Pero basta que un hombre de 84 años aparezca en una fotografía con Ana Lilia Rivera Rivera para que el mismo órgano se transforme en una maquinaria de notificaciones insistentes, apercibimientos de cárcel y multas que superan una pensión mensual.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Rubén Sanluis Meneses. Su hija, Marlen Sanluis, lo denunció públicamente: personal del ITE ha visitado de manera reiterada el domicilio del adulto mayor.

Primero le entregaron un cuestionario, él respondió por correo electrónico, pero después llegó otro requerimiento con preguntas prácticamente idénticas, aparentemente se negó a recibirlo porque ya había contestado. Y el día anterior al reclamo público le llevaron un tercer documento con amenazas de amonestación, arresto o sanción económica desproporcionada. Todo por haber salido en una foto publicada en redes sociales junto a la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera.

No se trata de un operador político, no se trata de un financiador de propaganda, simplemente se trata de un ciudadano de 84 años que lee, escribe libros y vive de su pensión. Un adulto mayor que, según la lógica del Instituto, representa un riesgo electoral mayor que los cientos de bardas y espectaculares que durante meses inundaron los 60 municipios a favor de Alfonso Sánchez García.

El contraste es el verdadero problema. Mientras la propaganda anticipada a favor del entonces alcalde capitalino se desplegaba con total naturalidad —y el ITE, en varios momentos, prefería no ver o atribuir la responsabilidad a terceros—, cualquier mínimo guiño mediático o fotográfico hacia Ana Lilia Rivera detona una reacción inmediata y desproporcionada. 

Medios de comunicación también han sido requeridos por cubrir actos de la senadora, tal como hoy le sucede al adulto mayor. El patrón es claro: se tolera lo masivo cuando conviene y se persigue lo mínimo cuando molesta.

El contexto importa. El 28 de septiembre de 2026, Ana Lilia Rivera fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación por la dirigencia nacional de Morena, imponiéndose en el proceso interno.

La derrota política de quienes apostaron por otra carta no se resolvió en las urnas partidistas; ahora parece resolverse con requerimientos, notificaciones y presión institucional contra quienes, de forma involuntaria, voluntaria o casual, aparecieron cerca de la ganadora.

El ITE insiste en que solo cumple con sus funciones y técnicamente puede ser cierto, pero la selectividad con la que ejerce esas funciones es imposible de ocultar. Un árbitro que actúa con celeridad inusual contra un pensionado de 84 años y que durante meses mostró una paciencia casi infinita frente a la saturación propagandística del lado oficialista no es neutral: es un actor más del tablero.

Sanluis Meneses ya respondió, ya dijo lo que tenía que decir y aun así siguen llegando requerimientos a su domicilio. Como si la insistencia pudiera convertir una fotografía en delito electoral, como si el miedo a un hombre que escribe libros a los 84 años fuera más urgente que el control real de los excesos que sí afectaron la equidad del espacio público y los dineros de las arcas en Tlaxcala.

Al final, el mensaje que envía el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es nítido y peligroso: en Tlaxcala se puede llenar el estado de propaganda anticipada y el árbitro apenas se inmuta, pero si un adulto mayor tiene la audacia de aparecer en una foto con la persona “equivocada”, entonces sí hay que mover a los notificadores con una diligencia que envidiaría cualquier secretaría de gobierno.

Lo que sigue sucediendo en Tlaxcala no es legalidad, es venganza disfrazada de procedimiento y el señor Sanluis Meneses, a sus 84 años, ya tiene el capítulo perfecto para su próximo libro: cómo el poder todavía le teme a quien solo se tomó una fotografía y lo persigue por estar del lado opuesto al de la autoridad electoral. Vaya delito.

El cargo El delito de salir en una foto apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La revisión abarca contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, y se extiende al INE, a los organismos públicos locales electorales, a servidores públicos y a proveedores relacionados. 

El comunicado de la ASF no individualizó empresas ni anticipó responsabilidades, pero los reportajes que precedieron la indagatoria sí: señalan a Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones, vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. 

José Alfredo, apoderado de Cajas Graf, aparece en los videos de convivencia con Taddei y su familia que detonaron la crisis. Esa red no se queda en el ámbito federal: Tlaxcala aporta una conexión concreta y verificable. 

El Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) documentó que Cajas Graf obtuvo un contrato por 12 millones 420 mil 972.60 pesos para material electoral de 2024, mediante la licitación pública ITE-LP-02-2024, con fallo del 8 de febrero. 

Esto no es un dato menor, abre una línea periodística clara: quiénes compitieron, si existían vínculos entre los participantes, cómo se justificaron los precios, qué papel jugaron las autoridades locales y nacionales, por qué una licitación previa quedó desierta y cómo se armó la siguiente. 

Hasta ahora no hay confirmación oficial de una investigación específica contra el ITE ni pruebas de responsabilidad de sus funcionarios. Pero la coincidencia de la empresa, el monto y el contexto nacional obliga a examinar si la contratación tlaxcalteca guarda relación con las prácticas que la ASF revisa a escala federal.

La salida de Taddei, anunciada apenas un día después de que ella misma asegurara a sus colaboradores que se quedaba “para proteger al Instituto”, refuerza la percepción de que el costo político se volvió insostenible. 

Su mensaje habla de “serenidad y dignidad”, de 33 años de servicio electoral y de que las instituciones permanecen mientras las personas cumplen ciclos. 

Sin embargo, la secuencia —defensa, presión mediática y de la ASF, renuncia— deja al INE en una posición delicada justo cuando arranca el proceso electoral 2026-2027.

La credibilidad del árbitro no se recompone solo con una dimisión, se recompone si las investigaciones avanzan con rigor, si se esclarecen los vínculos entre proveedores y estructuras administrativas, y si el relevo no se convierte en un botín político.

En este escenario, los beneficiados son claros. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ganan la posibilidad de presentar la salida como un acto de rendición de cuentas y de colocar un perfil menos contaminado —o más afín— al frente del organismo. 

La oposición obtiene munición para cuestionar la autonomía real del INE, y la lógica de control institucional se fortalece: cada escándalo de este tipo refuerza la narrativa de que el árbitro electoral necesita “renovación”. 

La hipótesis del “fuego amigo” no está probada, pero tampoco es descabellada; un INE presidido por alguien envuelto en señalamientos de corrupción es un pasivo innecesario. Cortar ahora permite contener el daño y reacomodar piezas antes de que el proceso electoral avance.

La normativa es inequívoca. La designación del consejero o consejera presidente corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, no al Senado ni al Ejecutivo. 

Ante la falta absoluta, los diez consejeros restantes eligen de inmediato un presidente provisional de entre ellos y lo notifican a la Cámara. 

Como Taddei lleva menos de seis años en el cargo (su periodo termina en 2032), el sustituto definitivo concluirá el tiempo restante. El procedimiento incluye convocatoria pública, comité técnico de evaluación, quintetas y votación por dos terceras partes de los presentes; si no hay acuerdo, se recurre a la insaculación. 

En la práctica, la mayoría oficialista tendrá un peso decisivo, aunque la regla de las dos terceras partes obliga a cierta negociación.

Lo que ocurrió en Tlaxcala no prueba, por sí solo, una red nacional de corrupción, pero sí demuestra que las mismas empresas señaladas en el ámbito federal operaron en entidades federativas y que existen documentos oficiales que permiten verificar montos, procedimientos y actores. 

Esa es la línea que debe seguirse: no la especulación, sino el expediente. Si la contratación del ITE se explica por reglas transparentes y competencia real, el dato queda como una coincidencia, pero si aparecen patrones de precios, participantes relacionados o justificaciones débiles, se suma a la investigación más amplia que ya abrió la ASF.

La renuncia de Taddei puede servir para limpiar la imagen del INE o para confirmar que el organismo solo se depura cuando el escándalo ya es insostenible. Algo que por cierto jamás se hizo con Lorenzo Córdova Vianello.

El resultado dependerá de si las autoridades —federales y locales— investigan con independencia o con cálculo político. Las instituciones, como dijo la propia consejera, permanecen, el problema es cuando empiezan a parecer solo el escenario donde se administran los ciclos del poder.

El cargo Taddei: falló y se fue apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente municipal de Tlaxcala, Carlos López Suárez, desmintió que Alfonso Sánchez García, alcalde con licencia, haya solicitado formalmente su reincorporación al Ayuntamiento capitalino, al señalar que hasta el momento no ha recibido ningún documento oficial relacionado con su eventual regreso al cargo.

