La diputada panista Miriam Martínez Sánchez promovió ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) una queja contra el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, por actos que considera probablemente constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivados de expresiones que el funcionario realizó públicamente al cuestionar una iniciativa presentada por la legisladora.
La denuncia fue recibida por el organismo electoral el 23 de septiembre y solicita iniciar un procedimiento especial sancionador contra Marroquín Calderón, además de adoptar medidas cautelares y, en caso de acreditarse la infracción, ordenar medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
El origen del diferendo se remonta a la iniciativa presentada por Martínez Sánchez para reformar la Constitución local y establecer requisitos de residencia, experiencia y preparación profesional para quienes encabecen dependencias estratégicas del gobierno estatal.
En particular, la panista planteó establecer requisitos de arraigo y experiencia para quienes encabecen las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, de Finanzas y de Desarrollo Económico.
Sin embargo, durante el “Diálogo Circular” del gobierno estatal del 7 de septiembre, Marroquín Calderón fue cuestionado sobre esa propuesta y respondió que la diputada “no hizo lo correcto”, que “se ve que el tema legislativo no le gira bien” y la exhortó a prepararse, estudiar y desempeñarse como diputada durante los tres años de su encargo y “no nada más en tiempos electorales”.
El conflicto trascendió previamente al ámbito de organizaciones civiles. Mujeres en Consenso, encabezada por Coral Ávila Casco, acusó al secretario de infantilizar, minimizar y ridiculizar a Martínez Sánchez, por lo que demandó al gobierno estatal sancionar esas conductas.
En respuesta a ese posicionamiento, el titular de la Coordinación de Comunicación del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, sostuvo que Marroquín Calderón tendría que hacerse cargo de sus expresiones y precisó que correspondería a las instancias competentes determinar la existencia o no de violencia política de género, al tiempo que llamó a los integrantes del gabinete a conducirse dentro del respeto a los derechos humanos.
Ante ello, Martínez Sánchez procedió legalmente y en su denuncia de queja sostiene que la respuesta del funcionario rebasó el debate sobre el contenido de su iniciativa y se convirtió en una descalificación personal de su preparación, capacidad intelectual y legitimidad para ejercer como legisladora.
La queja señala expresamente que la controversia no deriva de que el secretario haya manifestado desacuerdo con la reforma, pues reconoce su derecho a cuestionarla, sino de la manera en que dirigió sus expresiones contra ella. El funcionario la presentó públicamente como una persona que desconoce el trabajo legislativo, que requiere estudiar y prepararse y que sólo desempeña sus funciones en periodos electorales.
La legisladora sostiene que esas expresiones configuraron violencia verbal, simbólica y psicológica y reprodujeron estereotipos de género relacionados con la supuesta falta de preparación, conocimiento o capacidad de las mujeres para ejercer responsabilidades públicas.
Entre las medidas cautelares solicitadas, Martínez Sánchez pide al ITE ordenar a Marroquín Calderón abstenerse de reproducir, reiterar o difundir expresiones que menoscaben su preparación, autonomía intelectual o desempeño legislativo, además de verificar si el video, entrevistas o fragmentos cuestionados continúan difundidos en cuentas, páginas o canales administrados por el funcionario o la Sedeco.
Como medidas de reparación, solicita una disculpa pública, clara y directa, así como la publicación de un extracto de la eventual resolución en medios oficiales y plataformas digitales del gobierno estatal. También pide que el secretario participe y acredite una capacitación especializada en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, lenguaje incluyente y prevención de violencia política contra las mujeres.
La diputada solicitó además al ITE recabar videos, publicaciones y documentos relacionados con las declaraciones y, una vez integrado el expediente, remitirlo al Tribunal Electoral de Tlaxcala para que determine, en su caso, la existencia de la infracción y las consecuencias jurídicas correspondientes.
