Es el Vivir y Servir de Joaquín Cisneros Fernández, presentado en el Salón que lleva el nombre de su papá (porque en Tlaxcala las cosas se heredan, hasta los salones), y que huele más a rencor perfumado que a verdadera autobiografía humilde.

Como bien dice el texto inicial, no es un libro: es una terapia cara. Joaquín, a sus 84 años, llegó arropado por varios miembros del firmamento, pura estrella que aplaudiría la autocomplacencia, incluidos los mismos que ayer se burlaron y lo acusaron de necio, ignorante, pedante y otro tipo de piropos.

Entre ellos parte de la familia de Alfonso Sánchez Anaya, ironía suprema, pues hoy el grupo en el poder impulsa la continuidad con el hijo del mismísimo “tránsfuga” que en 1998 le “robó” la elección al tío. Ya ven que cuando la democracia no favorece se llama robo, para justificar la ineptitud.

El evento fue más reunión de compadres que lanzamiento editorial: Alfredo Ríos Camarena palmeando el lomo estético del libro (“hay que palparlo antes que leerlo”, dice, como si fuera un caballo de alta escuela que el propio Joaquín domó en su juventud polifacética), Everardo Moreno Cruz alabando el “servicio público con entrega” (olvidando convenientemente que Tlaxcala cambió de color, pero no precisamente por eliminar plagas de animales, sino por plagas de alianzas y traiciones), y hasta los nietos leyendo pasajes con lágrimas de “referente de excelencia”. Emotivo, sí; autocrítico, ni de chiste.

“Agradezco estar en la tierra que tanto he amado, la tierra de mis amores”. Joaquín repite la frase como mantra, mientras el libro dedica páginas enteras a la “traición operativa” de 1998: caída del sistema electoral en el Hotel Posada San Francisco, votos invertidos de la noche a la mañana, un Presidente de la República como cerebro maestro y José Antonio Álvarez Lima como ejecutor local.

Ya ve usted que debe haber alguien a quién echarle la culpa y qué mejor si repartimos el queso empezando por la persona que desde el senado de la República hace ver la suerte de las dinastías; nada más faltó decir que Ana Lilia Rivera tramó la “traición” junto con su maestro politico, pero la esencia del evento hubiera sido más que obvia y don Joaquín no quería eso.

En fin, todo fue un complot nacional para que el PRI perdiera Tlaxcala por primera vez. Marchas, amenazas de huelga de hambre, un mariachi que comenzó con “el rey” y acabó tocando las golondrinas, el clásico drama priista de quienes creen que todo les corresponde.

Pero en las memorias no hay espacio para preguntarse: ¿y si la confianza excesiva en que “me toca porque soy Cisneros” fue el verdadero error?. Anabell Ávalos Zempoalteca se lo dijo clarito: “es un malagradecido con el PRI, si no ganó es porque no trabajó”. Que lo sostenga  el mayor referente del PRI en Tlaxcala debió ser demoledor.

Lo dice alguien que si fue traicionada por el PRI, ese partido que heredó Marco Antonio Mena Rodríguez, hoy morenista con beca en un espacio diplomático. Ella que sin duda conoce el rostro de la traición y quizá es la más parecida a la actual mandataria (duerme poco, planea mucho y trabaja hasta que el reloj se agota, algo que Joaquín jamás conoció), por eso su critica a Joaquín -sin pelos en la lengua-, es la más sensata.

Y aquí viene lo jugoso de la sátira tlaxcalteca: el libro se vende como “memoria crítica”, pero es selectiva como los presupuestos familiares. Habla de deslealtad, intereses personales, pero omite que la dinastía Cisneros ha sido experta en alternar poder con los Sánchez, los Paredes y hasta con los Mena, ahí está Fabricio, el de turismo, como muestra.

Lorena, sobrina querida, acude a la presentación del libro y posa sonriente, pero en las redes locales ya circulan las pullas: “Ironías de la vida política: el que perdió por ‘fraude’ en 1998 ve cómo su sobrina respalda al hijo del ‘ladrón’ para la sucesión”.

El PRI de antaño denunciaba fraude; el Morena de hoy, con Cuéllar al frente, hace alianzas que harían sonrojar a Zedillo o al orejón Salinas.