El edil precisó que, mientras no exista una solicitud formal, no hay documentación oficial que permita confirmar el retorno de Sánchez García a la administración municipal, por lo que descartó que el procedimiento de reincorporación se encuentre en curso ante el Ayuntamiento.

La declaración ocurre en medio de la atención política que genera la situación de Alfonso Sánchez García, quien solicitó licencia al cargo y cuyo eventual regreso podría modificar el escenario administrativo y político de la capital tlaxcalteca.

En otro tema, Carlos López Suárez se refirió a la propaganda personal colocada por aspirantes en espacios públicos, una práctica que ha generado cuestionamientos en el contexto de los movimientos políticos rumbo al proceso electoral de 2027.

Al respecto, sostuvo que corresponde al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinar y ordenar el retiro de dicha propaganda, al considerar que no se trata de una decisión que deba tomar directamente el Ayuntamiento de Tlaxcala.

De esta manera, el presidente municipal estableció una distinción entre las atribuciones de la autoridad electoral y las responsabilidades del gobierno capitalino, al señalar que cualquier determinación sobre la propaganda de aspirantes debe provenir de la instancia competente.

Las declaraciones colocan nuevamente bajo atención pública tanto la situación administrativa de Alfonso Sánchez García como la regulación de la promoción personal de actores políticos en espacios públicos, asuntos que adquieren relevancia ante la proximidad de las definiciones políticas rumbo a 2027.

La postura de Carlos López Suárez es clara: no existe una solicitud oficial de reincorporación de Alfonso Sánchez García recibida por el Ayuntamiento y el retiro de propaganda de aspirantes corresponde a las determinaciones de la autoridad electoral.

El cargo Carlos López desmiente regreso de Alfonso Sánchez a la alcaldía de Tlaxcala; no hay solicitud oficial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, anunció que impugnará la resolución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) relacionada con una denuncia por presunta promoción personalizada de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Acusó al organismo de no analizar a fondo los hechos denunciados y cuestionó la falta de una sanción directa.

Durante su declaración, Cambrón Soria señaló que el Instituto habría reconocido una infracción a la normativa electoral por la promoción del informe de gobierno fuera del ámbito territorial permitido. Sin embargo, sostuvo que la resolución presenta contradicciones al considerar que no se acreditó el uso de recursos públicos ni de información institucionalizada para dicha promoción.

El dirigente perredista consideró que los tres señalamientos presentados debieron analizarse de manera integral y no como elementos separados. A su juicio, esta división debilitó la resolución y dejó sin esclarecer aspectos relevantes de la conducta denunciada.

Cuestiona ausencia de sanciones

Cambrón Soria también criticó que el ITE, pese a reconocer una presunta infracción electoral, no determinara una sanción directa y trasladara el asunto al Congreso del Estado para que procediera conforme a sus atribuciones.

El líder del PRD expresó sus dudas sobre las consecuencias que tendrá esta determinación y recordó antecedentes en los que, según su señalamiento, las denuncias contra la mandataria no derivaron en sanciones efectivas.

Por ello, adelantó que el próximo miércoles presentará una impugnación contra la resolución, al considerar que la autoridad electoral no agotó el análisis de los hechos denunciados.

PRD analiza impugnar lineamientos electorales

En otro tema, Cambrón Soria manifestó su preocupación por la falta de certeza jurídica en la emisión de lineamientos electorales y por la ausencia de reglas claras.

Informó que sostendría una reunión con integrantes de los institutos políticos para evaluar las medidas que podrían adoptar frente a las disposiciones emitidas por la autoridad electoral.

El dirigente aseguró que el PRD está preparado para presentar una impugnación contra dichos lineamientos, pues considera que podrían presentar debilidades jurídicas que comprometerían su solidez ante los tribunales.

No obstante, precisó que la decisión definitiva se tomaría después del encuentro con las representaciones partidistas, una vez valorados los argumentos legales y los antecedentes de resoluciones electorales en otras entidades.

Exige certeza y aplicación de la ley

Las declaraciones de Cambrón Soria colocan nuevamente bajo escrutinio la actuación de las autoridades electorales en Tlaxcala, particularmente en lo relativo a la promoción de informes de gobierno, el uso de recursos públicos y la aplicación de sanciones por posibles infracciones.

