromisos políticos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Lo que debería ser una institución dedicada a impartir justicia electoral hoy enfrenta acusaciones que apuntan a prácticas de nepotismo, presuntos intercambios de favores entre magistrados y funcionarios de otros organismos públicos, así como posibles irregularidades en la asignación de puestos, salarios y responsabilidades administrativas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Uno de los señalamientos más delicados involucra a José Alonso Sánchez Terova, hijo de la magistrada presidenta, quien aparece en el directorio del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) como titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales. Su incorporación a dicha responsabilidad ha despertado cuestionamientos sobre su experiencia y preparación para desempeñar una función especializada. Incluso, se afirma que su madre habría intervenido para apoyarlo en el ejercicio de sus responsabilidades.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Pero el asunto no terminaría ahí. También se denuncia un presunto intercambio de posiciones laborales entre Tlaxcala y Puebla: mientras la hija de Terova Cote habría conseguido un espacio en una institución del estado vecino, el TET habría incorporado al esposo de una magistrada poblana. De confirmarse, estaríamos frente a una práctica particularmente delicada: utilizar instituciones públicas como moneda de cambio para satisfacer compromisos personales.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">A este escenario se suman presuntas contrataciones de personas recomendadas por la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, algunas de las cuales, según los señalamientos, no reunirían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal. También se denuncian desplazamientos de trabajadores con antigüedad, incorporación de personal sin experiencia y posibles desigualdades salariales por funciones equivalentes.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">La controversia alcanza otro terreno: el laboral. Trabajadores habrían denunciado intentos de modificar salarios y puestos sin previo aviso, así como condiciones que consideran contrarias a sus derechos. Incluso se habría dado vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación familiar entre el presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas, y la ombudsperson, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, abre interrogantes sobre la independencia y eficacia de cualquier intervención institucional.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Y si los cuestionamientos administrativos no fueran suficientes, la transparencia del TET también está bajo sospecha. Se señala que la página oficial dejó de publicar las sentencias aprobadas por el Pleno desde el inicio de la actual presidencia, además de presentar aparentes discontinuidades en la numeración de expedientes correspondientes a diversos medios de impugnación.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Entre los folios señalados como ausentes figuran los expedientes 100 al 102, 116 al 119, 122 al 125 y 129 al 133. También se cuestiona la falta de información actualizada sobre el personal, sus perfiles profesionales y la integración de áreas estratégicas como la Oficialía de Partes. Aspectos que, por la naturaleza de un órgano electoral, no deberían estar sujetos a la discrecionalidad ni al ocultamiento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">A esto se agregan cuestionamientos sobre al menos tres viajes al extranjero realizados por la magistrada presidenta en menos de un año, así como la presunta incorporación de personas recomendadas por distintos grupos políticos. Son asuntos que ameritan explicaciones públicas, particularmente cuando se trata de recursos provenientes del erario.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">El momento tampoco podría ser más delicado. Tlaxcala se encamina hacia un proceso electoral de enorme trascendencia en 2027, cuando se renovarán los principales cargos de elección popular. En ese contexto, la credibilidad del Tribunal Electoral no es un asunto menor: de su imparcialidad, capacidad técnica y transparencia dependerá buena parte de la confianza ciudadana en las decisiones que resuelvan las controversias políticas y electorales.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Por eso, el próximo informe de actividades de Esther Terova Cote no debería convertirse en un acto protocolario de cifras y discursos institucionales. Tendrá que ser una oportunidad para responder preguntas incómodas: ¿cómo se está integrando la nómina del Tribunal?, ¿qué criterios se utilizan para contratar personal?, ¿existen vínculos familiares o políticos detrás de determinadas designaciones?, ¿por qué dejaron de publicarse las sentencias?, ¿dónde están los expedientes que no aparecen en el portal institucional?, ¿cuánto se ha gastado en viajes y comisiones al extranjero?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">La reforma al TET aprobada por el Congreso local también deja una asignatura pendiente: fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de quienes encabezan los órganos jurisdiccionales.