En fin, por 800 pesos te llevas un tomo estético (hay que palparlo, insisten), lleno de ciclismo, toreo, acuarela, alta escuela de caballos y servicio público. Pero si buscas autocrítica real, mejor invierte esos pesitos en un café con amigos que sí recuerden cómo Tlaxcala ha sido gobernada por las mismas familias durante décadas.

Lo comento porque así es como me he llegado a enterar de algunas cosas, el propio Ubaldo Lander Corona, ex diputado y ex presidente oriundo de Papalotla, me dijo en una mesa del portal algo que se aleja de la realidad alterna de Cisneros Molina: “amigo Martín, José Antonio Álvarez Lima permitió la democratización de Tlaxcala y nosotros desde el PRD acompañamos esa tarea”. Insisto, me lo dijo un perredista con memoria de elefante.

Y total que los Cisneros, Sánchez, Paredes… y ahora vuelta a los Cisneros vía Morena, ven a la entidad como una de sus gasolineras que se pueden heredar.

Porque en la política tlaxcalteca, la memoria es como la Virgen que le hablaba al titular del INAH viendo el circo al interior de una plaza de toros con historia: unos la oyen clarito, otros se hacen los dormidos para seguir en el poderoso firmamento.

¿Lo compras? Si quieres entender por qué algunos políticos convierten sus derrotas en best-sellers, en serio es oro puro.

Si no quiere usted tirar la lana, ahorra los $800 y lea las líneas críticas que ya circulan: ahí sí hay memoria sin filtro de rosas. Por eso me quedo con el “sensacional” que leo en el peluquero, no hay que perder el tiempo con el de Joaquín.

El cargo El “sensacional” de Joaquin apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Como usted ya lo sabe el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a rechazar la solicitud de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna para retirar a 26 candidatos, algunos con señalamientos de vínculos con el narcotráfico y otros que ni siquiera cumplen con los requisitos académicos mínimos.

Este escándalo no solo pone en entredicho la credibilidad de los involucrados en la elección judicial programada para el 1 de junio, sino que expone la negligencia de quienes debían garantizar la idoneidad de los aspirantes: los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Quién olvida que el nombre de la política tlaxcalteca, Mary Cruz Cortés Ornelas, ex presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) -hoy Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)- fue presumido como sinónimo de distinción, pulcritud y óptimo desempeño en su labor, cuando un dedo en la Ciudad de México se postró sobre su currículo para darle notoriedad y reflector en aquel momento que se conoció que la tlaxcalteca formaba parte de los “iluminados” que darían luz  al proceso.

El INE, con justa razón, se lavó las manos. No es su responsabilidad, ni tiene las facultades legales, para enmendar los errores de un proceso viciado desde su origen. Lo que muchos dijeron hoy se confirma.

Como bien señaló la consejera Dania Ravel, “muchísimas personas juzgadoras” advirtieron desde el principio que no se estaba revisando con seriedad la idoneidad de los candidatos.

Ahora, con nombres como Fernando Escamilla, exabogado de un líder de Los Zetas, y otros que no acreditan un promedio de ocho en su licenciatura, la advertencia cobra un peso alarmante.

¿Cómo llegaron estos perfiles a la lista final? La respuesta apunta directamente a los comités de selección, que fallaron estrepitosamente en su tarea.

La consejera Claudia Zavala lo expresó con claridad: “Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora?”. La situación es grave.

La mitad de los candidatos cuestionados fueron validados por el comité del Poder Ejecutivo, otros por el Legislativo y algunos más por el Judicial.

Esto no es un error aislado, sino una cadena de omisiones que refleja una preocupante falta de rigor y compromiso con la justicia.

Permitir que aspirantes con antecedentes dudosos o sin méritos académicos lleguen a esta etapa no solo pone en riesgo la integridad del proceso electoral, sino la confianza en el sistema judicial mismo.

La maniobra de Noroña y Gutiérrez Luna, aunque bien intencionada, resulta tardía e improcedente.

Pretender que el INE asuma la responsabilidad de limpiar un desastre que no creó es, en el mejor de los casos, una muestra de desconocimiento legal; en el peor, un intento de desviar la atención de las verdaderas culpas.

Como subrayó el consejero Uuc-kib Espadas, ni la ley ni la Constitución facultan al INE para cancelar candidaturas, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados carecen de autoridad para exigir tal acción.

El INE, en un intento por salvar algo de este naufragio, pidió al Senado y a la Cámara que proporcionen información sobre los candidatos cuestionados para, en caso de que ganen en las urnas, negarles la constancia de elección.