Por ahora, el dirigente perredista anunció su intención de recurrir la resolución ante las instancias correspondientes. Será el desarrollo del procedimiento de impugnación el que permita determinar si los argumentos de su partido son suficientes para modificar el sentido de la decisión del Instituto.

El cargo Cambrón anuncia impugnación contra resolución del ITE por presunta promoción personalizada de Lorena Cuéllar apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) declaró inexistentes diversas infracciones denunciadas por el Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT) contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el alcalde capitalino con licencia, Alfonso Sánchez García, y la titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, Haide Gisela Lucero Zepeda, por presunta promoción indebida y uso de recursos públicos.

De acuerdo con la resolución electoral, el organismo descartó las acusaciones de promoción personalizada contra la mandataria estatal, así como el presunto uso indebido de recursos públicos relacionado con los hechos denunciados.

Sin embargo, el caso no quedó completamente libre de observaciones. El ITE acreditó una infracción relacionada con la difusión fuera del plazo permitido de la gaceta correspondiente al Cuarto Informe de Gobierno, la cual fue distribuida en los municipios de Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco durante las jornadas denominadas Cumpliendo al Pueblo.

Ante esta irregularidad, el instituto determinó dar vista al Congreso del Estado de Tlaxcala para que analice la documentación y las pruebas correspondientes, a fin de que valore lo que proceda dentro de sus atribuciones.

La resolución distingue entre las acusaciones que no pudieron acreditarse y la irregularidad detectada en la distribución de la publicación gubernamental. Por ello, aunque el ITE descartó las presuntas faltas relacionadas con la promoción personalizada de la gobernadora, sí identificó un incumplimiento en los plazos de difusión de la gaceta.

En otro procedimiento, el órgano electoral también declaró inexistentes las infracciones denunciadas contra Lorena Cuéllar Cisneros, Alfonso Sánchez García y Haide Gisela Lucero Zepeda por su presunta relación con los llamados Foros Campesinos.

Las determinaciones se producen en un contexto de creciente atención sobre los actos públicos, la difusión de acciones gubernamentales y los límites entre la comunicación institucional y la promoción política, asuntos que adquieren relevancia rumbo al proceso electoral de 2027.

Aunque las principales acusaciones fueron desestimadas, la irregularidad acreditada en la distribución de la gaceta deja un punto pendiente de valoración ante el Congreso local.

El cargo ITE descarta promoción indebida de Lorena Cuéllar, pero acredita difusión extemporánea de su informe apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El proceso electoral de 2027 comienza a perfilar nuevas reglas de competencia política en Tlaxcala. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) prevé establecer que los partidos políticos postulen exclusivamente mujeres en 14 municipios donde históricamente ninguna ha ocupado la presidencia municipal, una disposición que podría generar inconformidades e impugnaciones entre las fuerzas políticas.

La propuesta forma parte de los Lineamientos para dar cumplimiento al Principio Constitucional de Paridad de Género para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 y los procesos extraordinarios que pudieran derivarse. El Consejo General del organismo electoral tiene previsto discutir y definir estas disposiciones, con las que busca fortalecer la participación política de las mujeres en los gobiernos municipales.

Los municipios contemplados son Cuaxomulco, Huamantla, Ixtacuixtla, Tepetitla, Nativitas, Tepeyanco, Xaltocan, Papalotla, Xicohtzinco, Apizaco, San Juan Huactzinco, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco y Santa Cruz Quilehtla. En estas demarcaciones, las fuerzas políticas tendrían que registrar candidatas a las presidencias municipales, de acuerdo con los criterios previstos en los lineamientos.

La disposición también establecería que las candidaturas cumplan con la paridad horizontal, con una distribución del 50 por ciento para mujeres y 50 por ciento para hombres en el conjunto de municipios considerados, tomando en cuenta los 14 espacios reservados para mujeres. Cuando el número total de postulaciones sea impar, la candidatura restante podrá corresponder a cualquiera de los géneros, conforme al texto de la propuesta.

Sin embargo, la aplicación de estas reglas podría convertirse en un nuevo foco de tensión entre el árbitro electoral y los partidos políticos, particularmente entre aquellos que ya perfilan aspirantes para competir por las alcaldías en 2027. La definición de candidaturas estará condicionada no solamente por los acuerdos internos de cada fuerza política, sino también por las disposiciones que finalmente apruebe el ITE.