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="s3">Porque la justicia electoral no puede funcionar bajo la lógica de los favores personales, las cuotas familiares o los compromisos políticos. Mucho menos cuando está en juego la renovación del poder público.</span></p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/convierten-al-tet-en-agencia-familiar-de-colocacion-de-empleos/">Convierten al TET en agencia familiar de colocación de empleos</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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		<title>Activistas LGBT defienden la reserva de 15 municipios para candidaturas exclusivas para mujeres</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:32:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>* Presentaron un amicus curiae para respaldar el acuerdo ITE-CG 67/2026; sostienen que las acciones afirmativas son necesarias para corregir la desigualdad histórica en el acceso de las mujeres al poder político. Activistas de la diversidad sexual presentaron ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) un documento amicus curiae para defender la constitucionalidad de los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/activistas-lgbt-defienden-la-reserva-de-15-municipios-para-candidaturas-exclusivas-para-mujeres/">Activistas LGBT defienden la reserva de 15 municipios para candidaturas exclusivas para mujeres</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">* Presentaron un amicus curiae para respaldar el acuerdo ITE-CG 67/2026; sostienen que las acciones afirmativas son necesarias para corregir la desigualdad histórica en el acceso de las mujeres al poder político.</p>
<p style="text-align: justify;">Activistas de la diversidad sexual presentaron ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) un documento amicus curiae para defender la constitucionalidad de los lineamientos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) que reservan 15 municipios para la postulación exclusiva de mujeres a las presidencias municipales durante el proceso electoral 2026-2027.</p>
<p style="text-align: justify;">El documento fue promovido el 4 de noviembre por Daniel Sosa, el doctor Iván Ramírez, Paola Jiménez Aguirre, José Evaristo Sánchez González, Miranda Platino, Marcos Serrano Cervantes y César Corona, quienes buscan aportar argumentos desde los derechos humanos, la igualdad sustantiva, los estudios de género y la diversidad sexual.</p>
<p style="text-align: justify;">La intervención respalda el acuerdo ITE-CG 67/2026, mediante el cual el órgano electoral estableció medidas para garantizar el principio constitucional de paridad de género, entre ellas la reserva de candidaturas exclusivamente para mujeres en Apizaco, Cuaxomulco, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Papalotla, San Juan Huactzinco, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyanco, Tepetitla, Xaltocan, Xicohtzinco y Españita.</p>
<p style="text-align: justify;">La medida responde a un diagnóstico histórico: en estos 15 municipios ninguna mujer ha logrado acceder a la presidencia municipal mediante elección popular. Por ello, las personas promoventes consideran que no basta con establecer condiciones formales de competencia, sino que es necesario implementar mecanismos que permitan superar las barreras estructurales que han limitado la participación política de las mujeres.</p>
<p style="text-align: justify;">El posicionamiento surge en medio de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral contra los lineamientos del ITE, promovidas por hombres y partidos políticos. Frente a esta controversia, los activistas plantean que el debate debe analizarse desde la igualdad sustantiva, la progresividad de los derechos humanos y la obligación de las instituciones de eliminar las condiciones históricas de exclusión.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, sostienen que la defensa de los derechos de la diversidad sexual también implica respaldar las acciones afirmativas que buscan combatir la discriminación estructural, pues consideran que las distintas formas de exclusión tienen raíces comunes en sistemas que históricamente han concentrado los espacios de poder en determinados grupos sociales.</p>
<p style="text-align: justify;">El amicus curiae no constituye una representación de las partes ni sustituye los argumentos de quienes participan directamente en los litigios; su propósito es aportar elementos especializados para que los magistrados cuenten con mayores herramientas al momento de resolver la controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, las personas promoventes defendieron que la paridad de género no debe interpretarse como un privilegio ni como una concesión política, sino como un instrumento para transformar las condiciones de acceso al poder público. Su argumento central quedó resumido en una frase: «La paridad no es el privilegio de un grupo; es la corrección de una desigualdad que durante décadas se normalizó».</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/activistas-lgbt-defienden-la-reserva-de-15-municipios-para-candidaturas-exclusivas-para-mujeres/">Activistas LGBT defienden la reserva de 15 municipios para candidaturas exclusivas para mujeres</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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		<title>Afiliaciones a Morena que apuntan a un irresponsable del magisterio</title>