Pero este parche no resuelve el problema de fondo: la irresponsabilidad de los comités de selección, que aprobaron perfiles sin verificar su probidad, ni sus méritos.

Este episodio debe servir como un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de evaluación y a sancionar a quienes, por negligencia o complicidad, permiten que el sistema judicial quede expuesto a la infiltración de intereses oscuros.

La justicia no puede construirse sobre cimientos tan débiles. Los ciudadanos merecen jueces y magistrados intachables, no candidatos que generan dudas antes siquiera de asumir el cargo.

Es hora de que los responsables de esta debacle asuman las consecuencias y de que se establezcan controles estrictos para evitar que la historia se repita.

Porque, como está a la vista, la irresponsabilidad de unos pocos puede costarle muy caro a la democracia de todos.

Más allá de buscar y castigar a los culpables ahora nos toca ejercer la democracia directa y participativa. Quien busque desestimar este ejercicio lo hará en cualquier escenario y con cualquier regla pues su intención es pulverizar la democracia a costa de lo que sea.

Personajes como el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León salen a cuestionar y descalificar este ejemplo de democracia, olvidando que en 1995 fue el propio priismo el que borró de un plumazo a todos los ministros. Hoy tenemos la oportunidad de designarlos: que nadie se interponga en esta cita que tenemos con la democracia el próximo 1 de junio.

El cargo La negligencia de Ornelas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La pregunta que en ese entonces nos hicimos fue: ¿para qué la firma?, ¿para cumplir lo que debe cumplirse, es decir, cumplir con la ley? A eso están obligados los partidos políticos y las autoridades estatales. Se llama estado de derecho.

Lo que entonces sugerimos fue que debía cumplirse con la ley, simple y llanamente eso. El gobierno estatal debía, eso sí, dar garantía de imparcialidad y neutralidad, en la aplicación de los recursos públicos, algo en lo que no todos confían.

Y, por supuesto, tener voluntad política para castigar a aquellos funcionarios públicos que utilicen y desvíen recursos públicos para apoyar candidaturas.

Ya desde entonces los principales partidos políticos de oposición expresaban fuertes críticas al comportamiento de diversos funcionarios y advertían sobre intervenciones precisamente al inicio del proceso electoral local. Eso, de ninguna manera, daba un buen presagio de lo que vendría.

Parecía inútil el llamado a la firma de un Pacto de Civilidad, porque, además, se corría el riesgo de que uno, o dos, o tres partidos políticos no se sumaran a ese acuerdo y aún sumados solo ridiculizarían a sus respectivas instituciones. ¿Por qué exponerse a una posibilidad de tal tamaño?, nos preguntamos.

Y efectivamente, las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) salieron al paso para rechazar la firma del Acuerdo, después dijeron que sí y al final a nadie le importó ni trascendió lo anunciado.

Que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) haya salido a respaldar el Acuerdo tampoco tiene mayor importancia, considerando que es el partido en el gobierno. En la misma tesitura estarán el Partido del Trabajo (PT), el Verde e incluso Alianza Ciudadana (PAN) y Movimiento Ciudadano.

Pero el hecho de que la principal oposición en el estado no se hubiera apuntado desde el principio a ese Acuerdo significaba, nada menos y nada más, que éste nació muerto desde el inicio.

Y para más, el jueves de la semana pasada el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, por parte de las personas servidoras públicas en el proceso electoral local 2023-2024, y los extraordinarios que devengan de éste, con lo cual quedó prohibido que las personas servidoras públicas que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos los utilicen para influir en los procesos electorales.

En los lineamientos aprobados se establece que el gobierno del estado de Tlaxcala, los municipios, el Congreso local y las instituciones que integran la administración pública del ámbito local, así como cualquier otro ente público, deben abstenerse de promover a través de cualquier medio físico o virtual, a favor o en contra, de cualquier partido político, coalición o candidatura común, así como a las personas que participen en algún proceso político, precandidatas o candidatas, en cualquiera de sus portales institucionales o mediante el uso de mensajes, logotipos, emblemas, símbolos o imágenes que pudieran asociarles.

En pocas palabras; el acuerdo tuvo poco eco, menos impacto y para rematarlo, el gobierno estatal quedó exhibido, comenzando por su sesudo Secretario de Gobierno.