Los lineamientos contemplarían excepciones para los partidos políticos de nueva creación, identificados en la propuesta como Paz y Somos México, así como para aquellas fuerzas políticas que no hayan postulado candidaturas en los municipios señalados durante el proceso electoral inmediato anterior. El alcance de estas excepciones será relevante para determinar cómo se distribuirán las postulaciones y qué partidos estarán sujetos a las restricciones.

La decisión del ITE colocará nuevamente en el centro del debate la obligación constitucional de garantizar la paridad de género y la necesidad de ampliar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. Al mismo tiempo, abrirá una discusión sobre los criterios que deben aplicarse para corregir la histórica ausencia de mujeres al frente de determinados ayuntamientos.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la definición de las reglas de paridad podría modificar desde ahora las estrategias de selección de candidaturas en Tlaxcala. La atención estará puesta en la resolución definitiva del Consejo General y en las posibles reacciones de los partidos, que podrían recurrir a las instancias jurisdiccionales si consideran que los criterios aprobados afectan sus derechos político-electorales.

El cargo ITE calienta escenario electoral propuso 14 municipios para mujeres apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La denuncia fue recibida por el organismo electoral el 23 de septiembre y solicita iniciar un procedimiento especial sancionador contra Marroquín Calderón, además de adoptar medidas cautelares y, en caso de acreditarse la infracción, ordenar medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

El origen del diferendo se remonta a la iniciativa presentada por Martínez Sánchez para reformar la Constitución local y establecer requisitos de residencia, experiencia y preparación profesional para quienes encabecen dependencias estratégicas del gobierno estatal.

En particular, la panista planteó establecer requisitos de arraigo y experiencia para quienes encabecen las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, de Finanzas y de Desarrollo Económico.

Sin embargo, durante el “Diálogo Circular” del gobierno estatal del 7 de septiembre, Marroquín Calderón fue cuestionado sobre esa propuesta y respondió que la diputada “no hizo lo correcto”, que “se ve que el tema legislativo no le gira bien” y la exhortó a prepararse, estudiar y desempeñarse como diputada durante los tres años de su encargo y “no nada más en tiempos electorales”.

El conflicto trascendió previamente al ámbito de organizaciones civiles. Mujeres en Consenso, encabezada por Coral Ávila Casco, acusó al secretario de infantilizar, minimizar y ridiculizar a Martínez Sánchez, por lo que demandó al gobierno estatal sancionar esas conductas.

En respuesta a ese posicionamiento, el titular de la Coordinación de Comunicación del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, sostuvo que Marroquín Calderón tendría que hacerse cargo de sus expresiones y precisó que correspondería a las instancias competentes determinar la existencia o no de violencia política de género, al tiempo que llamó a los integrantes del gabinete a conducirse dentro del respeto a los derechos humanos.

Ante ello, Martínez Sánchez procedió legalmente y en su denuncia de queja sostiene que la respuesta del funcionario rebasó el debate sobre el contenido de su iniciativa y se convirtió en una descalificación personal de su preparación, capacidad intelectual y legitimidad para ejercer como legisladora.

La queja señala expresamente que la controversia no deriva de que el secretario haya manifestado desacuerdo con la reforma, pues reconoce su derecho a cuestionarla, sino de la manera en que dirigió sus expresiones contra ella. El funcionario la presentó públicamente como una persona que desconoce el trabajo legislativo, que requiere estudiar y prepararse y que sólo desempeña sus funciones en periodos electorales.

La legisladora sostiene que esas expresiones configuraron violencia verbal, simbólica y psicológica y reprodujeron estereotipos de género relacionados con la supuesta falta de preparación, conocimiento o capacidad de las mujeres para ejercer responsabilidades públicas.

Entre las medidas cautelares solicitadas, Martínez Sánchez pide al ITE ordenar a Marroquín Calderón abstenerse de reproducir, reiterar o difundir expresiones que menoscaben su preparación, autonomía intelectual o desempeño legislativo, además de verificar si el video, entrevistas o fragmentos cuestionados continúan difundidos en cuentas, páginas o canales administrados por el funcionario o la Sedeco.