		<link>https://martinrodriguezhernandez.com/afiliaciones-a-morena-que-apuntan-a-un-irresponsable-del-magisterio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afiliaciones-a-morena-que-apuntan-a-un-irresponsable-del-magisterio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 21:01:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>* La factura millonaria de Morena y la responsabilidad de la Sección 31 del SNTE En política, las malas decisiones terminan pasando factura. Y cuando se trata de afiliar ciudadanos a un partido sin su consentimiento, utilizar datos personales sin autorización y convertir una estructura organizativa en una posible maquinaria de afiliación, el problema deja [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/afiliaciones-a-morena-que-apuntan-a-un-irresponsable-del-magisterio/">Afiliaciones a Morena que apuntan a un irresponsable del magisterio</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">* La factura millonaria de Morena y la responsabilidad de la Sección 31 del SNTE</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">En política, las malas decisiones terminan pasando factura. Y cuando se trata de afiliar ciudadanos a un partido sin su consentimiento, utilizar datos personales sin autorización y convertir una estructura organizativa en una posible maquinaria de afiliación, el problema deja de ser un asunto administrativo para convertirse en una cuestión de derechos políticos y responsabilidades. En Tlaxcala, la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Cutberto Chávez de la Rosa, y Morena tienen explicaciones pendientes frente a las denuncias de docentes que aseguran haber sido afiliados sin autorización.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Una factura millonaria para Morena</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">El problema no es menor. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sancionado a Morena por afiliaciones indebidas y por el uso no autorizado de datos personales. Durante la sesión del 15 de octubre de 2026, el Consejo General abordó 20 resoluciones relacionadas con este partido, con multas proyectadas por 39 millones 924 mil 142 pesos. Al considerar sanciones anteriores por el mismo concepto, el monto acumulado rondaba los 70.4 millones de pesos, según lo expuesto durante la sesión del organismo electoral.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Las resoluciones se relacionan con personas que desconocieron su incorporación al padrón de militantes y denunciaron que nunca dieron su consentimiento para afiliarse. El asunto es delicado porque la libertad de afiliación constituye un derecho político: cada ciudadano debe decidir por voluntad propia si pertenece o no a una organización partidista.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Tlaxcala, entre los expedientes del INE</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Tlaxcala figura entre las entidades donde se presentaron denuncias contra Morena. El expediente UT/SCG/Q/GCL/JL/TLAX/43/2026 fue integrado a partir de las denuncias de 25 personas que señalaron una presunta vulneración de su derecho de libre afiliación y el posible uso no autorizado de sus datos personales. El caso fue incluido en el orden del día de la sesión extraordinaria del INE del 15 de octubre.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">La existencia de este expediente coloca a Tlaxcala en el centro de una discusión nacional sobre los mecanismos de afiliación partidista. Sin embargo, para establecer la relación entre estas denuncias y las inconformidades de maestras y maestros, es indispensable identificar a las personas denunciantes, revisar las pruebas y comprobar si los registros cuestionados corresponden efectivamente a docentes vinculados con la Sección 31.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Los estados que aparecen en los expedientes</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">La revisión de los asuntos incluidos en la sesión del INE permite identificar expedientes contra Morena vinculados con las siguientes entidades:</span></p>
<ul class="ul1" style="text-align: justify;">