A nombre de quienes integramos este portal informativo, que usted ha puesto entre los de mayor influencia en Tlaxcala, aprovecho el presente texto para agradecer su preferencia, sus mensajes, correos y llamadas para hacerme llegar sus felicitaciones y comentarios, los recojo con la seriedad y el respeto que me merecen, para poder mejorar y continuar ofreciendo los contenidos que usted requiere.

El año que se fue, el que lo releva, y cualquier ritual que usted pudo realizar, no pueden hacer “magia”, el cambio de hábitos es lo que a usted y los suyos le permitirán combatir esos kilitos de más, concluir esa maestría, o cristalizar ese sueño que siempre deja usted para “mejor momento”. Por eso mi deseo de todo corazón es que en su vida haya cambios y que todos ellos repercutan positivamente en usted, en quienes lo aman y en quienes usted ama.

¡¡feliz año 2024!! y recuerde que si hay tiempo para dormir, también para correr… esos cachetes no se irán solos

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El cargo Acuerdo Estatal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Entre los ganadores, sin duda, se encuentra el Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobado por las magistradas y magistrados fue íntegramente respetado en la iniciativa.

Tendrán 482.1 millones de pesos para ejecutarlos, pero a ese recurso deberán sumárseles diversas cantidades correspondientes a los ajustes trimestrales.

Contrario a lo que antaño sucedía, al Poder Judicial se le ha consentido en estos dos primeros años de gobierno. Acaso la servidumbre con la que su magistrada presidenta se conduce, cuando acude a actos públicos en los que asiste el Ejecutivo, le ha dado buenos resultados.

Su presupuesto, sin embargo, no le ha servido para mejorar la percepción ciudadana sobre los jueces. Apenas en septiembre pasado, la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en el caso de los jueces, de 32 lugares Tlaxcala ocupa el lugar 31 con 75.4 puntos, solo por debajo de la Ciudad de México, que alcanzó los 78.9 puntos.

Ya se verá si su presupuesto le es suficiente al Poder Judicial para cumplir uno de sus principales compromisos, erradicar la corrupción, pero se ve difícil cuando uno se entera de la existencia de despachos jurídicos con prestanombres, donde atrás de ellos se encuentran magistrados. O el cambalache con otras instituciones públicas para acomodar a familiares cercanísimos, como hijos o esposos.

Otro ganón en la iniciativa gubernamental es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), cuyo anteproyecto de 275.6 millones de pesos fue también fielmente respetado.

Esperemos que sus recursos sean erogados de forma tal que no se preste a satisfacer lujos de los integrantes de su Consejo General, señaladamente consejeras y consejeros, como ha sucedido en el pasado.

No puede dejarse de lado la propuesta de presupuesto para la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), que alcanza los 133.3 millones de pesos. Sólo en los tiempos gubernamentales del orticismo se veía tal complacencia, ni siquiera con el académico Marco Antonio Mena Rodríguez.

En la coyuntura del ya cercano inicio del proceso electoral local, lo que se avizora es una alianza comicial del gobierno con el Partido Alianza Ciudadana (PAC), tal y como ya existe en la Cámara de Diputados con la diputada local Alejandra Ramírez Ortiz, hoy en declive por maltratos a una académica que enfrenta diferencias económicas por asuntos que tienen que ver con una pensión alimenticia.

En fin, ya se verá hasta dónde llega la alianza que ahora mismo se refleja en la iniciativa de presupuesto de egresos.

Y hablando de lo electoral, un presupuesto castigado, el más golpeado de los organismos autónomos dentro de la iniciativa del Ejecutivo, es el correspondiente al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que vio disminuida su propuesta de 55.5 millones de pesos a 45.9 millones

No tuvo la misma suerte el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), pues la propuesta del Ejecutivo es por el orden de los 45 millones 907 mil 570 pesos, siendo que el Pleno contempló un anteproyecto de 55 millones 583 mil 785 pesos. Es decir, 9.6 millones de diferencia.

Si alguna experiencia nos ha dejado el pasado, es lo relativo a un presupuesto castigado de tal modo que quien sufre de recursos se vea obligado a solicitar una ampliación presupuestal.

Eso, seguramente, va a suceder con el TET, ya no con la actual presidenta, pero sí con su sucesor. Será buen momento para presionar a los magistrados.