Como medidas de reparación, solicita una disculpa pública, clara y directa, así como la publicación de un extracto de la eventual resolución en medios oficiales y plataformas digitales del gobierno estatal. También pide que el secretario participe y acredite una capacitación especializada en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, lenguaje incluyente y prevención de violencia política contra las mujeres.

La diputada solicitó además al ITE recabar videos, publicaciones y documentos relacionados con las declaraciones y, una vez integrado el expediente, remitirlo al Tribunal Electoral de Tlaxcala para que determine, en su caso, la existencia de la infracción y las consecuencias jurídicas correspondientes.

El cargo Promueve Miriam Martínez que ante el ITE en contra de titular de Sedeco por presunta violencia política de género apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En el documento, recibido el 23 de septiembre de 2026, la legisladora señala que el funcionario habría descalificado públicamente su capacidad intelectual, preparación profesional y desempeño parlamentario durante una conferencia de prensa denominada “Diálogo Circular”, realizada el pasado 7 de septiembre.

La inconformidad se originó luego de que una reportera cuestionara al secretario sobre una iniciativa de Martínez Sánchez relacionada con establecer un requisito de cinco años de residencia para ocupar determinadas secretarías estratégicas del Gobierno estatal.

De acuerdo con la transcripción incorporada a la queja, Marroquín Calderón respondió que la diputada debía estudiar mejor sus propuestas y cuestionó su conocimiento legislativo. Entre las expresiones que se le atribuyen están: “se ve que el tema legislativo no le gira bien” y la invitación a presentar iniciativas durante todo el año, no solamente en tiempos electorales.

La legisladora sostiene que las declaraciones dejaron de centrarse en el contenido de su propuesta y se dirigieron a desacreditar su capacidad y legitimidad para ejercer el cargo. También argumenta que el mensaje reprodujo estereotipos de género al presentarla como una mujer sin conocimientos propios y dependiente de otras personas.

Martínez Sánchez indicó que su iniciativa fue presentada públicamente el 2 de septiembre y formalmente ante el Pleno del Congreso local el 8 de septiembre, donde fue turnada para su estudio y dictaminación.

La queja fue promovida mediante el procedimiento especial sancionador y solicita que la autoridad electoral analice los hechos y determine las responsabilidades que correspondan. La presentación de la denuncia no implica, por sí misma, que se haya acreditado la conducta señalada.

El cargo Miriam Martínez denuncia a Javier Marroquín ante el ITE por presunta violencia política de género apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista, Cambrón sostuvo que “el mar está muy revuelto” y afirmó que existe un piso disparejo para la contienda. No obstante, aseguró que el PRD no caerá en el adelantamiento de los tiempos electorales y esperará hasta el inicio formal del proceso, previsto para diciembre, para definir a su abanderado a la gubernatura.

El dirigente perredista reconoció que su nombre ha sido mencionado como una de las posibles cartas del partido y admitió que sí tiene aspiraciones de contender por la gubernatura, aunque aclaró que será el partido quien tome la decisión. También mencionó a la diputada Laura Yamil Flores Lozano como un perfil con experiencia y trabajo, además de señalar que no está descartada una candidatura externa.

Respecto a los llamados del dirigente estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez, para construir una alianza opositora rumbo a 2027, Cambrón fue tajante al señalar que el PRD mantiene cerrada la puerta a una coalición con el PRI y el PAN. Incluso aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ningún planteamiento formal por parte del dirigente priista.

Sobre la propuesta de regular el uso de inteligencia artificial en las campañas, Cambrón consideró que las redes sociales y la IA forman parte de la realidad electoral y pueden utilizarse dentro de la competencia, aunque se pronunció contra la creación de videos y audios falsos atribuidos a candidatos. A su juicio, el problema más urgente está en otro punto.

El dirigente del PRD sostuvo que el INE y los organismos electorales locales deberían concentrarse en frenar el adelantamiento de campañas y la presunta utilización de recursos y estructuras públicas para promover aspirantes. Consideró que centrar la discusión únicamente en la inteligencia artificial podría funcionar como una “cortina de humo” frente a lo que ocurre actualmente en el país.