<li class="li1"><span class="s1">Tlaxcala</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/GCL/JL/TLAX/43/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Estado de México</span><span class="s2">, por expedientes como UT/SCG/Q/EJPG/JD28/EDOMEX/44/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Chiapas</span><span class="s2">, donde se incluyeron diversos expedientes relacionados con denuncias de afiliación sin consentimiento.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Durango</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/MCS/JD02/DGO/49/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Puebla</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/EOOA/JD09/PUE/72/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Guerrero</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/AFV/JD04/GRO/75/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Guanajuato</span><span class="s2">, con asuntos relacionados con denuncias de afiliación indebida.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Jalisco</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/MMMT/JL/JAL/135/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Baja California</span><span class="s2">, por expedientes relacionados con denuncias contra Morena.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Ciudad de México</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/JGS/JD01/CDMX/157/2026.</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">Quintana Roo</span><span class="s2">, por el expediente UT/SCG/Q/FJHJ/JD01/QROO/158/2026.</span></li>
</ul>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Estos datos corresponden a expedientes identificados en la documentación del INE; no significan que todas las denuncias tengan idéntico origen ni que todos los casos involucren a estructuras sindicales. La autoridad debe determinar las responsabilidades en cada procedimiento conforme a sus pruebas y resoluciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">La Sección 31, bajo la lupa</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">En Tlaxcala, la atención se dirige también hacia Cutberto Chávez de la Rosa, dirigente de la Sección 31 del SNTE. Las acusaciones que motivan este señalamiento sostienen que habría instruido a integrantes de la estructura sindical a utilizar los datos personales de maestras y maestros para incorporarlos a Morena.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Si esa instrucción existió, debe investigarse quién la emitió, cómo se ejecutó y qué conocimiento tuvo cada participante sobre el destino de la información personal. También es necesario determinar si los datos fueron obtenidos para fines sindicales y posteriormente utilizados con propósitos partidistas, sin que los trabajadores hubieran autorizado ese tratamiento.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">No se puede dar por acreditada la responsabilidad del dirigente sindical únicamente a partir de las denuncias. Pero tampoco sería aceptable que un señalamiento de esta naturaleza quedara sin respuesta. La protección de los datos personales y la libertad de afiliación no deben quedar subordinadas a los intereses de una dirigencia.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Morena tampoco puede lavarse las manos</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">La dirigencia de Morena en Tlaxcala tiene una responsabilidad política que no puede eludir: explicar qué controles aplicó para verificar la voluntad de las personas incorporadas a su padrón, cómo validó sus registros y qué hizo cuando los ciudadanos desconocieron su afiliación.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Si una organización partidista recibe registros que no cuentan con el consentimiento de las personas involucradas, debe esclarecer su origen y colaborar con las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes. La militancia no puede medirse únicamente por el número de nombres que aparecen en un padrón; debe sustentarse en la decisión libre de cada ciudadano.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Por ello, es necesario distinguir entre la responsabilidad electoral que el INE atribuya a Morena y la posible participación de terceros en la obtención o utilización de datos personales. Para sostener que la Sección 31 provocó una parte de la sanción económica, debe existir evidencia que conecte las afiliaciones cuestionadas con esa estructura sindical y con los hechos específicos sancionados.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">La pregunta que sigue sin respuesta</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">La discusión de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿se está utilizando la estructura de representación de los trabajadores de la educación para alimentar un padrón partidista? Y, si así fuera, ¿quién autorizó esa operación y quién debe responder por ella?</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Cutberto Chávez de la Rosa debe aclarar los señalamientos que se le atribuyen. Morena debe explicar sus procedimientos de afiliación y los controles que aplica sobre los datos personales. Y las autoridades electorales deben esclarecer los hechos, proteger los derechos de las personas afectadas y determinar las responsabilidades que correspondan.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Porque una afiliación política debe ser una decisión personal, no una instrucción sindical. Y cuando el consentimiento está en duda, la respuesta no puede ser el silencio. En Tlaxcala, la transparencia y el respeto a los derechos de los docentes deben estar por encima de cualquier interés partidista.</span></p>
