La reciente controversia en torno a las candidaturas para jueces y magistrados en México revela, una vez más, la fragilidad de los procesos de selección en instituciones clave. Para el caso de Tlaxcala Mary Cruz Cortés Ornelas no sorprende a nadie, pero ratifica su pobre labor.
Como usted ya lo sabe el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a rechazar la solicitud de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna para retirar a 26 candidatos, algunos con señalamientos de vínculos con el narcotráfico y otros que ni siquiera cumplen con los requisitos académicos mínimos.
Este escándalo no solo pone en entredicho la credibilidad de los involucrados en la elección judicial programada para el 1 de junio, sino que expone la negligencia de quienes debían garantizar la idoneidad de los aspirantes: los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Quién olvida que el nombre de la política tlaxcalteca, Mary Cruz Cortés Ornelas, ex presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) -hoy Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)- fue presumido como sinónimo de distinción, pulcritud y óptimo desempeño en su labor, cuando un dedo en la Ciudad de México se postró sobre su currículo para darle notoriedad y reflector en aquel momento que se conoció que la tlaxcalteca formaba parte de los “iluminados” que darían luz al proceso.
El INE, con justa razón, se lavó las manos. No es su responsabilidad, ni tiene las facultades legales, para enmendar los errores de un proceso viciado desde su origen. Lo que muchos dijeron hoy se confirma.
Como bien señaló la consejera Dania Ravel, “muchísimas personas juzgadoras” advirtieron desde el principio que no se estaba revisando con seriedad la idoneidad de los candidatos.
Ahora, con nombres como Fernando Escamilla, exabogado de un líder de Los Zetas, y otros que no acreditan un promedio de ocho en su licenciatura, la advertencia cobra un peso alarmante.
¿Cómo llegaron estos perfiles a la lista final? La respuesta apunta directamente a los comités de selección, que fallaron estrepitosamente en su tarea.
La consejera Claudia Zavala lo expresó con claridad: “Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora?”. La situación es grave.
La mitad de los candidatos cuestionados fueron validados por el comité del Poder Ejecutivo, otros por el Legislativo y algunos más por el Judicial.
Esto no es un error aislado, sino una cadena de omisiones que refleja una preocupante falta de rigor y compromiso con la justicia.
Permitir que aspirantes con antecedentes dudosos o sin méritos académicos lleguen a esta etapa no solo pone en riesgo la integridad del proceso electoral, sino la confianza en el sistema judicial mismo.
La maniobra de Noroña y Gutiérrez Luna, aunque bien intencionada, resulta tardía e improcedente.
Pretender que el INE asuma la responsabilidad de limpiar un desastre que no creó es, en el mejor de los casos, una muestra de desconocimiento legal; en el peor, un intento de desviar la atención de las verdaderas culpas.
Como subrayó el consejero Uuc-kib Espadas, ni la ley ni la Constitución facultan al INE para cancelar candidaturas, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados carecen de autoridad para exigir tal acción.
El INE, en un intento por salvar algo de este naufragio, pidió al Senado y a la Cámara que proporcionen información sobre los candidatos cuestionados para, en caso de que ganen en las urnas, negarles la constancia de elección.
Pero este parche no resuelve el problema de fondo: la irresponsabilidad de los comités de selección, que aprobaron perfiles sin verificar su probidad, ni sus méritos.
Este episodio debe servir como un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de evaluación y a sancionar a quienes, por negligencia o complicidad, permiten que el sistema judicial quede expuesto a la infiltración de intereses oscuros.
La justicia no puede construirse sobre cimientos tan débiles. Los ciudadanos merecen jueces y magistrados intachables, no candidatos que generan dudas antes siquiera de asumir el cargo.
Es hora de que los responsables de esta debacle asuman las consecuencias y de que se establezcan controles estrictos para evitar que la historia se repita.
Porque, como está a la vista, la irresponsabilidad de unos pocos puede costarle muy caro a la democracia de todos.
Más allá de buscar y castigar a los culpables ahora nos toca ejercer la democracia directa y participativa. Quien busque desestimar este ejercicio lo hará en cualquier escenario y con cualquier regla pues su intención es pulverizar la democracia a costa de lo que sea.
Personajes como el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León salen a cuestionar y descalificar este ejemplo de democracia, olvidando que en 1995 fue el propio priismo el que borró de un plumazo a todos los ministros. Hoy tenemos la oportunidad de designarlos: que nadie se interponga en esta cita que tenemos con la democracia el próximo 1 de junio.
