* Esther Terova es señalada por presunto nepotismo y opacidad, además de presunto tráfico de influencias, intercambio de favores laborales y contratación de familiares.
El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), institución llamada a garantizar la legalidad, imparcialidad y certeza de los procesos democráticos, enfrenta una tormenta de cuestionamientos que amenaza con convertirse en un problema político de mayores dimensiones. La magistrada presidenta, Esther Terova Cote, está en el centro de señalamientos por presuntamente convertir al organismo jurisdiccional en una estructura de colocación de familiares, recomendados y compromisos políticos.
Lo que debería ser una institución dedicada a impartir justicia electoral hoy enfrenta acusaciones que apuntan a prácticas de nepotismo, presuntos intercambios de favores entre magistrados y funcionarios de otros organismos públicos, así como posibles irregularidades en la asignación de puestos, salarios y responsabilidades administrativas.
Uno de los señalamientos más delicados involucra a José Alonso Sánchez Terova, hijo de la magistrada presidenta, quien aparece en el directorio del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) como titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales. Su incorporación a dicha responsabilidad ha despertado cuestionamientos sobre su experiencia y preparación para desempeñar una función especializada. Incluso, se afirma que su madre habría intervenido para apoyarlo en el ejercicio de sus responsabilidades.
Pero el asunto no terminaría ahí. También se denuncia un presunto intercambio de posiciones laborales entre Tlaxcala y Puebla: mientras la hija de Terova Cote habría conseguido un espacio en una institución del estado vecino, el TET habría incorporado al esposo de una magistrada poblana. De confirmarse, estaríamos frente a una práctica particularmente delicada: utilizar instituciones públicas como moneda de cambio para satisfacer compromisos personales.
A este escenario se suman presuntas contrataciones de personas recomendadas por la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, algunas de las cuales, según los señalamientos, no reunirían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal. También se denuncian desplazamientos de trabajadores con antigüedad, incorporación de personal sin experiencia y posibles desigualdades salariales por funciones equivalentes.
La controversia alcanza otro terreno: el laboral. Trabajadores habrían denunciado intentos de modificar salarios y puestos sin previo aviso, así como condiciones que consideran contrarias a sus derechos. Incluso se habría dado vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación familiar entre el presidente del TJA, Manuel Vázquez Conchas, y la ombudsperson, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, abre interrogantes sobre la independencia y eficacia de cualquier intervención institucional.
Y si los cuestionamientos administrativos no fueran suficientes, la transparencia del TET también está bajo sospecha. Se señala que la página oficial dejó de publicar las sentencias aprobadas por el Pleno desde el inicio de la actual presidencia, además de presentar aparentes discontinuidades en la numeración de expedientes correspondientes a diversos medios de impugnación.
Entre los folios señalados como ausentes figuran los expedientes 100 al 102, 116 al 119, 122 al 125 y 129 al 133. También se cuestiona la falta de información actualizada sobre el personal, sus perfiles profesionales y la integración de áreas estratégicas como la Oficialía de Partes. Aspectos que, por la naturaleza de un órgano electoral, no deberían estar sujetos a la discrecionalidad ni al ocultamiento.
A esto se agregan cuestionamientos sobre al menos tres viajes al extranjero realizados por la magistrada presidenta en menos de un año, así como la presunta incorporación de personas recomendadas por distintos grupos políticos. Son asuntos que ameritan explicaciones públicas, particularmente cuando se trata de recursos provenientes del erario.
El momento tampoco podría ser más delicado. Tlaxcala se encamina hacia un proceso electoral de enorme trascendencia en 2027, cuando se renovarán los principales cargos de elección popular. En ese contexto, la credibilidad del Tribunal Electoral no es un asunto menor: de su imparcialidad, capacidad técnica y transparencia dependerá buena parte de la confianza ciudadana en las decisiones que resuelvan las controversias políticas y electorales.
Por eso, el próximo informe de actividades de Esther Terova Cote no debería convertirse en un acto protocolario de cifras y discursos institucionales. Tendrá que ser una oportunidad para responder preguntas incómodas: ¿cómo se está integrando la nómina del Tribunal?, ¿qué criterios se utilizan para contratar personal?, ¿existen vínculos familiares o políticos detrás de determinadas designaciones?, ¿por qué dejaron de publicarse las sentencias?, ¿dónde están los expedientes que no aparecen en el portal institucional?, ¿cuánto se ha gastado en viajes y comisiones al extranjero?
La reforma al TET aprobada por el Congreso local también deja una asignatura pendiente: fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de quienes encabezan los órganos jurisdiccionales.
Porque la justicia electoral no puede funcionar bajo la lógica de los favores personales, las cuotas familiares o los compromisos políticos. Mucho menos cuando está en juego la renovación del poder público.