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		<item>
		<title>Cambrón anuncia impugnación contra resolución del ITE por presunta promoción personalizada de Lorena Cuéllar</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
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		<category><![CDATA[#elecciones2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>* El dirigente estatal del PRD cuestionó que la autoridad electoral reconociera una presunta infracción, pero no impusiera una sanción directa a la gobernadora; también analiza recurrir los lineamientos electorales. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, anunció que impugnará la resolución del Instituto Tlaxcalteca de [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/cambron-anuncia-impugnacion-contra-resolucion-del-ite-por-presunta-promocion-personalizada-de-lorena-cuellar/">Cambrón anuncia impugnación contra resolución del ITE por presunta promoción personalizada de Lorena Cuéllar</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="s1">* El dirigente estatal del PRD cuestionó que la autoridad electoral reconociera una presunta infracción, pero no impusiera una sanción directa a la gobernadora; también analiza recurrir los lineamientos electorales.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, anunció que impugnará la resolución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) relacionada con una denuncia por presunta promoción personalizada de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Acusó al organismo de no analizar a fondo los hechos denunciados y cuestionó la falta de una sanción directa.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Durante su declaración, Cambrón Soria señaló que el Instituto habría reconocido una infracción a la normativa electoral por la promoción del informe de gobierno fuera del ámbito territorial permitido. Sin embargo, sostuvo que la resolución presenta contradicciones al considerar que no se acreditó el uso de recursos públicos ni de información institucionalizada para dicha promoción.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">El dirigente perredista consideró que los tres señalamientos presentados debieron analizarse de manera integral y no como elementos separados. A su juicio, esta división debilitó la resolución y dejó sin esclarecer aspectos relevantes de la conducta denunciada.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Cuestiona ausencia de sanciones</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Cambrón Soria también criticó que el ITE, pese a reconocer una presunta infracción electoral, no determinara una sanción directa y trasladara el asunto al Congreso del Estado para que procediera conforme a sus atribuciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">El líder del PRD expresó sus dudas sobre las consecuencias que tendrá esta determinación y recordó antecedentes en los que, según su señalamiento, las denuncias contra la mandataria no derivaron en sanciones efectivas.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Por ello, adelantó que el próximo miércoles presentará una impugnación contra la resolución, al considerar que la autoridad electoral no agotó el análisis de los hechos denunciados.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">PRD analiza impugnar lineamientos electorales</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">En otro tema, Cambrón Soria manifestó su preocupación por la falta de certeza jurídica en la emisión de lineamientos electorales y por la ausencia de reglas claras.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Informó que sostendría una reunión con integrantes de los institutos políticos para evaluar las medidas que podrían adoptar frente a las disposiciones emitidas por la autoridad electoral.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">El dirigente aseguró que el PRD está preparado para presentar una impugnación contra dichos lineamientos, pues considera que podrían presentar debilidades jurídicas que comprometerían su solidez ante los tribunales.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">No obstante, precisó que la decisión definitiva se tomaría después del encuentro con las representaciones partidistas, una vez valorados los argumentos legales y los antecedentes de resoluciones electorales en otras entidades.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Exige certeza y aplicación de la ley</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Las declaraciones de Cambrón Soria colocan nuevamente bajo escrutinio la actuación de las autoridades electorales en Tlaxcala, particularmente en lo relativo a la promoción de informes de gobierno, el uso de recursos públicos y la aplicación de sanciones por posibles infracciones.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s2">Por ahora, el dirigente perredista anunció su intención de recurrir la resolución ante las instancias correspondientes. Será el desarrollo del procedimiento de impugnación el que permita determinar si los argumentos de su partido son suficientes para modificar el sentido de la decisión del Instituto.</span></p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/cambron-anuncia-impugnacion-contra-resolucion-del-ite-por-presunta-promocion-personalizada-de-lorena-cuellar/">Cambrón anuncia impugnación contra resolución del ITE por presunta promoción personalizada de Lorena Cuéllar</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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		<title>Presidenta de Tlamahuco denuncia violencia política en razón de género</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Néstor Jiménez Báez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 03:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[La de 8]]></category>