El cargo Asignación y resignación presupuestal en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Y en el caso específico del Senado de la República, la diferencia es de 15.8 puntos faltando 8 meses de la jornada electoral, según la encuesta más reciente realizada por la empresa RUBRUM con un nivel de confianza del 95 por ciento.

Lo anterior, sin embargo, no significa que esa diferencia será la misma con la postulación de cualquier candidatura.

El estudio demoscópico da cuenta de ello y coloca en las preferencias ciudadanas a la senadora Ana Lilia Rivera y al senador José Antoni Álvarez Lima. No hay sorpresa en ello, por más esfuerzos que algunos personajes realicen para colocarse en la palestra privilegiada de candidateables.

Es el caso, por ejemplo, del ex reciente secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, quien renunció al gabinete la semana pasada.

Más posibilidades tiene el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Óscar Flores Jiménez, quien dese ese cargo se mantiene como un funcionario efectivo en las tareas encargadas directamente por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Quienes saben de su trabajo conocen que fue una pieza fundamental en el triunfo de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, construyendo estructuras y elaborando estrategias que sirvieron como cimientos para lograr el triunfo en una entidad federativa donde el PRI se creía invencible, y lo fue durante 86 años, pero ya no más.

Teniendo esa experiencia, como candidato podría lograr alianzas locales como las ha construido en el ámbito nacional. Por eso se ha convertido en un funcionario cercano a López Obrador, quien ante su próxima salida de la presidencia necesitará de gente de todas sus confianzas. Eso mismo incrementa sus posibilidades.

En esa misma posición se encuentran la senadora Ana Lilia Rivera y el senador José Antonio Álvarez Lima, quienes desde la Cámara de Senadores han puesto su conocimiento y trabajo a favor de las causas de Claudia Sheinbaum, quien solo espera los tiempos para ser oficialmente ungida como candidata presidencial por la coalición Morena-PT-PVEM.

Si el trabajo realizado sigue por el mismo camino, Morena obtendrá el triunfo no sólo en las elecciones de la presidencia de la República, sino que también tendrá mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Eso dice la encuesta de RUBRUM cuando pregunta por qué partido o alianza votaría usted. La integrada por Morena-PT-PVEM ganaría la elección al Senado con el 48.0 por ciento del total de votos, en tanto que la conformada por PAN-PRI-PRD obtendrían el 32.2 por ciento. Movimiento Ciudadano obtendría una votación de apenas el 3.3 por ciento.

Si las candidaturas a la Cámara de Senadores se definen a favor de personajes cercanos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum habrá más posibilidades de asegurar el triunfo en los comicios federales.

Por eso es que ahora mismo Óscar Flores Jiménez, Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima se ubican con más y mejores posibilidades de alcanzar postulaciones y triunfos. Y eso lo saben en Morena y en Palacio de Gobierno.

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El cargo Los favoritos de “Palacio” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al haber sido declarado extemporáneo su recurso impugnativo, la organización Renovemos Tlaxcala se quedó también sin la posibilidad de participar en los comicios locales del próximo año, después de que la tarde de este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió su recurso de reconsideración presentado apenas hace un par de semanas.

Renovemos Tlaxcala, organización encabezada por el ex perredista Santiago Sesín Maldonado, agotó la última instancia en materia electoral para buscar participar en las elecciones de 2024, sin embargo, las magistradas y magistrados electorales evidenciaron que presentó su recurso de impugnación de manera extemporánea.

Lo anterior, al resolver el recurso SUP-REC- 311/2023, cuyo ponente fue el magistrado José Luis Vargas Valdez.

Con ello, la resolución en su momento aprobada por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), de negarle el registro como partido político estatal, y que fue confirmada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), quedó firme en todos sus términos.

Al declarar la improcedencia del juicio promovido por Renovemos Tlaxcala, la Sala Superior informó que se encontró ante la imposibilidad de analizar y resolver sobre el fondo de la impugnación, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la negativa de su registro como partido político local.

Cabe recordar que el Consejo General del ITE resolvió sobre la solicitud de registro de Renovemos Tlaxcala, encontró diversas irregularidades, incluso presumibles de delitos, tales como la como falsificación de documentos y sellos de uso oficial de una autoridad.

De hecho, los integrantes de esta organización habrían falsificados documentos y sellos oficiales para acreditar el número de delegados en al menos cuatro asambleas distritales.

El cargo Sala Superior del TEPJF resuelve: Renovemos Tlaxcala no participará en comicios locales de 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.