Como en todo presupuesto, hay ganadores y perdedores. Es el caso de la iniciativa del presupuesto de egresos que la titular del Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del próximo año.
Entre los ganadores, sin duda, se encuentra el Poder Judicial, cuyo anteproyecto aprobado por las magistradas y magistrados fue íntegramente respetado en la iniciativa.
Tendrán 482.1 millones de pesos para ejecutarlos, pero a ese recurso deberán sumárseles diversas cantidades correspondientes a los ajustes trimestrales.
Contrario a lo que antaño sucedía, al Poder Judicial se le ha consentido en estos dos primeros años de gobierno. Acaso la servidumbre con la que su magistrada presidenta se conduce, cuando acude a actos públicos en los que asiste el Ejecutivo, le ha dado buenos resultados.
Su presupuesto, sin embargo, no le ha servido para mejorar la percepción ciudadana sobre los jueces. Apenas en septiembre pasado, la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en el caso de los jueces, de 32 lugares Tlaxcala ocupa el lugar 31 con 75.4 puntos, solo por debajo de la Ciudad de México, que alcanzó los 78.9 puntos.
Ya se verá si su presupuesto le es suficiente al Poder Judicial para cumplir uno de sus principales compromisos, erradicar la corrupción, pero se ve difícil cuando uno se entera de la existencia de despachos jurídicos con prestanombres, donde atrás de ellos se encuentran magistrados. O el cambalache con otras instituciones públicas para acomodar a familiares cercanísimos, como hijos o esposos.
Otro ganón en la iniciativa gubernamental es el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), cuyo anteproyecto de 275.6 millones de pesos fue también fielmente respetado.
Esperemos que sus recursos sean erogados de forma tal que no se preste a satisfacer lujos de los integrantes de su Consejo General, señaladamente consejeras y consejeros, como ha sucedido en el pasado.
No puede dejarse de lado la propuesta de presupuesto para la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), que alcanza los 133.3 millones de pesos. Sólo en los tiempos gubernamentales del orticismo se veía tal complacencia, ni siquiera con el académico Marco Antonio Mena Rodríguez.
En la coyuntura del ya cercano inicio del proceso electoral local, lo que se avizora es una alianza comicial del gobierno con el Partido Alianza Ciudadana (PAC), tal y como ya existe en la Cámara de Diputados con la diputada local Alejandra Ramírez Ortiz, hoy en declive por maltratos a una académica que enfrenta diferencias económicas por asuntos que tienen que ver con una pensión alimenticia.
En fin, ya se verá hasta dónde llega la alianza que ahora mismo se refleja en la iniciativa de presupuesto de egresos.
Y hablando de lo electoral, un presupuesto castigado, el más golpeado de los organismos autónomos dentro de la iniciativa del Ejecutivo, es el correspondiente al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que vio disminuida su propuesta de 55.5 millones de pesos a 45.9 millones
No tuvo la misma suerte el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), pues la propuesta del Ejecutivo es por el orden de los 45 millones 907 mil 570 pesos, siendo que el Pleno contempló un anteproyecto de 55 millones 583 mil 785 pesos. Es decir, 9.6 millones de diferencia.
Si alguna experiencia nos ha dejado el pasado, es lo relativo a un presupuesto castigado de tal modo que quien sufre de recursos se vea obligado a solicitar una ampliación presupuestal.
Eso, seguramente, va a suceder con el TET, ya no con la actual presidenta, pero sí con su sucesor. Será buen momento para presionar a los magistrados.