		<category><![CDATA[#BenjamínAdonaldConde]]></category>
		<category><![CDATA[#DerechosPoliticoElectorales]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>* Acusa al alcalde de Totolac de separarla del cargo Patricia Hernández Lima, presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, acusó al alcalde de Totolac, Benjamín Atonal Conde, de incurrir en actos que, afirma, vulneran sus derechos político-electorales y constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. En conferencia de prensa, Hernández Lima [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/presidenta-de-tlamahuco-denuncia-violencia-politica-en-razon-de-genero/">Presidenta de Tlamahuco denuncia violencia política en razón de género</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">* Acusa al alcalde de Totolac de separarla del cargo</p>
<p style="text-align: justify;">Patricia Hernández Lima, presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, acusó al alcalde de Totolac, Benjamín Atonal Conde, de incurrir en actos que, afirma, vulneran sus derechos político-electorales y constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.</p>
<p style="text-align: justify;">En conferencia de prensa, Hernández Lima sostuvo que fue electa mediante el voto ciudadano para ejercer el cargo durante el periodo constitucional 2024-2027 y afirmó que ninguna autoridad municipal puede sustituir, por decisión propia, la voluntad expresada en las urnas.</p>
<p style="text-align: justify;">La representante comunitaria señaló que el viernes 11 de septiembre, previo a una sesión extraordinaria de Cabildo a la que aseguró no haber sido convocada, el presidente municipal tomó protesta a su suplente, Noemí “N”, mientras ella se encontraba en el salón de Cabildos.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con su versión, al solicitar al alcalde que explicara el fundamento legal de dicha determinación, éste habría argumentado que existía un procedimiento administrativo de investigación en su contra.</p>
<p style="text-align: justify;">Hernández Lima cuestionó que dicho procedimiento fuera utilizado para separarla de manera inmediata del cargo y señaló que se le informó que la investigación tenía carácter reservado y confidencial.</p>
<p style="text-align: justify;">La presidenta de comunidad denunció además que posteriormente personal del Ayuntamiento, acompañado por elementos de la fuerza pública municipal, acudió a las instalaciones de la presidencia de comunidad para entregar el inmueble a la suplente y aseguró que fueron cortados candados y vulneradas cerraduras para concretar la entrega de las instalaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Hernández Lima sostuvo que la separación de una autoridad electa no puede derivarse automáticamente de una investigación administrativa y cuestionó las atribuciones del presidente municipal y del Cabildo para ejecutar una medida de esa naturaleza.</p>
<p style="text-align: justify;">El argumento central de la denunciante es que la separación de un representante electo debe sujetarse estrictamente al debido proceso y a las competencias establecidas por la Constitución y las leyes. Por ello, pidió que las autoridades competentes determinen si quienes participaron en los hechos del 11 de septiembre contaban con facultades legales para impedirle ejercer el cargo.</p>
<p style="text-align: justify;">La también integrante de una comunidad indígena pidió que el caso sea analizado con perspectiva de género e interculturalidad, al considerar que su condición de mujer indígena representa un elemento que debe ser tomado en cuenta por las autoridades encargadas de resolver la controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó que desde el 31 de agosto presentó una queja por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones continuar con las actuaciones correspondientes. También pidió al Tribunal Electoral de Tlaxcala atender los medios de defensa promovidos para proteger sus derechos político-electorales.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre sus exigencias se encuentran garantizar su derecho de audiencia y defensa, preservar las grabaciones de Cabildo, convocatorias, órdenes, documentos del Órgano Interno de Control y demás evidencias relacionadas con los hechos, así como evitar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o represalia contra ella, su familia o quienes aporten pruebas.</p>