En el ámbito local, Cambrón cuestionó el desempeño del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y del Tribunal Electoral de Tlaxcala, al considerar que las medidas cautelares contra propaganda anticipada llegaron tarde y que el daño político ya estaba hecho. Incluso sostuvo que la actuación de ambos organismos “deja mucho que desear” y pone en riesgo la imparcialidad rumbo a 2027.

Finalmente, Juan Manuel Cambrón aseguró que el PRD continuará como una voz crítica y opositora y que el partido se prepara para participar activamente en la elección de 2027. Afirmó que buscarán competir con el respaldo ciudadano y obtener un resultado favorable en las urnas.

El cargo PRD acusa una “elección de Estado” en Tlaxcala y cierra la puerta al PRI y PAN apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Patricia Hernández Lima, presidenta de comunidad de San Miguel Tlamahuco, acusó al alcalde de Totolac, Benjamín Atonal Conde, de incurrir en actos que, afirma, vulneran sus derechos político-electorales y constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.

En conferencia de prensa, Hernández Lima sostuvo que fue electa mediante el voto ciudadano para ejercer el cargo durante el periodo constitucional 2024-2027 y afirmó que ninguna autoridad municipal puede sustituir, por decisión propia, la voluntad expresada en las urnas.

La representante comunitaria señaló que el viernes 11 de septiembre, previo a una sesión extraordinaria de Cabildo a la que aseguró no haber sido convocada, el presidente municipal tomó protesta a su suplente, Noemí “N”, mientras ella se encontraba en el salón de Cabildos.

De acuerdo con su versión, al solicitar al alcalde que explicara el fundamento legal de dicha determinación, éste habría argumentado que existía un procedimiento administrativo de investigación en su contra.

Hernández Lima cuestionó que dicho procedimiento fuera utilizado para separarla de manera inmediata del cargo y señaló que se le informó que la investigación tenía carácter reservado y confidencial.

La presidenta de comunidad denunció además que posteriormente personal del Ayuntamiento, acompañado por elementos de la fuerza pública municipal, acudió a las instalaciones de la presidencia de comunidad para entregar el inmueble a la suplente y aseguró que fueron cortados candados y vulneradas cerraduras para concretar la entrega de las instalaciones.

Hernández Lima sostuvo que la separación de una autoridad electa no puede derivarse automáticamente de una investigación administrativa y cuestionó las atribuciones del presidente municipal y del Cabildo para ejecutar una medida de esa naturaleza.

El argumento central de la denunciante es que la separación de un representante electo debe sujetarse estrictamente al debido proceso y a las competencias establecidas por la Constitución y las leyes. Por ello, pidió que las autoridades competentes determinen si quienes participaron en los hechos del 11 de septiembre contaban con facultades legales para impedirle ejercer el cargo.

La también integrante de una comunidad indígena pidió que el caso sea analizado con perspectiva de género e interculturalidad, al considerar que su condición de mujer indígena representa un elemento que debe ser tomado en cuenta por las autoridades encargadas de resolver la controversia.

Recordó que desde el 31 de agosto presentó una queja por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones continuar con las actuaciones correspondientes. También pidió al Tribunal Electoral de Tlaxcala atender los medios de defensa promovidos para proteger sus derechos político-electorales.

Entre sus exigencias se encuentran garantizar su derecho de audiencia y defensa, preservar las grabaciones de Cabildo, convocatorias, órdenes, documentos del Órgano Interno de Control y demás evidencias relacionadas con los hechos, así como evitar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o represalia contra ella, su familia o quienes aporten pruebas.

“Defender este cargo es defender el mandato popular”, sostuvo Hernández Lima, quien afirmó que continuará defendiendo por las vías institucionales su derecho a ejercer la representación que, según dijo, le otorgaron los ciudadanos de su comunidad.

La presidenta de comunidad también hizo un llamado a que el conflicto no sea reducido a una disputa personal, al advertir que permitir que una autoridad municipal pueda separar unilateralmente a un funcionario electo abriría un precedente que podría afectar posteriormente a presidentes y presidentas de comunidad, regidores, síndicos y demás autoridades surgidas del voto popular.

Finalmente, Hernández Lima afirmó que confía en que los tribunales analizarán el caso con independencia y concluyó con un mensaje dirigido a las mujeres de Totolac: “No nos vamos a dejar; si tocan a una, nos tocan a todas”.

El cargo Presidenta de Tlamahuco denuncia violencia política en razón de género apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.