El órgano electoral declaró inexistentes las infracciones por presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos; sin embargo, detectó una irregularidad en la distribución de la gaceta del Cuarto Informe de Gobierno.
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) declaró inexistentes diversas infracciones denunciadas por el Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT) contra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el alcalde capitalino con licencia, Alfonso Sánchez García, y la titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, Haide Gisela Lucero Zepeda, por presunta promoción indebida y uso de recursos públicos.
De acuerdo con la resolución electoral, el organismo descartó las acusaciones de promoción personalizada contra la mandataria estatal, así como el presunto uso indebido de recursos públicos relacionado con los hechos denunciados.
Sin embargo, el caso no quedó completamente libre de observaciones. El ITE acreditó una infracción relacionada con la difusión fuera del plazo permitido de la gaceta correspondiente al Cuarto Informe de Gobierno, la cual fue distribuida en los municipios de Chiautempan y La Magdalena Tlaltelulco durante las jornadas denominadas Cumpliendo al Pueblo.
Ante esta irregularidad, el instituto determinó dar vista al Congreso del Estado de Tlaxcala para que analice la documentación y las pruebas correspondientes, a fin de que valore lo que proceda dentro de sus atribuciones.
La resolución distingue entre las acusaciones que no pudieron acreditarse y la irregularidad detectada en la distribución de la publicación gubernamental. Por ello, aunque el ITE descartó las presuntas faltas relacionadas con la promoción personalizada de la gobernadora, sí identificó un incumplimiento en los plazos de difusión de la gaceta.
En otro procedimiento, el órgano electoral también declaró inexistentes las infracciones denunciadas contra Lorena Cuéllar Cisneros, Alfonso Sánchez García y Haide Gisela Lucero Zepeda por su presunta relación con los llamados Foros Campesinos.
Las determinaciones se producen en un contexto de creciente atención sobre los actos públicos, la difusión de acciones gubernamentales y los límites entre la comunicación institucional y la promoción política, asuntos que adquieren relevancia rumbo al proceso electoral de 2027.
Aunque las principales acusaciones fueron desestimadas, la irregularidad acreditada en la distribución de la gaceta deja un punto pendiente de valoración ante el Congreso local.