<p style="text-align: justify;">“Defender este cargo es defender el mandato popular”, sostuvo Hernández Lima, quien afirmó que continuará defendiendo por las vías institucionales su derecho a ejercer la representación que, según dijo, le otorgaron los ciudadanos de su comunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La presidenta de comunidad también hizo un llamado a que el conflicto no sea reducido a una disputa personal, al advertir que permitir que una autoridad municipal pueda separar unilateralmente a un funcionario electo abriría un precedente que podría afectar posteriormente a presidentes y presidentas de comunidad, regidores, síndicos y demás autoridades surgidas del voto popular.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente, Hernández Lima afirmó que confía en que los tribunales analizarán el caso con independencia y concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres de Totolac: “No nos vamos a dejar; si tocan a una, nos tocan a todas”.</p>
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		<item>
		<title>Cumple ITE sentencias emitidas por el TET</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[La de 8]]></category>
		<category><![CDATA[#InstitutoNacionalElectoral]]></category>
		<category><![CDATA[#InstitutoTlaxcaltecadeElecciones]]></category>
		<category><![CDATA[#JusticiaElectoral]]></category>
		<category><![CDATA[#TribunalElectoralDeTlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Por unanimidad de votos, las Magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) declararon cumplidas las sentencias emitidas en dos medios de impugnación, promovidos en contra de acuerdos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), instancia que dio cumplimiento a lo ordenada por la autoridad jurisdiccional. En expediente del Asunto General identificado con [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Por unanimidad de votos, las Magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) declararon cumplidas las sentencias emitidas en dos medios de impugnación, promovidos en contra de acuerdos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), instancia que dio cumplimiento a lo ordenada por la autoridad jurisdiccional.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En expediente del Asunto General identificado con el número TET-AG-021/2026, en el que el pasado 30 de abril el TET  dictó sentencia en la que se declaró fundado el agravio expresado por la parte actora, respecto de las formalidades que se debían seguir para la notificación de la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la impugnante, además del término que se le otorgó para que pagara dicha sanción, en cumplimiento a lo ordenado, el ITE remitió copia certificada del acuerdo con el que dio atención a este asunto.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Se detalló que la autoridad responsable estableció que para la notificación de la multa impuesta a la actora debían observarse las formalidades que para los procedimientos sancionadores se establen en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, además de que la actora contaba con un término de 15 días hábiles para cumplir con su obligación de pago de la multa que le fue impuesta.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">En el otro expediente, relativo al Juicio Electoral TET-JE-057/2026, también se declaró el cumplimiento total de la sentencia dictada en el mismo, en la que se ordenó al ITE que dictara otra resolución en la que, de forma conjunta, contextual e integral, partiendo de la prueba disponible en el expediente, analizara las publicaciones denunciadas, así como las interacciones que las mismas generaron ante la ciudadanía, para que determinara si se actualizaba o no la infracción atribuida a las partes denunciadas, además de realizar el análisis correspondiente para determinar si se actualizaba o no la omisión al deber de cuidado del Partido Político denunciado.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A partir de esa nueva resolución ordenada, fue posible advertir que desarrolló un estudio de las publicaciones denunciadas, partiendo de la descripción de su contenido, posteriormente las analizó de forma conjunta, sistémica e integral, tomando en consideración las interacciones que esas publicaciones generaron en la ciudadanía, para, finalmente, tomar su determinación en cuanto al fondo del asunto planteado, incluyendo el análisis referente a la falta atribuida al Partido Político denunciado consistente en la inobservancia a su deber de cuidado, con lo que se dio por cumplida la sentencia.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Por ello, se ordenó el archivo de expedientes al encontrarse total y definitivamente concluidos, y se ordenó en el primer caso, la elaboración de la versión pública del acuerdo plenario.</span></p>
<p>El cargo <a href="https://martinrodriguezhernandez.com/cumple-ite-sentencias-emitidas-por-el-tet/">Cumple ITE sentencias emitidas por el TET</a> apareció primero en <a href="https://martinrodriguezhernandez.com">Martín Rodríguez Hernández</a>.</p>
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